“Estas leyes provocan que recursos humanos experimentados dejen al Gobierno en manos de empleados menos experimentados sin una transferencia de conocimiento”.

Si los ciudadanos nos quejamos del funcionamiento del Gobierno estatal, pues prepárense para un empeoramiento de la situación por lo menos a corto y mediano plazo. Este agravamiento será causado por los siguientes factores:

• Aprobación de leyes de austeridad: Las Leyes 7-2009, 70-2010 y 3-2013 respondieron a dos realidades financieras: un déficit presupuestario estructural y un déficit actuarial en el Sistema de Retiro del Gobierno central. Pero por responder a realidades financieras, y por tanto ser necesarias, no significa que estas leyes dejen de tener efectos negativos en la operación del Gobierno. Estas leyes provocaron y seguirán provocando que recursos humanos experimentados dejen al Gobierno en manos de empleados menos experimentados sin que haya habido una transferencia de conocimiento y memoria colectiva de las agencias. Eso se traduce en peores servicios y un pobre manejo de la cosa pública.

• Inversión en capacitación y tecnología inadecuada: Dado el cuadro de austeridad presupuestaria y las Órdenes Ejecutivas aprobadas este año, es poco probable que veamos una inversión adecuada en capacitación de recursos humanos y tecnología en las agencias gubernamentales como para compensar la fuga de empleados experimentados y diestros en la administración pública.

• Rigidez del andamiaje laboral: Muchas veces escuchamos que una solución para la distribución más eficiente del recurso humano es relocalizar empleados a funciones de prioridad de política pública. El primer problema con esa solución es definir qué constituye una prioridad del Gobierno. Si notamos, para todos los políticos todos los asuntos son prioridad, y ellos son los que administran el Gobierno. Por tanto, es un tanto difícil identificar las verdaderas prioridades. Segundo y más importante aún, la rigidez del andamiaje laboral gubernamental hace legalmente imposible que podamos relocalizar forzosamente a un empleado, digamos, de la Autoridad de Puertos al Departamento de Hacienda. Las uniones gubernamentales darían una batalla campal contra esto, no por el beneficio o perjuicio a su membresía, sino porque se les va la vida propiamente. Por ejemplo, la unión de la Autoridad de Puertos no es la misma que la de Hacienda; entonces, ¿cuál sobrevive? Esta rigidez laboral tiene casi cero probabilidad de eliminarse o alterarse dado los estrechos vínculos de las uniones y la administración actual.

Este cuadro de la realidad laboral en el Gobierno pondrá más presión en los empleados que queden. Estos, a su vez, tendrán que hacer de tripas corazones. Y nosotros los ciudadanos tendremos que tener mucha paciencia; o emigrar al Norte mientras eso siga siendo una alternativa.

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