El gobernador Alejandro García Padilla opinó que es “disparatado” pensar que las imposiciones contributivas propuestas para las personas que realizan actividades de negocio, desemboquen en un aumento del costo de los productos o servicios para los consumidores.
Representantes de diversas organizaciones profesionales que incluyen a ingenieros, agrimensores, arquitectos, contadores, tasadores, abogados y corredores de bienes raíces coincidieron ayer en una mesa de discusión con EL VOCERO, en que el impacto será de hasta un 14.9 por ciento sobre las personas que realizan actividades de negocio.
Se espera entonces que el alza llegue a los consumidores a través de los productos o servicios que adquieran, sea la compra de una casa o el pago por una servicio profesional, entre otros.
Sin embargo, García Padilla aseguró que los consumidores no se verán afectados, aunque no pudo especificar si el Gobierno hizo algún estudio que lo respalde. “Es disparatado… no acaban de entender que voy a llenar lagunas arriba para que los de abajo paguen menos. En mi Gobierno, los que tienen más tienen que pagar más y los que ganan menos tienen que pagar menos. Este es el Gobierno de la gente y no hace ningún tipo de sentido que personas que generan ingresos por cuenta propia de más de $200 mil, empiecen a tener exclusiones y resulta que pagan menos contribuciones que una persona que tiene un salario de $20 mil. Se les acabó ese guame”, sentenció el Gobernador a preguntas de EL VOCERO.
García Padilla reiteró que las únicas dos medidas que afectan a los individuos son los que generan ingresos propios de más de $200 mil y los que compran casas de $1 millón.
Maricarmen Rivera y Yennifer Álvarez
EL VOCERO
El representante novoprogresista Antonio (Toñito) Silva Delgado auguró un aumento en las quiebras ante el proyecto que implica nuevos renglones de cobro de IVU. Según dijo, por cada dólar que se ahorren los puertorriquenos con la reducción del .5% terminarán gastando $17.50 gracias a los nuevos impuestos.
“Lo que yo quiero hacer es un llamado y le suplico al Gobernador que no cambie las reglas del juego de hacer negocio en Puerto Rico porque nos vamos a afectar”, dijo Silva Delgado en conferencia de prensa. “Yo estoy disponible para ver de qué manera, que sea sensible, podemos aprobar ese proyecto pero con cambios que no afecten tanto al consumidor”.
Silva Delgado, quien fue presidente de la Comisión cameral de Hacienda el pasado cuatrienio, reiteró que la reducción del .5% significa un ahorro global de $100 millones al año mientras que los nuevos cobros de IVU – incluyendo servicios– representan $1,750 millones adicionales que saldrán de los consumidores.
Auguró una “avalancha” de quiebras en el País ante este panorama.
“A mí me preocupa el nuevo impuesto al negocio ‘business to business’. Ese modelo lo analizamos cuando se hizo el IVU y lo descartamos porque era devastador para el consumidor”, dijo Silva Delgado. “Dicen que los ricos paguen, pero en este proyecto una corporación de un solo individuo paga como una multimillonaria”.
El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, desmintió a su homólogo novoprogresista al indicar que no se puede confundir la propuesta del Ejecutivo con un IVA pues, dijo, bajo el modelo propuesto no se cobra impuesto en todas las partes de la llamada “cadena comercial”.
“Estamos analizando profundamente la parte del servicio. Yo lo quiero segmentar, buscar la manera de ver dónde impacta. Por ejemplo, en el caso de los contratos, hay que ver cómo esto no se convierte en una doble tasación. Lo estamos analizando a ver cómo implementarlo, como se ha hecho en otras jurisdicciones”, dijo Hernández Montañez.
Reconoció que las propuestas del Ejecutivo no representan un ahorro para los contribuyentes, pero insistió en que el impacto no es tan grande como lo proyecta la minoría novoprogresista.
“No creo que se pueda decir que es un ahorro para el contribuyente, pero es una manera de allegar al Gobierno lo que no está llegando”, dijo Hernández Montañez.
Silva Delgado también criticó lo que entiende será un aumento injusto a los marbetes de carros sobre los $35 mil.
