“Vale hacer la debida diferenciación entre la presente y la pasada administración al respecto”.

Bajo el argumento burdamente cínico de que estaba restaurando la autonomía a la Universidad de Puerto Rico, el gobernador Alejandro García Padilla firmó la ley que disolvió la Junta de Síndicos y creó la Junta de Gobierno como máximo organismo de gobernanza de la institución, a la vez que nombró a personas afiliadas o en la periferia del Partido Popular Democrático que dirige al nuevo organismo rector. Utilizando como excusa una investigación iniciada aunque no concluida por el Inspector General de la NSF y un alegado reclamo de la llamada ‘comunidad universitaria’ (de aquellos a quienes muchos medios le proveen una exposición privilegiada de sus opiniones y peticiones políticamente correctas), el Gobernador tomó por asalto la Universidad ultrajando severamente la ya precaria autonomía universitaria.

Con pocas y honrosas excepciones, los mismos que en el pasado ponían el grito en el cielo, alarmados e indignados cuando alguna administración PNP aprobaba leyes similares o nombraba nuevos síndicos al expirarse el término de algún nombramiento anterior, ahora celebran abiertamente el nuevo asalto político partidista o sencillamente callan. Pues es legítimo defender la autonomía universitaria contra el PNP, pero no contra el PPD.

Vale hacer la debida diferenciación entre la presente y la pasada administración al respecto. A diferencia de Alejandro García Padilla, que desde que fue electo le pidió la renuncia a los integrantes de las Juntas de Gobierno de las corporaciones públicas y de la Junta de Síndicos que fueron nombrados por su antecesor; Luis Fortuño dejó en sus puestos a todos los miembros de dichos organismos de gobernanza nombrados por su antecesor hasta cumplir sus términos y nunca pidió públicamente la renuncia del presidente de la Universidad para ese entonces, el licenciado Antonio García Padilla (hermano del actual Gobernador). Este renunció por iniciativa propia en septiembre del 2009 ante un informe de la Contralor que señalaba uso indebido de su tarjeta de crédito institucional, un serio despilfarro de los fondos públicos en francachelas auspiciadas por la Presidencia, en la compra de vinos caros para la Oficina de la Presidencia y gastos exorbitantes en comidas y bebidas en restaurantes de lujo.

UPR-Est-Izq

No es hasta que 10 de 11 recintos se encontraban cerrados por la acción de grupos violentos e intolerantes por más de 60 días y habían sido puestos en probatoria por la Middle States, que el gobernador Fortuño logró que se aprobara legislación para ampliar la Junta de Síndicos de 13 a 17 miembros. De esta manera se pudo acabar con el ‘impasse’ que existía en la Junta de Síndicos en torno al cierre forzoso universitario y así poder reabrir los 10 recintos, restablecer la estabilidad institucional y recuperar la acreditación.

La toma política de la Universidad y las primeras acciones abusivas y humillantes de algunos miembros de la Junta de Gobierno el pasado 3 de mayo contra la doctora Ibis Aponte, quien ejercía como presidenta interina, auguran malos tiempos por venir para nuestra Alma Mater.