Rosselló y Romero coincidieron en que el sector público es golpeado por aumentos a los servicios básicos.

Romero dijo que los cambios al Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno “afecta negativamente, primero por la magnitud”, ya que son cientos de miles de personas. Hay más de 116 mil empleados públicos retirados y más de 135 mil activos, únicamente del Sistema de Retiro estatal, sin contar al magisterio y la judicatura”.

“Se ha hablado que se ha creado un plan híbrido que para mí es inexistente. Primero porque el trabajador va a dejar de pertenecer al Sistema del que forma parte, el 30 de junio de 2013. Y una persona que en su día podía retirarse con una pensión equivalente al 75 por ciento de su salario, el máximo que podría lograr es cuarenta y pico por ciento, que yo creo que afecta significativamente, porque estamos en un periodo en que los salarios no han ido aumentando, se pide más de los trabajadores; hay un gran reto”, mencionó.

El exfuncionario indicó que se debe buscar un mecanismo para enmendar la ley para adaptarla a la realidad económica, “pero no eliminar el derecho que tiene un empleado público a retirarse y obtener una pensión, porque si bien es cierto que es un sistema de pensión costoso, lograr tener servidores públicos, personas que acojan el empleo público como una opción, el atractivo de ciertos beneficios como es la pensión, son importantes. No es que sean inmutables, pero yo no concibo cuál fue el razonamiento de que se hiciera en Puerto Rico algo tan fuerte que eliminara la pensión de un porrazo”.

Romero fue uno de los participantes del foro ‘El derecho al trabajo’, que celebró la Biblioteca Museo Doctor Pedro Rosselló en la Universidad del Turabo, con motivo del Día Internacional del Trabajador. Mencionó la necesidad de elevar a rango constitucional el derecho al trabajo y compartió acerca de su experiencia como Secretario del Trabajo y cómo lograr que tanto el sector sindical, el sector gubernamental y el empresarial puedan encontrar espacios comunes de diálogo para poder establecer una agenda de desarrollo económico, pero que también vaya de la mano de una agenda que procure el mejoramiento de nuestros trabajadores.

“Creo que es un debate y una discusión que hoy (ayer) tiene una preminencia bien significativa dada la caída en el empleo que hemos estado experimentando en Puerto Rico y los grandes retos que ha tenido el movimiento obrero aquí en la Isla”, dijo a EL VOCERO.

Para Rosselló, “no hay duda de que el sector laboral es uno de los que más está sufriendo es este momento. Primero por la carencia de oportunidades de empleo. Segundo, por la disminución de ciertos beneficios y derechos que habían adquirido, incluyendo el retiro y a la vez enfrenta aumento en el costo de vida, de los servicios esenciales como el agua, la luz y la transportación. En ese sentido, el sector laboral y trabajador está pasando por una etapa muy dolorosa que requiere que nosotros busquemos soluciones para responder a esta situación no deseada”.

El alivio que el Gobierno dará a los consumidores con la reducción de .5% del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) será descontado a los municipios, lo que pone en riesgo su capacidad prestataria y atenta contra su propia existencia.

La situación se agrava ante la posibilidad de que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pierda su capacidad para ofrecer préstamos a los municipios a partir del 1 de julio si no se aprueba en los próximos 60 días un paquete de medidas que permitiría a agencias pagarle el dinero que le adeudan.

Uno coro de alcaldes de ambos partidos –liderado por el presidente de la Asociación de Alcaldes, Josean Santiago; el presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto– levantó bandera ayer en busca de que resuelva este asunto.

Santiago, quien es el alcalde popular de Comerío, aseguró a El Nuevo Día que el Gobierno le confirmó anteayer que la reducción del IVU de un 7% a 6.5% implica quitar 0.5% de los recaudos de ese impuesto que pasan a las arcas de los municipios.

“Desconocíamos que eso era así”, reveló Santiago. Recordó que el jueves de la semana pasada el gobernador Alejandro García Padilla anunció, en su mensaje de situación de estado y presupuesto, la reducción del IVU, pero no mencionó cómo sería su implantación.

Actualmente, los municipios reciben 1.5% del 7% de los recaudos del IVU. Cuando se concrete la reducción, solo recibirán 1%. Al enterarse de esta situación, Santiago dijo que pidió una reunión urgente al gobernador para estudiar el efecto y las consecuencias que tiene esta medida sobre las finanzas y la autonomía de los municipios.

