El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora, censuró hoy los despidos que realizó el gobernador Alejandro García Padilla a los empleados estadistas del área de Prensa y Comunicaciones.
“A dos días de que el PNP concluyera una semana de fiscalización intensa a los 100 días de la administración de García Padilla, la soga volvió a cortar por lo más fino. Ayer, en el PPD se dieron instrucciones de que se despidieran a los empleados novoprogresistas que quedaban en el área de Comunicaciones de La Fortaleza y hoy la orden ha sido ejecutada por la Oficina de Recursos Humanos”, dijo el Secretario General de la Palma.
“Estos empleados siempre han sido de gran valía para el área donde se desempeñan, no por su ideología política, sino porque son empleados eficientes y talentosos. Su ideología, a la hora de ejercer sus funciones, debería ser totalmente irrelevante puesto que son empleados que no ejercen política pública”, indicó Torres Zamora.
El PNP, por instrucciones dadas por su presidente Pedro Pierluisi, ofrecerá orientación legal a todo empleado público que haya sido despedido por el hecho de su afiliación política.
El Gobierno otorgó un sustancioso contrato profesional en una agencia para alegadamente perseguir a los mismos empleados del PNP que allí trabajan, denunciaron ayer directivos del Partido Nuevo Progresista (PNP).
El secretario general de esa organización política, José (Pichy) Torres Zamora y el director ejecutivo de la colectividad, Jorge L. Dávila, revelaron que el exsecretario del Trabajo, Víctor Rivera Hernández, obtuvo un contrato de $60 mil con la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) con solo tres meses de trabajo, con la intención de hacer una “cacería de brujas” contra funcionarios afiliados a la Palma en esa agencia.
El contrato por servicios profesionales establece el pago de $100 por hora por evaluar transacciones de personal en los pasados dos años (2011 y 2012) en los que estuvo al mando la administración del PNP. Rivera Hernández, exjefe de agencia durante la gobernación Popular de Sila Calderón, y quien trabaja en el Grupo Erantonio & Asociados, deberá analizar ascensos, traslados, reinstalaciones, separación de puestos, aumentos de sueldo, destaques y reclutamientos, según estipula el contrato.
“Esto no es otra cosa que un subterfugio para discriminar, perseguir y castigar a servidores públicos penepés”, manifestó Torres en conferencia de prensa, acompañado de una decena de funcionarios que reclaman ser víctimas de despidos injustificados, persecución política, remoción de tareas y traslados a oficinas distantes.
Unos cinco mil empleados del Capitolio y distintas agencias han sido despedidos por el Gobierno de turno, indicó Dávila a preguntas de EL VOCERO, al tiempo que anticipó que el PNP se prepara para acudir a los tribunales a radicar más de 200 demandas por distintas modalidades de discrimen. Cada caso puede incluir más de una persona.
“En las próximas semanas algunos de los casos que están aquí, si no la mayoría, son casos que están maduros para ser radicados”, señaló el director ejecutivo de la Palma. “Ninguno de estos empleados establecía política pública, ninguno llevaba a cabo unas funciones ministeriales, lo que hace más evidente que esto es un caso de discrimen político” ,añadió.
Mencionó que los presuntos casos de discrimen les llegan directamente a la sede del partido y otros llegan referidos por alcaldes y los portavoces del Senado y de la Cámara.
“Lo importante es que llegan aquí y hemos puesto a la disposición de estos empleados unos bufetes que se han dedicado por mucho tiempo a este tipo de casos”, señaló Dávila. “Mientras no hay dinero para ver cómo no se afectaba el bolsillo con el ‘retirazo’, sí hay dinero para darle $20 mil mensuales a un exsecretario del Trabajo bajo la administración Sila Calderón para perseguir estadistas”, dijo.
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