“Pretenden utilizar la Universidad como punta de lanza para llevar la Isla hacia la república socialista chavista”

El asalto a la cúpula de poder de la UPR no ocurrió porque se debió haber sido más diligente y eficiente respecto al uso de fondos de la National Science Foundation, ni porque pudiera haber algún esquema de corrupción, ni por llevarse a cabo una investigación al respecto, ni porque por ello la institución pierde prestigio. Tampoco se trata de si el presidente Muñoz debió haber sido más suspicaz ante un intento de timo, ni porque pudo haber sido más diligente en asuntos administrativos. Estos asuntos no son la verdadera causa del asalto. No podemos ser ingenuos ignorando la verdad detrás de todas estas acusaciones y de los reclamos por necesidad de mayor “democracia, participación y transparencia”. Debemos profundizar más respecto a las verdaderas razones que dieron lugar al asalto institucional.

La Universidad de Puerto Rico se fundó como un Land Grant College, habiéndose erigido en tierras donadas por el Gobierno federal y con fondos federales. Desde sus inicios siguió el modelo norteamericano de universidad del Estado regida por una junta de gobierno cuyos miembros están llamados a representar el interés del Pueblo, establecer la política institucional y custodiar los recursos universitarios en nombre del Estado.

La universidad norteamericana con su modelo administrativo es la líder mundial en la educación superior. En el 1994 el Gobierno sustituyó al CES por una Junta de Síndicos de 13 miembros en la cual se les dio participación a un estudiante y dos profesores. Esa medida, para atender un supuesto reclamo de la comunidad universitaria por democracia participativa, fue una medida populista equivocada.

Por décadas en la UPR ha existido un grupo minoritario pero vociferante, de la comunidad universitaria que son activistas de la izquierda que promueve la independencia de la Isla, el nacionalismo y el socialismo. Esa izquierda constantemente ha promovido un proceso de separación del modelo norteamericano de universidad para sustituirlo por el modelo latinoamericano de universidad nacional decadente donde impera el cogobierno universitario. Con ese modelo desde posiciones de poder, pretenden utilizar la Universidad como punta de lanza para llevar la Isla hacia la república socialista chavista. En ese proceso han jugado un papel preponderante las organizaciones sindicales, los grupos estudiantiles de la extrema izquierda socialista, antiamericana y organizaciones de profesores.

El gobernador “respondiendo al clamor” de esos sectores izquierdosos y revolucionarios eliminó la Junta de Síndicos de la UPR sustituyéndola por una Junta de Gobierno totalmente representativa de la izquierda independentista /popular. De esa manera el PPD burdamente –a sabiendas de que esta es posiblemente su última oportunidad de gobernar el País– jugándoselas fría, toma control político de la institución para que esta le ayude a timonear la Isla hacia la república asociada que subrepticiamente es su ideario.

Con esta acción AGP le entrega –como pago– la Universidad a los envalentonados revoltosos, revolucionarios, quienes le prestaron el voto para llevarlo a La Fortaleza. Los mismos que dominaron la institución durante la incumbencia de su hermano, Antonio.

Con este asalto a la Universidad, esta torpe administración gubernamental lleva a la UPR a paso acelerado hacia el cogobierno institucional, a una crisis de gobernabilidad, a nuevas confrontaciones y a una posible pérdida de acreditación por la Middle States Association. ¡Ya veremos!

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En su excelente libro, Promesa Rota: una mirada institucionalista a partir de Tugwell, el economista Francisco Catalá Oliveras, con precisión de cirugía pediátrica, expone lo siguiente: “Para garantizar la mayor autonomía posible de las corporaciones públicas, Tugwell insistió en ubicarlas fuera de los departamentos convencionales del gobierno central. Con juntas de directores nombradas por grupos y no exclusivamente por el gobernador y con directores ejecutivos efectivamente nombrados por sus juntas y no por el primer ejecutivo. Con la Reforma de 1950 se alteró tal concepción de la estructura corporativa pública. Desde un principio se anticipó que esto pasaría. En 1943, en una reunión en Washington, Tugwell señaló la importancia de que el gobernador no fuera directamente responsable de las corporaciones públicas, a lo que Muñoz ripostó: ‘Este argumento no aplicará al gobernador electo’. Por un lado, Tugwell, académico y administrador de nombramiento presidencial, se inclinaba hacia una especie de utopía tecnocrática de estricta selección por mérito; por otro lado, Muñoz, político electo, apelaba a la democracia representativa pero en la que él asumía toda la representatividad”.

Los orígenes de lo que esta semana le pasó a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico lo podemos encontrar en las visiones encontradas entre Muñoz y Tugwell en la década del 40. El Partido Popular, desde un principio, entendió que el gobierno era asunto patrimonial indelegable. Que el poder viene acompañado de múltiples beneficios y prebendas. Y esa visión es la misma que permea en el gobierno de Alejandro García Padilla, que incluye también apoderarse de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, como de otras juntas por igual, para ingresarlas a su esfera política y de influencias.

El supuesto rescate hecho a la Junta de Síndicos esta semana es una burda pantomima política cuyo único propósito es obtener el control absoluto de la UPR. Recordemos, que por ser el Partido Popular uno no ideológico, su medio existencial es el clientelismo. O sea, el distribuir puestos, contratos y favores a sus adláteres y acólitos. Alcanzar el poder por el poder mismo.

Los nominados a componer la nueva Junta de la Universidad, llamada ahora de Gobierno, son personas afiliadas a dicho partido y que, de una manera u otra, le han servido a la estructura política de la colectividad a la que pertenecen o a los intereses políticos de sus líderes principales.

UPR-Est-Izq

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