La reunión se dará antes de que termine esta semana con la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos D. Rivas.

Tres asuntos, según Santiago, preocupan a los alcaldes: cómo esta reducción puede trastocar la situación presupuestaria de los municipios, cómo se puede afectar la capacidad de pedir préstamos garantizados por los fondos del IVU y si se está atentando contra la autonomía municipal.

“Yo creo que el impacto sería bien fuerte contra los municipios pequeños, aunque pudiera tener repercusiones también contra los municipios grandes. Bajarme un .5% me afecta en términos de lo que el Gobierno por fórmula me concede de lo que venden los municipios grandes”, manifestó Santiago.

Que se divida la reducción

Por su parte, la alcaldesa de San Juan indicó que está a la espera de la reunión que tendrá Santiago con el primer ejecutivo sobre este asunto. Pero Cruz Soto admitió que “no estoy ajena del impacto que eso tendrá en las ya delicadas finanzas del municipio de San Juan”.

“Creo que debemos compartir la rebaja entre el Gobierno central y gobierno municipal. Esta es una situación que si no nos unimos, nos hundimos. Y el Gobierno central y los Gobiernos municipales coexistimos”, señaló Cruz Soto en entrevista con este diario.

La alcaldesa señaló que ya le solicitó una reunión al gobernador para hablarle de varias alternativas que tiene para aumentar la base contributiva de la Capital. “Eso no quiere decir aumentar contribuciones. Es poner a pagar aquellos que no están pagando en este momento”, argumentó Cruz Soto.

Para O’Neill, el Gobierno estaría endeudando a los municipios si le reduce el .5% de los recaudos del IVU. “En otras palabras, me están cogiendo los ingresos míos del IVU y me los están bajando sin autorización”, manifestó el alcalde novoprogresista.

“El problema es que ese IVU está comprometido porque muchos alcaldes cogieron préstamos comprometiendo ese .5%”, agregó O’Neill, quien dijo que se enteró de la movida del Gobierno porque fue reseñada por una revista en Nueva York.

Pueblos fantasmas

De igual forma, el alcalde novoprogresista de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, coincidió en que “estas medidas van a empobrecer a los municipios de manera dramática”. Pero Rivera Cruz fue más lejos al pronosticar que muchos municipios se convertirán en “pueblos fantasmas”.

“Que alguien me conteste qué van a hacer con los municipios. Si es como lo estoy viendo, esto va a provocar la desaparición de muchos”, manifestó.

Según Rivera Cruz, el .5% que les reducirán a los municipios se divide y se utiliza como margen prestatario para crear obra permanente, repartir proporcionalmente a municipios más pequeños y para el pote de fondos que los legisladores reparten para obras municipales.

En cuanto a la posibilidad de que el BGF pierda su capacidad para prestar dinero a municipios y agencias, el consenso de los alcaldes entrevistados fue que tendrían que moverse a la banca privada. “Eso es muy negativo porque los municipios tendrían que irse, por autorización del BGF, a la banca privada, que es mucho más cara y los intereses son más altos. Eso afecta el crédito a los municipios”, expuso O’Neill.

Santiago, entretanto, recordó que una de las fuentes principales para hacer obras de infraestructura en los municipios son las líneas de crédito que ofrece el BGF.

“De ellos no poder financiar, hay un detente en la creación de obra y nos veríamos afectados para cubrir gastos operacionales de nómina y suplidores”, puntualizó Santiago.

En ese sentido, Cruz Soto hizo un llamado a “un diálogo sostenido con las instituciones financieras, las cooperativas y la sociedad civil para ver cómo podemos solucionar esto”.

‘Efecto inflacionario devastador’

EL VOCERO / Archivo

Yennifer Álvarez Jaimes e  Ileanexis Vera, EL VOCERO

Si bien el gobernador Alejandro García Padilla insistió en que los arbitrios no afectarán a la clase trabajadora, la propuesta para cuadrar el presupuesto con nuevos tributos provocó una avalancha de reacciones negativas de los sectores profesionales preocupados porque a la larga pasarán el impacto al ciudadano o porque se advierte un “efecto inflacionario devastador”.

