Invasión política contra UPR

Invasión política contra UPR

Hernán Padilla

Puerto Rico debe de estar atento y reclamar que la presente administración desista de su su intención de eliminar la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para crear una Junta de Gobierno que rija los destinos de la Universidad. Implantar ese plan sería una flagrante intervención política para imponer criterios estrictamente partidistas en las estructuras de gobernanza de la UPR.

Un proyecto de ley propone decapitar la Junta de Síndicos, eliminando los 4 miembros nombrados en el 2010, otro propone expulsar todos los miembros ciudadanos de la Junta, nombrados por los pasados gobernadores, para crear una nueva Junta de Gobierno. Si esta estrategia politiquera progresa, esta administración infligirá un daño irreversible a la UPR, arriesgando su acreditación y su calificación ante las agencias crediticias.

UPR-Est-Izq

UPR-Est-Izq

Cuando el Gobernador Luis Fortuño nombró el Comité Asesor sobre el Futuro de la Educación Superior en Puerto Rico, resaltó la importancia de que la Junta de Síndicos, tuviera una composición libre de todo posible conflicto de interés porque

desempeña la función de encauzar la política de la Universidad a la vez que tiene funciones fiduciarias para cuidar la inversión sustantiva que hace el pueblo de Puerto Rico para sostener su primer centro docente público.

Para lograr que la Universidad, que está en franca vía de desarrollarse, pueda convertirse en una sede  de investigación y estudios graduados de calibre internacional, la Junta de Síndicos tiene la difícil tarea de encauzar la política académica institucional para lograr este objetivo, y que pueda servir efectivamente al desarrollo de la economía del conocimiento que tanto necesita Puerto Rico.

No existen fundamentos legales ni racionales para decapitar y eliminar la Junta de Síndicos. El Presidente de la UPR, Dr. Miguel Muñoz, sostuvo en una ponencia que el acto de anular un nombramiento hecho legítimamente atenta contra los principios de separación de poderes y debido proceso de ley. La Ley que rige  la Universidad establece que sus miembros solo podrán ser destituidos tras determinación de justa causa previa formulación de cargos.

Antes de proceder con la guillotina política de la presente estructura y la Junta de Síndicos debemos evaluar si alguna de las siguientes acciones es causa para enjuiciar a los que voluntaria y desinteresadamente han servido al pueblo de Puerto Rico: lograr la reafirmación de la acreditación por la “Middle States Association of Colleges” en tiempo récord luego de una probatoria; establecer un plan fiscal efectivo a pesar de un déficit heredado de sobre $200 millones; no despedir a ningún empleado;  y compensar al personal no docente por los convenios firmados por la anterior administración a pesar de que no había dinero para honrarlo.

Esta Junta de Síndicos negoció convenios colectivos razonables con las tres uniones laborales; se aprobó un plan médico con menos costos a los empleados en los deducibles y un excelente plan de medicamentos; mantuvo saludable el plan de retiro e hicieron las aportaciones recomendadas por los actuarios para que no ocurra lo de otros planes gubernamentales.

Su gestión ha sido positiva porque se aumentaron los ofrecimientos en los programas de educación continua; se fortalecieron las finanzas del Hospital de la Universidad de Puerto Rico al revertir un historial de perdidas por casi 10 años a ganancias; y se invirtieran sobre $30 millones en completar el edificio de Ciencias Moleculares; se acreditaron innumerables programas académicos y gestionaron una beca legislativa para beneficiar a cerca de 40,000 estudiantes. La evaluación del Contralor(a) sobre las operaciones de la Junta de Síndicos de 2009 al 2012 fue perfecta y sin señalamientos.

La acción que quiere tomar la presente administración carece de lógica y de los principios más elementales de buen gobierno. Por el bien de la educación superior, detengan la invasión política de la Universidad de Puerto Rico.

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