“Un anuncio de aumento en marbetes podría tener el efecto de bajar estos recaudos sin la garantía de que se venderán más unidades”, dijo Silva Delgado al indicar, además, que un carro de $35 mil no puede considerarse “de lujo”.
Sobre el aumento en el costo de los marbetes de los autos de más de $35 mil, el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Hernández, aseguró que la medida tendrá paso y que la Asamblea Legislativa procurará que no haya espacio para impugnación tal y como ocurrió durante la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.
El 16 de junio de 2010, el Tribunal Supremo confirmó la determinación del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia, declarando ilegal el cobro porque la enmienda introducida a la Ley 42 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico decretando el aumento, estaba condicionada a que Acevedo Vilá aprobara la Resolución del presupuesto del año fiscal 2005-2006, que el Ejecutivo vetó.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, agregó que menos del 22% de los vehículos en Puerto Rico cuestan más de $35 mil. La secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, no pudo estimar cuánto espera recaudar el Ejecutivo con esta medida.
Los funcionarios hicieron las declaraciones a EL VOCERO al salir de la reunión del Comité Legislativo con el gobernador Alejandro García Padilla.
Pagarán los consumidores
La imposición del IVU a las transacciones negocio a negocio podrían tener un impacto de hasta un 14.9% en el bolsillo de la gente
Según los representantes de diversas organizaciones profesionales, varios estados han tenido que revertir medidas similares debido a los efectos negativos. EL VOCERO / Luis A. López
Las nuevas imposiciones contributivas propuestas por el Gobierno podrían tener un impacto de hasta un 14.9 por ciento (%) sobre las personas que realizan actividades de negocio, alza que llegará a los consumidores a través de los productos o servicios que adquieran, sea la compra de una casa o el pago por una gestión profesional, entre otros.
Ese es el consenso entre representantes de diversas organizaciones profesionales que incluyen a ingenieros, agrimensores, arquitectos, contadores, tasadores, abogados y corredores de bienes raíces, entre otros, quienes indicaron que aumentos similares en otros estados como Florida, Massachusetts, Maryland y Michigan fueron revertidos por el efecto adverso en la economía.
De acuerdo con el grupo de profesionales –quienes participaron en una mesa redonda con EL VOCERO– los planes del Gobierno para aumentar sus recaudos significan “una tranquilla” para el crecimiento económico de Puerto Rico, podrían provocar un aumento en la emigración de puertorriqueños, así como un alza en la actividad informal de la economía local. Esto ante la carga onerosa en el costo de vida y el ambiente desfavorable para hacer negocios en la Isla.
“¿Dónde están los datos que demuestren que no aumentarán los costos? Decir que no va a llegar al consumidor no es cierto, no es posible”, sentenció Carlos Xavier Vélez, de Appraisal Institute Puerto Rico & Caribbean Chapter.
“Ninguno de nosotros sabemos el porqué están dando un mensaje equivocado”, sostuvo al referirse a expresiones del Primer Mandatario y varios jefes de agencia que han recalcado que la eliminación de exenciones no afectará al consumidor.
El Gobierno sostiene que reducirá de 7% a 6.5% el Impuesto de Ventas y Uso (IVU), pero amplía las actividades económicas sobre las cuales anteriormente no operaba el impuesto. Por lo tanto, el alza llegará sobre los pagos que realizan los consumidores en diferentes bienes y servicios, aseguran los profesionales de diversos sectores y economistas.
Vélez explicó que imposiciones contributivas como las que propone el Gobierno de Alejandro García Padilla, tuvieron un efecto devastador sobre otras jurisdicciones en Estado Unidos, por lo que fueron eliminadas, y esas son las comparables para la situación que vaticinan en la Isla. El consenso entre los entrevistados es que ante el cuadro económico actual y las escasas proyecciones de crecimiento de la Junta de Planificación (JP), las medidas desalentarían la actividad económica local.
En el lado de los que desarrollan actividad de negocios, Rosa Rodríguez, representante del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, destacó que “todo el mundo está en la misma línea, todo esto tiene un efecto general a la hora de hacer negocios en el País”.