El Gobierno sometió, junto al proyecto de presupuesto, medidas impositivas que captarían sobre $1,490 millones, a lo que se añade un aumento de hasta un 100 por ciento en las tarifas del agua, otro de 30 por ciento en la factura de la luz debido al costo del petróleo y proyectos adicionales legislativos que totalizan sobre 40 medidas de aumento. A eso se añade la congelación de la reforma contributiva.

Ninguno de los economistas consultados ha podido aquilatar el impacto del conjunto de todas las acciones que propone el Gobierno para allegar ingresos.

No obstante, el Colegio de Contadores Publicos Autorizados, a través de su presidente, Kenneth Rivera Robles, advirtió que extender el IVU a las transacciones entre negocios aumentará sus costos operacionales. Y peor todavía, puede desatar “un efecto inflacionario devastador”.

“La eliminación de la exención para los servicios designados y los servicios de negocio a negocio puede causar un aumento principalmente en los costos operacionales, ya que la mayoría de las exenciones no tienen impacto directo en los consumidores. Si la imposición ocurre temprano en la cadena de las transacciones, dicho impuesto puede tener un efecto inflacionario devastador”, indicó el CPA.

Además, “si se impone contribución a los insumos, esto va a tener el efecto de encarecer los bienes y servicios que son vendidos en la Isla. La imposición del IVU está predicada en que se imponga solo al consumidor final de los bienes o servicios y no a los consumidores intermedios en la cadena. Tal imposición a los niveles intermedios tendría un efecto cascada al aumentar los costos operacionales y/o los costos directos de los negocios de Puerto Rico. El Colegio se opone a cualquier iniciativa que grave los insumos en las líneas de producción por entender que podrían tener un efecto inflacionario en los bienes y servicios generados a nivel local”, se dijo en comunicado de prensa.

El Colegio de CPA exhortó al Gobierno a “lograr una mayor captación y una reducción en la evasión de los recaudos del IVU”. Mientras, García Padilla insiste en que no hay impuestos contra la gente. “No hay un solo arbitrio que afecte directamente al consumidor”, dijo el Ejecutivo en un mensaje en Guayama durante la celebración del 40 aniversario del DACO. Según el Gobernador, solo se impactará a los que generan sobre $200 mil de ingresos propios y a los que compren casas de más de $1 millón.

No obstante, el economista Elías Gutiérrez cree que esta serie de arbitrios y modificaciones a las contribuciones existentes será contraproducente.

“Esta estrategia política de intentar hacerle creer a la población que quienes van a pagar son las corporaciones, los negocios y los que tienen propiedades es falso; quien va a pagar esto somos todos nosotros y es la peor estructura que se pudo haber propuesto… porque hemos hecho un infierno el producir en Puerto Rico”, sentenció Gutiérrez en una emisora radial (WKAQ 580). Gutiérrez destacó que “se está castigando a los que producen y a los que generan ingresos”.
“Esto que se está proponiendo es una barbaridad. Hemos complicado de una manera extraordinaria la tarea de generar producción en el País, hemos producido oportunidades adicionales para generar corrupción y evasión”, agregó.

En tanto, el economista Carlos Colón De Armas dijo a EL VOCERO que el Ejecutivo debió presentar un presupuesto menor “para que la poca capacidad de impuestos nuevos pueda usarla para inversión”.

“Tiene que reducir gastos y aquí se está hablando de aumentos (al salario de los funcionarios públicos). El gasto no tiene gran impacto económico, lo que necesita el Gobierno es hacer inversión para mover la economía”, sentenció el también profesor universitario.

Por su parte, el economista Jaime Benson entiende que el Gobierno tiene ante sí un gran reto, por lo que deben asumir de forma seria la insuficiencia fiscal controlando los gastos y no imponiendo más impuestos que solo profundizan la contracción económica.

“Ahora la prioridad está en evitar la degradación del crédito del País. La realidad es que no hay mucho espacio para maniobrar. Ya la Isla agotó su capacidad de incurrir en deuda, por lo que tienen que mantener la reducción en gastos”, afirmó el profesor de Economía.

Para otros, los impuestos –aunque sean de manera provisional– son precisamente el remedio inmediato, siempre acompañado del control de gastos. El economista Juan Lara recalcó que la recesión se ha prolongado por cerca de ocho años, denotando un estancamiento económico. Y es urgente tomar medidas para cerrar el déficit estructural del Gobierno, de lo contrario no se podrán desarrollar políticas para estimular el crecimiento económico.

