Representantes de los principales sectores empresariales del país manifestaron ayer que la propuesta de que los negocios paguen IVU por transacciones que hasta ahora han estado exentas afectará sus costos operacionales, lo que podría subir los precios al consumidor y afectar la creación de empleos.

El gobernador Alejandro García Padilla anunció el jueves en su mensaje sobre el presupuesto del Gobierno que se propone expandir la base del IVU para recaudar un estimado de $1,050.20 millones adicionales, al aplicarle ese impuesto al consumo a transacciones de “negocio a negocio” que hasta ahora estaban exentas.

Esto permitirá reducir el IVU a los consumidores de 7% a 6.5% y hace posible, junto a otras medidas, aumentar el presupuesto operacional del Gobierno por $750 millones, comparado con el actual, para un total de $9,835 millones.

Entre las medidas propuestas está el cobrar IVU a los negocios por los servicios que adquieren de otras compañías o suplidores que hasta ahora no han tenido que pagar.

También los negocios tendrán que pagar IVU por los servicios de telefonía y por la contratación de servicios profesionales tales como los de abogados y contables, según indicó la secretaria de Hacienda, Melba Acosta.

Asimismo, las cooperativas, las universidades privadas, los hospitales y los hoteles, entre otros, tendrán que pagar IVU por compras que hagan para sus operaciones, las cuales hasta el momento han estado exentas, agregó Acosta.

La pérdida de la exención solo aplicará a “ciertas compras” de los hospitales, según Acosta, ya que sus compras de medicamentos siguen exentas, pero no se ha divulgado el alcance del tipo de productos que compran los hospitales que serían afectados por el impuesto.

El gobernador dijo en su mensaje que las exenciones al IVU que se eliminarán para los negocios “carecen de sentido”.

Sin embargo, las principales organizaciones empresariales, si bien ven algunos puntos positivos entre las propuestas del gobernador, se mostraron entre cautelosas y críticas mientras intentaban conocer más detalles al respecto.

Temen por el pequeño comercio

La presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Enid Monge, dijo que “es negativo para el comerciante” y que le preocupa sobre todo la suerte de los pequeños comerciantes. Monge sugirió que se mantengan exenciones para proteger a los que tienen menos volumen de negocio. “Afecta mucho su competitividad, porque los márgenes de ganancia son tan mínimos… hay que ver la pieza legislativa cómo baja, pero sería bueno que se atienda el tamaño de los comercios, que no se afecten todos los negocios por igual”, dijo.

Monge dijo además que “ es peligroso expandir ese IVU a más categorías cuando no hemos podido afinar el recaudo de lo que ya hay. Yo recomendaría que afinen, que hagan más fácil al comerciante cumplir con el IVU antes de que vayan a expandir la base”.

La presidenta del CUD dijo que el pago de IVU por servicios que adquieren los comercios como la telefonía y servicios profesionales “me encarece, me va a impactar, porque los servicios ya son más caros para los negocios que para el consumidor y va a ser bien marcado el aumento en costos y gastos operacionales”.

“Definitivamente somos el último eslabón de la cadena de distribución y nosotros o asumimos el alza para no perder clientes o tenemos que pasarla porque no hay otra”, dijo Monge sobre la disyuntiva que enfrentarán los comerciantes medianos y pequeños.

Alivio y preocupación en Alimentos

“Lo primero es que estamos complacidos de que no se incluyeron los alimentos no procesados en el IVU”, dijo ayer Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente de la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

Pero puntualizó que la pérdida de las otras exenciones “definitivamente que aumenta los costos, no hay ‘free lunch’ en el sector comercial, lo termina pagando el consumidor y en la industria afecta la competitividad”.

Reyes comentó que la propuesta eliminación de los certificados de revendedores, quienes tendrían que pagar el IVU a los distribuidores y luego reclamar reembolso a Hacienda, “afecta de todas maneras porque es un mes que no tengo ese dinero”. Agregó que con esto se pondrá al distribuidor también a cobrar IVU, a los minoristas rindiendo planillas y se complica el costo y la supervisión de Hacienda.

“Vamos a estar bien activos, estamos en espera de que se radiquen los proyectos y trataremos de aportar soluciones para que se impacte lo menos posible a los consumidores”, dijo por su parte el presidente de MIDA, Ferdysac Márquez.

Por su parte, al presidente de la Cámara de Comercio, Pablo Figueroa, al igual que a Monge, del CUD, le pareció positiva la baja de medio punto en el IVU.

“Habría que verlo en el contexto”, dijo sobre la pérdida de exenciones. “La evaluación que debemos hacer se enfoca en que no se vaya a socavar la competitividad de nuestros negocios”, sostuvo.

Por otro lado, el director ejecutivo de la Asociación de Industriales, Jaime L. García, estuvo de acuerdo en que el nuevo esquema que expande la base del IVU a las empresas al menos crea “incertidumbre” en cuanto a un posible aumento de precios a los consumidores.

“Definitivamente, el estado va a recaudar más impuestos porque ahora el ‘business to business’ está exento, pero ahora el comerciante va a pagar IVU y el consumidor también. Hay incertidumbre de si eso puede convertirse en aumentos de precio para efectos del consumidor”, sostuvo.

Impuesto dañino a la salud

El vicepresidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, dijo que el eliminar exenciones de IVU a compras y servicios que adquieren los hospitales subirá los costos de salud en general y específicamente de los seguros de salud.

Pla sostuvo que con esa medida el Gobierno eventualmente “establece un impuesto que el propio Gobierno tendrá que pagar”.

“A fin de cuentas, el Gobierno va a tener que pagar más caro por los servicios de salud, porque tiene que negociar Mi Salud para asegurar a 1.5 millones de personas”, agregó.

El Gobierno ha proyectado que recaudaría $51 millones anuales adicionales con la eliminación de algunas de las exenciones de los hospitales.

“Eso es un montón de dinero para los hospitales. Vas a crear inestabilidad en la industria de la salud, que es la única que está teniendo aumento de empleos, que está estable, aunque con ingresos finitos”, dijo.

molestia hotelera

Clarissa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo, dijo por su parte que los $19.4 millones adicionales que el Gobierno espera captar de los hoteles con las nuevas medidas “es una suma respetable”.

“Es maravilloso”, dijo con ironía. “Queremos desarrollo económico pero esto encarece las operaciones de nosotros, que ya tienen un costo oneroso por todos los aumentos”.

Jiménez sostuvo que con esos costos todo se afecta, incluyendo la creación de empleos, “ya que tienes que cortar por donde puedes porque hay que pagar luz, agua e hipoteca”.

“Estamos ahora mismo analizando la ley y los reglamentos para ver a qué se refieren y cuáles son las compras que no consideran directamente relacionadas con la actividad turística”, las cuales perderían la exención. “Llevamos años luchando contra las tragamonedas ilegales que tanto nos afectan y ahora perderíamos exenciones”, comentó Jiménez. “Nosotros generamos 70,000 empleos directos e indirectos”.