La reforma del Sistema de Retiro ha provocado una avalancha de consultas de servidores públicos que, ante los cambios, evalúan adelantar la jubilación para así evitar las reducciones aplicables a sus pensiones bajo el nuevo estatuto.

De hecho, en los cuatro días previos a la aprobación de la reforma, convertida en ley el pasado jueves por el gobernador Alejandro García Padilla, ya los teléfonos en la Administración recibían el doble de las llamadas usuales solicitando información o consultando casos particulares.

Según datos suministrados por la Administración de los Sistemas de Retiro, en las últimas dos semanas radicaron sus peticiones de jubilación unas 200 personas, cifra que se espera aumente gradualmente ante los movimientos de personal que se están dando en varias agencias, como el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y la Policía, donde se espera la jubilación de más de 2,200 oficiales, algunos por la ventana abierta con la Ley 70 y otros porque adelantaron sus planes de retiro ante los cambios.

De acuerdo con Retiro, en teoría unos 14,700 empleados públicos serán elegibles para retiro al 30 de junio de 2013, último día en que opera el sistema anterior.

El representante Jesús Santa Rodríguez, explicó que –con los cambios legislados– Retiro podrá absorber el aumento que se espera en la cantidad de jubilados.

El político explicó que los modelos actuariales usados para evaluar la ley contemplaban el peor escenario posible para Retiro, con todos los funcionarios públicos retirándose cuando alcancen los requisitos mínimos para la jubilación y recibiendo una pensión por un periodo prolongado de tiempo. “Se supone que el efecto sea mínimo. Creo que se esperaba que los cambios crearan incertidumbre, lo que podía llevar a muchos a adelantar el retiro”, dijo.