Para el doctor José J. Villamil es evidente que la Isla hace años perdió su capacidad de generar crecimiento. Ante esa pérdida de capacidad y la imposibilidad de emitir deuda, “el Gobierno no tiene otra opción que imponer contribuciones, las cuales prefiero sean en el consumo y no reduciendo el gasto público, ya que esto se traduciría en despidos de empleados gubernamentales”, explicó Villamil.

Otro de los sectores que será nuevamente gravado es el de los seguros, industria que ha visto mermado su crecimiento. El empresario de seguros Adolfo Krans indicó que “el impuesto a las pólizas de seguro lo vamos a pagar los ciudadanos y no las aseguradoras”.

“O se aumenta la prima o se reducen beneficios a las pólizas en proporción al aumento; se transfiere totalmente a los asegurados”, advirtió en entrevista radial (WKAQ).
Mientras, la Asociación de Abogados levantó bandera ante la intención de extenderle también el IVU a ese servicio profesional.

Héctor Ramos, presidente de la asociación que agrupa a los abogados, alertó que establecer un impuesto a los servicios profesionales “pudiera limitar el acceso a los tribunales a personas de escasos recursos” y “subirá los costos de estos servicios al convertir a los abogados y otros profesionales en agentes cobradores del Departamento de Hacienda.

2 de mayo de 2013

Temen un apocalipsis fiscal en el BGF

Su insolvencia podría desatar una degradación crediticia en cadena

Javier Ferrer, presidente del Banco Gubernamental de Fomento. (Archivo)

Por Joanisabel González /joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

El riesgo de insolvencia que encara el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) es el resultado de haber utilizado esa dependencia como una chequera para pagar por la mala administración de las corporaciones públicas, agencias y municipios, y la falta de una reglamentación adecuada.

Y esa chequera, al parecer, se quedó sin fondos.

Según Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía, y Antonio Fernós Sagebién, profesor de Finanzas para la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de producirse el colapso del agente fiscal del Gobierno, Puerto Rico vería una reducción dramática en la posibilidad de acceder a capital e, incluso, encarar una degradación crediticia en cadena en todas las corporaciones públicas y hasta en las obligaciones generales del Gobierno central.

“El Gobierno perdería su flexibilidad para financiarse”, dijo Marxuach.

A través del BGF, las agencias, corporaciones públicas y municipios obtienen préstamos o líneas de crédito para pagar por carreteras, escuelas, centros comunales. Además, a través del BGF, las distintas dependencias públicas pueden acceder al mercado de bonos para financiar sus distintos proyectos de inversión o mejoras capitales.

“Tengo esperanza de que se tomen las medidas apropiadas”, comentó Ferrer a El Nuevo Día. Anteriormente, Ferrer había señalado la debilidad financiera del BGF, pero no fue hasta esta semana que dijo explícitamente a la Legislatura que, si el BGF no logra recobrar lo que ha prestado en los pasados años, a partir de julio próximo esa dependencia podría verse impedida de allegar dinero a Puerto Rico como lo ha hecho por casi 50 años.

“No es justo que el consumidor puertorriqueño termine pagando los platos rotos por deficiencias multianuales (en las corporaciones públicas) y que el BGF tenga que entrar a pagar por esas ineficiencias”, dijo Ferrer.

Obsesión con el crédito

Puerto Rico, por tener autonomía fiscal, tiene en el BGF un vehículo para acceder a financiamiento que no se encuentra en ningún estado de los Estados Unidos, explicó Marxuach.

Pero según el investigador, alejarse del objetivo de promover financiamiento a ciertas actividades económicas y de financiar proyectos de inversión, para dedicarse a cubrir con préstamos el déficit de agencias, corporaciones y municipios, ahora le ha puesto en precario. Esa práctica, agregó, comenzó para la década de 1980.

Más recientemente, la Administración de Seguros de Salud tomó prestados $186 millones para pagar la reforma de salud, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas tomó prestado otros $20 millones, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura recibió otro financiamiento por $35 millones.

En total, a junio del 2012, el BGF tenía préstamos por cobrar de $8,374 millones.

De todos los deudores, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) le debe $2,100 millones y, de no producirse un pago en 60 días o un mecanismo para que pueda efectuarse una emisión de bonos a nombre de la ACT, el BGF no podrá otorgar más financiamientos.

De acuerdo con Marxuach y Fernós Sagebién, no es la primera vez que el BGF ha estado en aprietos y, en buena parte, ha sido para atender problemas externos.

