Unos 68 empleados de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) han demandado al Gobierno alegando que la reforma del plan de Retiro es inconstitucional.

El grupo de demandantes, entre los que figuran el subcontralor de Puerto Rico, la directora de Asuntos Legales y varios directores de auditoría para agencias y municipios en la OCPR, solicitó al tribunal una sentencia declaratoria y un interdicto preliminar y permanente contra la Ley 3.

Entre otras cosas, el estatuto eliminó la pensión por mérito y modificó la fórmula para calcular el retiro de miles de servidores públicos cobijados bajo la Ley 447, que rige a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

La acción legal se ha radicado apenas siete semanas antes de que entren en vigor las nuevas fórmulas para el cálculo de las pensiones, que aumentan la aportación monetaria que tendrán que hacer los trabajadores.

El litigio sale a la luz pública justo en momentos en que el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier D. Ferrer, y la secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, llevan a cabo diversas reuniones con las casas acreditadoras en Nueva York, precisamente para discutir el alcance de la reforma de la Administración de los Sistema de Retiro, convertida en ley el pasado 4 de abril.

Petición de las acreditadoras

Modificar los planes de retiro del Gobierno es uno de los factores esenciales que Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s y Fitch Ratings han identificado como condición para no degradar el crédito de la Isla a nivel especulativo o chatarra.

Ayer, Ferrer declinó hacer comentarios acerca de la demanda, radicada por las abogadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez.

Con fecha el litigio

En tanto, la jueza superior Giselle Romero García citó a una vista para examinar los méritos del pedido de interdicto el próximo 23 de mayo. El Gobierno debe presentar su posición en el caso no más tarde del 21 de mayo, agrega la orden.

Por su parte, Federico Torres Montalvo, principal voz de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, señaló a este diario que el sindicato pondera radicar un recurso similar en las próximas semanas.

Promesa rota

De acuerdo con la demanda de los empleados de la OCPR, la Ley 3 “menoscaba” el derecho de los demandantes a acogerse al plan de retiro, “según prometido por las más de dos décadas de empleo en el servicio público”.

Por años, ha sido la propia OCPR la que ha advertido de los problemas de insolvencia de la ASR, de sus pobres controles para asegurar la mejor inversión del dinero ahorrado por los trabajadores y de diversas prácticas contrarias a la ley por parte de algunas de las juntas de directores que ha tenido esa agencia.

“Cada uno de los demandantes empezó como empleado público hace más de 23 años y ha aportado al Sistema de Retiro vigente de forma compulsoria. Por haber entrado en servicio público antes del 1 de abril de 1990, cada uno de los demandantes está protegido por la estructura de beneficios basada en la Ley 447”, reza la demanda.

En síntesis, la Ley 447 permitía otorgar una pensión equivalente al 75% del salario promedio de las 36 compensaciones mensuales más altas del trabajador. Para ello, se requiere haber cumplido 55 años de edad y 30 años de servicio.

Trabajar hasta 17 años más

Para los demandantes –entre ellos contadores públicos, abogados, auditores y examinadores certificados de fraude– la Ley 3 les presenta “dos alternativas insostenibles”: o retirarse antes del 30 de junio alterando sus respectivos planes financieros, o mantenerse trabajando para recibir una pensión más baja que lo previsto. Según el documento, algunos de los demandantes tendrían que trabajar hasta 17 años más para retirarse.

Aparte de tener que trabajar más, la pensión por recibir se reduciría entre 35% y 55%.

Berkan indicó a El Nuevo Día que por el momento representarán únicamente a los empleados de la OCPR, y todo dependerá del alcance de cualquier determinación.

Según la demanda, al presente hay unos 22,000 empleados públicos bajo la Ley 447 que se verían afectados con la nueva disposición.