Pilarín Ferrer, del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, y Héctor R. Ramos, de la Asociación de Abogados, coincidieron en que existe un discurso de que las alzas contributivas son para las actividades empresariales y de negocios y que no tocarán a los consumidores, pero reiteraron que son estos últimos quienes recibirán el golpe en sus bolsillos.
Según los entrevistados, el efecto adverso más significativo recaerá sobre el sector de la construcción, justo el mismo que la JP dice que será el que haga repuntar la economía. Al tratarse de proyectos que requieren de diversos servicios profesionales, desde que se concibe hasta que se vende el inmueble al final del camino, el nivel de encarecimiento por las imposiciones contributivas necesariamente llegará al consumidor.
María Quiroga, de la Asociación de Realtors, dijo que el sector de bienes raíces está detenido tras el impulso que tuvo por los incentivos para la compra de viviendas, pero anticipó que la propuesta del Gobierno le asestará otro golpe que repercutirá en la no creación de nuevos empleos y mayor reducción en la actividad económica en general.
Ramos indicó que la discusión debe ser cómo estarán las personas con todas estas medidas, porque “si el consumidor no está bien, nosotros no vamos a estar bien ni la economía del País”.
El grupo de profesionales consultados también incluyó a Enrique Casado, presidente de Appraisal Institute PR; el tasador José Colón; Ángel González, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores; Damaris Álvarez, de Appraisal Institute; Víctor Rivera, del Instituto de Evaluadores; Ryan Christiansen, de CCIM; y José Alberto Feliciano, de la Asociación Constructores de Hogares.
Aun cuando reconocieron la gravedad de la economía local, por esa misma razón dijeron que un alza en contribuciones no resulta positiva. Recomendaron puntualizar en la fiscalización de los recaudos y no meterle las manos en los bolsillos al 41.7% de la población, que representa la tasa de participación laboral y que carga la economía.
Mencionaron que no fueron consultados sobre estas medidas y que se proponen iniciar un diálogo con el Gobierno para que se escuchen las alternativas que proponen.
Advierten efecto sobre el consumidor
Los nuevos impuestos propuestos por el Ejecutivo van a resultar en costos adicionales
José Nadal Power dijo que esto se reflejará en renglones como la construcción, donde se cobraría IVU por trabajos que actualmente no pagan este impuesto. EL VOCERO/Willín Rodríguez
Legisladores de los tres partidos políticos coincidieron en que, de alguna manera u otra, los nuevos impuestos propuestos por el Ejecutivo van a resultar en costos adicionales para los consumidores.
El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, José Nadal Power, dijo que esto se reflejará en renglones como la construcción, donde se cobraría IVU por trabajos que actualmente no pagan este impuesto. Dijo, sin embargo, que no prevé un aumento en el costo de los productos, toda vez que los comerciantes podrán deducir en sus planillas lo que paguen de IVU, por lo cual no debería producirse un aumento en cadena.
“Yo veo que el renglón de la construcción es más vulnerable a que se de este efecto cascada. Si vas a hacer una casa, le tienes que pagar al ingeniero, al agrimensor y eso puede ocasionar unos efectos. Hay otros sectores en que no se verá tanto porque la misma competencia se encarga de que no pase al consumidor”, dijo Nadal Power. “Cuando tienes el certificado de revendedor no debe haber tanto problema porque la planilla mensual se descuenta”.
Legisladores de minoría insistieron, sin embargo, en que las nuevas imposiciones de IVU propuestas desde La Fortaleza implicarán un aumento en el costo de vida, los productos y los servicios.
La senadora independentista María de Lourdes Santiago dijo que para toda empresa será un proceso casi natural pasarle al consumidor los gastos adicionales en los que tengan que incurrir. “Yo no conozco ninguna empresa dispuesta a asumir costos de operación adicionales impuestos por el Gobierno sin pasarlos a los consumidores”, dijo Santiago. “Va a haber mucho costo incidental que va a terminar pasando al cliente”.