Para la década de 1990, el BGF respondió por los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuando esa corporación no podía pagarlos. A principios de la década del 2000, se extrajeron $1,000 millones de su capital para el Programa de Comunidades Especiales.

En el 2011, el Gobierno entró a rescatar la Autoridad de los Puertos por segunda ocasión y, en el caso de la ACT, cubre sus gastos operacionales desde hace cuatro años.

También ha tenido que financiar al sector privado con programas como el bono para la compra de vivienda, que le dejó con pérdidas de $17 millones, y proyectos hoteleros que ocasionaron otros $200 millones en pérdidas.

Para cubrir todo ello, el BGF ha tomado prestado por sí mismo casi $10,000 millones y esa cifra solo abarca desde el 2009.

Según Fernós Sagebién, el BGF sería un banco fallido si tuviera que establecer reservas tal y como requieren los reguladores a un banco comercial. Un banco está obligado a separar una parte de su capital para protegerse en caso de que no se le pague un préstamo.

“El BGF nunca toma una pérdida por un préstamo”, dijo el académico, al agregar que ello no sería aceptable en ningún examen de auditoría.

Y así lo indicó el auditor Deloitte & Touche y lo reseñó El Nuevo Día, en febrero pasado, cuando la firma advirtió que el BGF podría quedar insolvente. “El Banco ha tenido, a través de los últimos años, que utilizar su capital para financiar al Gobierno central, a las corporaciones públicas y municipios de cara a una economía que no ha crecido con la fortaleza que todos queremos que crezca”, dijo Ferrer.

“El Banco es como Atlas (el personaje de la mitología griega) y en sus hombros siempre ha estado aguantando al Gobierno y sus componentes. Pero ahora el peso se hace difícil y las rodillas comienzan a temblarle”, aceptó el banquero, al insistir en que ya logran avances. Entre estos, un alza en tarifas para allegar dinero a la AAA y la reciente cancelación de parte de la deuda de Puertos, tras la cesión del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a un consorcio privado.

Devastadoras las enmiendas al IVU

2 de mayo de 2013 – Actualidad, – Zenaida Ramos Ramos, EL VOCERO

Fuerzas Vivas afirman que los nuevos impuestos desacelerarán la economía

Waleska Rivera, presidenta AIPR. EL VOCERO/Angel Vázquez

Aumento en los costos operacionales de los negocios, disminución en la compra de viviendas nuevas, menos refinanciamiento de préstamos hipotecarios y servicios o artículos más caros, son las consecuencias que traería la extensión del IVU a industrias, negocios y servicios profesionales.

Así lo vislumbran Arturo Carrión, presidente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico; Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico; y Enid Monge Pastrana, presidenta del Centro Unido de Detallistas.

Entre las enmiendas al IVU se propone eliminar la exención de ese impuesto a ciertos renglones comerciales, como el alquiler de un local. Además, sugiere imponer o modificar contribuciones a individuos, a negocios grandes y pequeños, a las compañías de seguros y a personas que trabajan por cuenta propia, con el propósito de allegar más recaudos a las arcas gubernamentales y cuadrar el presupuesto general.

Carrión indicó que la enmienda para limitar los intereses hipotecarios que se deducen en la planilla podría restringir la capacidad de desarrollar viviendas nuevas y desmotivar el refinanciamiento de préstamos hipotecarios.

Reducir los gastos gubernamentales es otra medida inmediata para evitar la imposición de impuestos adicionales. “Estamos conscientes de que el Gobierno tiene un problema serio de fuente de fondos… La preocupación que tenemos es que hay que tener mucho cuidado con las fuentes de fondos porque en la medida en que el Gobierno entienda que puede seguir consiguiendo fondos con contribuciones o eliminando deducciones, pues no se atiende el problema principal que es reducir gastos”, expresó Carrión.

“Quitarle la exención de comprar de negocio a negocio –aunque después el mismo proyecto dice que puede reclamarlo como crédito– va a impactar de alguna forma al pequeño comerciante. La mayoría alquilamos; somos pocos los dueños del establecimiento. Encarecer ese alquiler también lo va a afectar porque es un extra cuando estamos batallando, y encarecer la línea telefónica es realmente un impacto…”, sostuvo Monge Pastrana.

