Alegan que Alcalde de Corozal utiliza recursos municipales

Alegan que Alcalde de Corozal utiliza recursos municipales

18 de abril de 2013 – PolíticaPuerto Rico – 

Para asfaltar su residencia

Suministrada

La portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer A. González Colón, y el representante por el Distrito 28, Rafael “June” Rivera Ortega, evidenciaron como el alcalde de Corozal Sergio Torres Torres utilizó empleados municipales para violar la ley, al decidir asfaltar un terreno ubicado dentro de la propiedad privada, o sea, en la residencia de este.

“A todas luces esto es un acto de corrupción por parte del alcalde de Corozal, Sergio Torres Torres, que pudiera llevarlo a renunciar. Toda la evidencia que tenemos la estamos entregado a las autoridades para que procedan a investigar y fijar responsabilidades”, informó.

Además, sentenció que “la utilización de los recursos municipales ocurrió el 15 de marzo de 2013. La información que recibimos apunta a que el alcalde de Corozal, Sergio Torres Torres, tenía un evento privado en su residencia y previo al mismo decidió asfaltar el camino donde solo existe su residencia. A todas luces el señor Alcalde incurrió en actos ilegales los cuales están tipificados como delitos graves”.

Mientras, el representante por Barranquitas, Corozal, Comerío y Naranjito, Roberto “June” Rivera Ortega, anunció que presentarán tres querellas en contra del Alcalde de Corozal ante el Departamento de Justicia, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y la Oficina del Contralor; igualmente, remitió una carta sobre los hechos al Gobernador de Puerto Rico. Las querellas contienen declaraciones juradas y fotografías del lugar donde se evidencia la obra realizada para beneficio del Alcalde.

“Tenemos los nombres y apellidos de cada uno de los empleados que trabajaron en la obra, aunque queremos dejar claro que estos empleados fueron obligados a seguir instrucciones de sus superiores. Sin embargo, también es importante señalar que si a alguno de estos empleados se le ocurriera o se le presionara para no decir la verdad y encubrir la realidad de los hechos, estarían incurriendo en un delito grave”, señaló Rivera Ortega.

“El Alcalde de Corozal ha cometido al menos tres delitos graves: aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos; malversación de fondos públicos y violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Estos delitos disponen penas fijas de cárcel. Mientras hay calles municipales en deplorable estado, el Alcalde echa hacia un lado las necesidades de la ciudadanía y su responsabilidad de administrar la propiedad mueble e inmueble del municipio de conformidad a las disposiciones de ley y prefiere utilizarlas contra la ley, para beneficio propio”, agregó Rivera.

“Nuestro llamado a las agencias concernidas es que la información y evidencia provista son más que suficiente para destituir y procesar criminalmente al Alcalde, que se le aplique todo el peso de la Ley. Nuestro llamado al Gobernador es que le requiera la renuncia inmediata al Alcalde de Corozal y lo destituya de cualquier posición de liderato que ostente dentro del Partido Popular. Al Alcalde de Corozal le exigimos que ponga por delante la sana administración pública y renuncie cuanto antes a su puesto. Igualmente, hago un llamado a todo aquel ciudadano que tenga información adicional sobre estos u otros hechos, a que se comuniquen de inmediato con este servidor para canalizar la misma a las autoridades”, puntualizó González.

18 de abril de 2013
2:28 p.m.

Piden la destitución del alcalde de Corozal

Legisladores del PNP alegan que cometió violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y a otros estatutos

Sergio Torres, alcalde de Corozal. (Archivo)

Por Gerardo Cordero / gerardo.cordero@gfrmedia.com

Dos legisladores novoprogresistas anunciaron que presentarán hoy varias querellas contra el alcalde popular de Corozal, Sergio Torres, por utilizar brigadas y equipo municipal para asfaltar un camino que es el acceso a su residencia en una finca privada.

Los representantes Jenniffer González y Rafael Rivera Ortega indicaron en conferencia de prensa que van a referir al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor querellas para denunciar formalmente lo que entienden constituyen violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y a otros estatutos.

“El alcalde de Corozal ha cometido al menos tres delitos graves: aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos; malversación de fondos públicos y violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental”, dijo Rivera Ortega, quien estimó que Torres se expone al menos a una pena fija de ocho años de cárcel.

González, por su parte, sostuvo que también someterán querellas sobre el asunto ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, así como a la Oficina de Ética Gubernamental, con declaraciones juradas de empleados públicos que participaron en la obra para asfaltar el acceso a la casa de Torres, el pasado 15 de marzo.

Según la expresidenta de la Cámara de Representantes y actual portavoz del PNP en ese cuerpo, la evidencia existente en contra de Torres “es más que suficiente para destituir y procesar criminalmente al alcalde”.

En tal sentido, reclamó al gobernador, Alejandro García Padilla, que destituya a Torres, a tres meses de su certificación como nuevo alcalde corozaleño. Rivera Ortega, mientras, coincidió con la petición al primer ejecutivo y sostuvo que también debe ser despojado de todo cargo directivo en el partido de gobierno.

Rivera Ortega destacó que la Ley de Municipios Autónomos prohíbe expresamente que un alcalde utilice recursos y fondos públicos para beneficio personal y González observó que en el tramo asfaltado no existen residencias de otros corozaleños, por lo que se trata de una finca privada cuyo acceso fue mejorado en un día para beneficio privado del alcalde.

Los representantes estadistas hicieron su denuncia después de presentar fotografías de tramos de caminos municipales de Corozal en malas condiciones y cuestionaron por qué no se da prioridad a reparar esas vías, pero en menos de 24 horas, empleados municipales “fueron obligados” a asfaltar la ruta de acceso a la casa del alcalde, justo un día antes de una celebración especial en su residencia.

Además de declaraciones juradas de empleados cuyos supervisores los asignaron al trabajo de asfaltar unos 150 metros de “camino privado”, González y Rivera Ortega anticiparon que tienen declaraciones de vecinos sobre el trabajo por el que aseguran el alcalde “no pagó un centavo al municipio”.

Aseguraron que la obra se hizo en horas laborables, sin petición especial alguna para un trabajo que además está prohibido por ley y que es igual a iniciativas que en el pasado han propiciado acusaciones contra otros ejecutivos municipales como Bernardo Negrón, electo en Villalba por el PNP.

La representante González sostuvo que este tipo de delitos que le imputan a Torres “no prescribe” y opinó que “por menos que esto en el pasado hubo destituciones” de alcaldes. También, anticipó que someterán una resolución en la Cámara de Representantes para investigar el asunto, que fue denunciado inicialmente por corozaleños indignados al constatar la prioridad de mejorar el acceso a la casa del alcalde mientras los caminos de acceso a sus barrios siguen en “condiciones deplorables”.

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