En respuesta a los señalamientos que han hecho diversas organizaciones profesionales sobre el aumento en los costos que representarán los proyectos del Ejecutivo, el gobernador Alejandro García Padilla calificó este planteamiento como “disparatado”.
Tanto la senadora novoprogresista Migdalia Padilla como su homólogo en la Cámara Antonio Silva Delgado reiteraron que estos proyectos –que imponen IVU a varios servicios y que gravan las compras entre negocios (business to business)– sí serán un peso para el consumidor.
Según Padilla, la reducción de .5 por ciento en el IVU no se reflejará en los precios. Silva Delgado –por su parte– insistió en que deben buscarse alternativas para evitar estos proyectos. El expresidente de la Comisión cameral de Hacienda ha estimado que por cada dólar que se ahorre con la reducción del .5 al IVU, el consumidor gastará más de $17 con los nuevos impuestos.
Por su parte, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez reiteró que estas medidas serán enmendadas para garantizar que se amplíe la base de cobro del IVU y se evite la sobretasa en el cobro de este impuesto.
Recomienda reconsiderar propuesta de IVU
Es un ataque al sector privado que de otra forma puede generar nuevos y mejores empleos.
Ricardo Rosselló Nevares. EL VOCERO / Ingrid Torres
El doctor Ricardo Rosselló Nevares recomendó al gobernador Alejandro García Padilla que reconsidere su propuesta de eliminar exenciones del Impuesto sobre Venta y Uso (IVU) porque afectará a todos los puertorriqueños y es un ataque al sector privado que de otra forma puede generar nuevos y mejores empleos.
Para el hijo del exgobernador Pedro Rosselló la propuesta paraliza el poco movimiento que ya había en la economía porque le quita al Pueblo los ingresos que utilizarían y castiga al sector privado por producir.
“Fue una mala estrategia. Es una idea del pasado mal implementada y ejecutada que requiere poca creatividad y no solo afecta el bolsillo del puertorriqueño sino la salud emocional del Pueblo”, dijo Rosselló Nevares.
Indicó que aunque hay maneras para que el Gobierno mejore el fisco, decidieron aumentar de manera dramática las contribuciones e insistió en que quieren proyectar que solo afectarán a los más ricos, pero “afectará a todos los puertorriqueños”.
“Esto es un ataque contra el sector privado y tres cuartas partes de nuestra fuerza laboral está en el sector privado y estas medidas atentarán directamente contra las personas de este sector”, sostuvo Rosselló Nevares, quien insistió en que Puerto Rico necesita una economía de envergadura que no sea paternalista y que no penalice.
“La economía de Puerto Rico solamente representa un 0.04% de la economía global y está establecido en los últimos datos que no estamos produciendo, por lo tanto crea que la gente sea pobre y hayan menos empleos y encima de eso se le añade una carga significativa al Pueblo”, señaló.
Dijo que el modelo de este Gobierno es antiguo, de la era burocrática, y su visión es paternalista porque quiere “coger los pedazos del bizcocho –que son bien pequeños porque es 0.04% de la economía global– y tener un control sobre ellos”.
Rosselló Nevares especificó que Puerto Rico debe insertarse en la economía regional para provocar que el por ciento de economía global crezca para poder crear más empleos, quitarle presión al Gobierno y así fortalecer al sector privado.
“Cuando uno evalúa las mejores prácticas a nivel global, uno nota que son precisamente esos pequeños y medianos comerciantes los que están potenciando las economías globales. En Estados Unidos en los últimos 15 años se crearon 40 millones de empleos netos y muchos de ellos fueron por pequeños y medianos comerciantes que añadieron valor a esa economía”, destacó el profesor.
Como una alternativa, mencionó mejorar la eficiencia con la implementación de un plan estratégico desde el primer día.
“Nosotros podemos mejorar las estrategias en el Gobierno y la efectividad del servicio al Pueblo y también tenemos que buscar fuentes de recaudos alternas que incluye añadir valor y siendo más diligentes en como se utilizan los fondos y como se resuelven los problemas”, sostuvo Rosselló Nevares.
You must be logged in to post a comment Login