La Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario investigará una querella sometida en el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el alcalde de Corozal, Sergio Torres.

Así lo confirmó la presidenta del Panel del FEI, Nydia Cotto Vives, en comunicación escrita enviada a la emisora radial WAPA Radio 680.

La querella fue sometida por el representante novoprogresista Rafael Rivera Ortega, quien denunció al alcalde popular porque alegadamente realizó «trabajos de mejoras y asfalto dentro de la propiedad privada donde éste habita».

Además, «se acondicionó y se asfaltó el camino privado de la referida propiedad, mediante la utilización de maquinaria y personal municipal». También señaló que el «asfalto se costeó con fondos públicos pertenecientes al ayuntamiento».

El legislador también hizo referencias a manifestaciones de Torres recogidas en medios de comunicación, en los que acepta que se realizaron los trabajos. Asimismo, incluyó en la querella declaraciones juradas de testigos, cuyas identidades pidió que no se divulguen para que no sean «presionados indebidamente».

Ante la petición de investigación sometida, Cotto Vives refirió la querella a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario, adscrito al Panel del FEI.

La funcionaria también refirió la querella al Departamento de Justicia, la Contralora de Puerto Rico y la Oficina de Ética Gubernamental.

La polémica en torno a Torres trascendió luego de que sus expresiones publicadas en una emisora radial y un periódico regional.

“Óyeme, estaban arreglando los caminos aledaños y yo quedo, por cierto, cerca del municipio, y me arreglaron un pedazo. Yo tengo derecho como ciudadano. Yo no estoy robándome el dinero”, afirmó el funcionario en entrevista con la emisora Cumbre 1470.

Torres aceptó los hechos luego de que los representantes Jenniffer González y Rafael “June” Rivera radicaran querellas la semana pasada ante el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor para denunciar formalmente lo que entienden constituyen violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y a otros estatutos.

Durante la entrevista radial, Torres argumentó que el camino que da a la casa que mantiene rentada estaba en mal estado y por ello, presuntamente, incluyó las obras de asfaltado en unas mejoras que se realizan en su pueblo.

“La realidad es que se empezaron a asfaltar caminos con hoyos y estaban en mal estructura. Esa no es mi casa, ni mi propiedad. Vivo rentado, en una casita humilde, de madera y el camino lo dañó hace años atrás el truck de la Autoridad de Energía Eléctrica. Llevaba años que mi carro lo lavaba pa’ que se embachara. Entonces, ¿no tengo derecho como ciudadano, aun siendo alcalde hoy, a que se arreglen los rotos y camino que la pasada administración olvidó? ¿Ahora porque soy alcalde me estoy beneficiando de eso?”, explicó.