Para la presidenta de la AIPR, imponer impuestos no ayudará a promover el desarrollo económico y desalienta la inversión local. “Es indispensable que se establezca un plan agresivo, pero bien estructurado donde podamos ver reducción en gastos del Gobierno y podamos promocionar la inversión en el País. Aumentando los gastos de los mismos que estamos aquí, no vamos a mejorar la situación económica. Lo que está verdaderamente haciendo esto es aumentando gastos operacionales. Cualquier gasto operacional que tiene una empresa, automáticamente lo pasa para adelante. Por lo tanto, debemos esperar aumentos para el consumidor”, expresó la empresaria.

Monge Pastrana recalcó la urgencia de captar el IVU de manera adecuada y reducir la evasión de esos recaudos para que ingresen a corto plazo al erario.

En busca de $1,400 millones

1 de mayo de 2013 – Política, Puerto Rico – Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

Impuesto a cigarrillos y cobro del IVU por servicios son algunas de las medidas para cuadrar el presupuesto

Acosta reiteró que parte del presupuesto se cuadrará con un impuesto de un por ciento a las primas de seguros. EL VOCERO / Willín Rodríguez aras de cuadrar el presupuesto del próximo año fiscal, el Ejecutivo radicó el lunes el proyecto que permite recaudar $1,400 millones adicionales aumentando el impuesto a los cigarrillos, cobrando el IVU por los servicios y eliminando la exención del pago del IVU a los comerciantes. Este proyecto viabiliza además una contribución especial a las primas de seguros que producirá $101 millones.

Al presentar el presupuesto ante las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado, la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, reiteró que parte del presupuesto se cuadrará en parte con un impuesto de un por ciento a las primas de seguros de vida, seguros de incapacidad, seguros de propiedad y contingencia y seguros de salud.

Explicó que actualmente se impone un arbitrio a primas de seguro de cuatro por ciento a los aseguradores extranjeros que no tienen oficina matriz en Puerto Rico. La propuesta es gravar un por ciento del total de las primas suscritas locales. Dijo que el Gobierno tiene la prerrogativa de gravar este renglón.

La propuesta está contemplada en el Proyecto de la Cámara 1073 radicado el lunes por el Ejecutivo. Esta medida incluye además el cobro del IVU a los servicios y la exención durante todo el año de artículos escolares como libros, libretas, uniformes y otros materiales de escuela.

Entre los servicios que ahora tributarían está el alquiler de vehículos, las reparaciones de propiedades mueble, la programación de computadoras y la instalación de propiedades mueble, según establece el proyecto radicado.

 

Habrá déficit

A pesar de estos recursos adicionales que saldrán del bolsillo de los puertorriqueños, los funcionarios del Ejecutivo que acudieron ayer a la primera vista pública del presupuesto admitieron que queda un déficit presupuestario de entre $200 y $250 millones. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas Quiñones, dijo que continuarán operando el Gobierno con este déficit a la espera de que se resuelva.

“La Administración ha concluido que, en vez de reducir radicalmente y súbitamente los servicios gubernamentales, seguirá con su trabajo certero cotidiano para atajar el déficit con una expectativa razonable de que logrará hacerlo y que existen alternativas de financiamiento en caso de que no se logre”, indicó Rivas Quiñones.

Durante la vista de ayer salió a relucir que, a la hora de presentar el presupuesto que necesitan, las agencias pidieron un total de $18 mil millones, exactamente el doble de lo que será asignado. Rivas Quiñones dijo a EL VOCERO que estas agencias deberán ajustar el gasto para operar con lo que fue asignado.

Crisis en el BGF       

El presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Javier D. Ferrer, advirtió que la entidad está en una posición “frágil”.

Dijo que la deuda pública ha subido casi $3 mil millones.

“La deuda que más le preocupa al BGF y que solía ser nuestro diamante, es el desfase operacional de la Autoridad de Carreteras que ha sido subsanado con líneas del BGF durante el pasado año”, indicó. “La deuda de Carreteras crecerá por $350 millones y el BGF podría verse insolvente si no se aprueban medidas recurrentes para pagar los préstamos”, aseguró Ferrer.

Vea https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=mm#inbox/13e64c5fd90e94b8:

 

Cara o Cruz Con Enrique Kike Cruz. Información diaria de eventos, noticias y análisis. Published by Enrique Kike Cruz 02 May 2013 Read paper → World Business Technology Art & Entertainment Sports Society #messi

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