NR – Primero AGP los uso como aliados, ahora les teme tanto que prefiere perder 20,000 empleos derogando la Ley Tiro Kayak, lo que todos saben detendrá el desarrollo de Puerto Rico.
El grave problema deficitario de Retiro, los bonos tirados a chatarra, el déficit presupuestario, la economía decreciente, la criminalidad, la falta de fondos para pagarle a los policías y la poca fe que inspiran los políticos, entre otros, son algunos de los problemas a los que viene a sumarse la desconfianza del sector desarrollador ante la posibilidad de que el gobierno no les pueda garantizar que sus obras no sean obstruidas por personas inconformes con lo que construyen.
Tradicionalmente, la construcción es una de las áreas que más empleos directos e indirectos genera. Sin embargo, desde el 2001 dicha área económica va perdiendo empuje ante una economía en franco deterioro y por la amenaza de sectores ambientalistas y políticos de obstruir y detener obras que -se debe suponer- ya cuentan con los permisos que requiere el gobierno. La determinación de un juez superior el pasado miércoles de declarar inconstitucional la Ley 200 del Código Penal (Ley Tito Kayak) -que no permitía la obstrucción o paralización de obras legítimas- ha levantado el avispero de sectores de la construcción que con ello, ven el espacio suficiente para que sus obras sean pasto de las llamas de los que se oponen a cualquier desarrollo.
El presidente de la Asociación de Contratistas Generales (ACG), ingeniero Santiago (Chago) Domenech, a nombre de su matrícula indicó a EL VOCERO que “esta decisión podría afectar desde grandes desarrollos, hasta proyectos que se realicen en un hogar”.
El Gobernador por su parte dijo ayer en Adjuntas, que espera firmar la derogación de la Ley y que evalúa con el Secretario de Justicia no apelar la resolución judicial.
“Me alegro personalmente por su absolución (la de los manifestantes), creo que no hubo consecuencias en las acciones que ellos tomaron. Ahora bien, yo me reafirmó en que si hay un proyecto que tiene los permisos hay que proteger aquel que válidamente llevó el proceso y obtuvo los permisos”, sentenció el gobernador Alejandro García Padilla.
Domenech insistió en que dicha ley cumple con la normativa constitucional al establecer un balance entre el derecho a la libertad de expresión y el de la propiedad. En ese tono requirió del Gobernador y el Secretario de Justicia “su pronta intervención para garantizar la certeza de los permisos otorgados por el gobierno”.
“Esta es una oportunidad extraordinaria para que el Tribunal Supremo atienda, como le corresponde, como final intérprete de nuestra Constitución, los argumentos presentados por ambas partes”, afirmó.
Igualmente, en este momento “el Gobernador tiene la oportunidad de plantear su posición e intervenir en el mejor interés y bienestar de la mayoría del pueblo de Puerto Rico, especialmente durante este periodo de estrechez fiscal donde se requiere estabilidad económica para atraer capital de inversión”, agregó.
Ante la derogación del estatuto por parte de la Asamblea Legislativa, Domenech señaló que “es contrario a la posición del Ejecutivo”.
El líder de los contratistas generales cree que no garantizarle la integridad de las obras que cumplen con la ley es “penalizar al ciudadano” y “privarle de su derechos”.
Vía libre a ‘Tito Kayak’ para que siga trepando palos
El artículo 200 del Código Penal prohíbe impedir obras de construcción o movimientos de terreno que cuenten con los permisos o endosos de las agencias.
EL VOCERO/ Archivo
La llamada “Ley Tito Kayak” será derogada esta tarde cuando la Cámara de Representantes considere el proyecto que, además, elimina de la faz del Código Penal de 2012 los artículos que establecen como delito la resistencia u obstrucción a la función legislativa y la obstrucción a las instituciones educativas, de salud o edificios en los que se ofrecen servicios de gobierno.
El artículo 200 del Código Penal prohíbe impedir obras de construcción o movimientos de terreno que cuenten con los permisos o endosos de las agencias.
El secretario de Justicia Luis Sánchez había propuesto que sólo se enmendara para que no fuera tan punitiva. La pieza legislativa pasará luego de su aprobación al Senado, donde con toda probabilidad será derogada por la mayoría del PPD.
La ley, que no contará con el voto de la minoría novoprogresista, contiene lenguaje altamente crítico contra la pasada administración por, alegadamente, “criminalizar” y coartar el derecho de expresión y dice que su propósito es “reparar el daño realizado a la democracia”.
Ante éste argumento, legisladores del PNP ya han expresado que es precisamente el PPD el que coarta la libre expresión al sostener un modelo político que no permite vota por el que gobierna a Puerto Rico, como es el presidente de Estados Unidos y los congresista y senadores federales, y avalando un comisionado residente en todo el Congreso que ni siquiera tiene voto. Ideólogos y ex presidentes políticos, como los ex gobernadores Rafael Hernández Colón y Pedro Rosselló han denunciado el “déficit democrático”. Algunos populares, como Miguel Hernández Agosto, pidieron inclusive, durante el proyecto Young a finales de la década del ’80, que se pudiera votar por el presidente.
Otra pieza legislativa (P. de la C. 5) a considerarse esta tarde es una que le transfiere a los municipios las carreteras terciarias y los fondos que necesiten para mantenerlas y varias resoluciones de asignación de fondos.
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