JGo asegura que los 40 mil casos de Familia son del PPD

JGo asegura que los 40 mil casos de Familia son del PPD

19 de mayo de 2013 – PolíticaPuerto Rico, – 

Supuestamente ocurrieron bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá.

EL VOCERO/Angel L. Vázquez

SAN JUAN– La expresidenta de la Cámara, Jennifer González aseguró el domingo que los 40 mil casos cerrados de manera negligente por el Departamento de la Familia, supuestamente ocurrieron bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá.

A juicio de González, no solo se dejaron sin atender 40 mil querellas de maltrato y un déficit de 20 millones de dólares en ADFAN, sino que a cinco meses de las elecciones de 2008 se dieron instrucciones para que se cerraran los casos de querellas de maltrato sin investigar, en un período de dos semanas.

“Con esta evidencia que hoy presentamos se confirma el montaje de la secretaria (Idalia) Colón para tapar sus propios casos engavetados y culpar a la secretaria (Yanitzia) Irizarry. Se confirma que han montado un andamiaje para justificar la contratación millonaria de una trabajadora social que vuelve al departamento donde dejando querellas y cerrando casos sin investigar logró sobre 10 millones de dólares en contratos. Esta contratación no es otra cosa que privatizar las funciones de los trabajadores sociales y duplicar servicios. Es decirle a los trabajadores sociales que no saben hacer su trabajo, que no son necesarios”, denunció González al presentar un memo de junio de 2008, donde se dictan instrucciones para cerrar los casos in investigarlos.

El memo lo envía la directora regional de Caguas para ese entonces Dolly Ortíz Marcano y Sonia Laboy Rodríguez, por instrucciones de la administradora de ADFAN (Administración de Familias y Niños) Carmen Nazario, quien en una reunión el 12 de junio de 2008, le dio instrucciones a los directores regionales para que al 30 de junio cerraran la mayoría de casos.

“El memo es por instrucciones de Carmen Nazario quien hoy asesora a la Secretaria de la Familia. En la misiva por instrucciones de Nazario se instruye a cerrar la mayoría de los casos destacando en aquellos con más de 18 meses abiertos. Se menciona los que no hayan tenido contacto de un trabajador social en dos meses y que no tengan referidos aunque no se hayan investigado. Estas instrucciones se hicieron mientras la hoy Secretaria de la Familia era parte de ese equipo”, dijo la portavoz del PNP en la Cámara al mostrar el documento y anunciar que someterá una resolución para investigar esta acción bajo el PPD.

En el memo se habla de un reto de dos semanas que tienen que cumplir. “Esto es peor que lo que ha señalado por la actual secretaria para justificar ahora traer nuevamente con un contrato millonario a la compañía de Rita Córdoba quien se hizo millonaria en el pasado cuatrienio. Sin embargo, su contratación dejo 40 mil querellas y un plan para cerrar casos sin atender lo que ahora precisamente utilizan como excusa para contratarla nuevamente”.

Según González se debe investigar el cierre de querellas engavetadas en el 2008. “Es necesario investigar además que formularios usaban en el 2000, para el manejo y archivo de casos. Que hacían en el 2000, cuando un caso no tenía fundamento. Encontraremos que es lo mismo que hacen hoy día, la misma regla, solo cambio la ley que le da más poder al Trabajador Social. La Ley 246 que permite al trabajador social tener a un menor sin orden judicial por 72 horas. Antes eran 24 horas y fue el PPD quien creó el formulario FN-181”.

A juicio de González, no solamente Idalia Colón ocultó este procedimiento cuando alegó que bajo la administración de Yanitsia Irizarry se mandaron a cerrar casos sin presentar evidencia. “También ocultó en el informe de transición en el 2008 que siendo administradora de ADSEF fue multada por el gobierno federal por malos manejos bajo el programa Federal de Ayuda Temporera a Familias Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés). No fue hasta que a través de cartas comenzó el gobierno federal a cobrar los $55 millones en multas a Idalia Colón”.

González recordó que a principios de 2009 se anunció que el Gobierno Federal, impondría una multa de $55 millones a la ADSEF, por NO cumplir reiteradamente con el “participation rate” o tasa de participación (colocación en empleo) de los recipientes de asistencia económica. “Estaba en un 20 por ciento, cuando se suponía que estuviera en 50 por ciento. Idalia Colón estaba frente ADSEF y fue responsable de esa multa y ahora nadie lo recuerda. Cómo garantizamos que el regreso de esta persona que provocó las amenaza de devolver en fondos estatales $55 millones, provoque la misma situación y el Departamento de la Familia tenga menos recursos cada vez? Ahora entendemos porque ha tratado de manchar la administración de Yanitisia Irizarry, no solo por otórgale el contrato millonario a Rita Córdoba sino porque su administración estuvo manchada por malos manejos de fondos públicos”.

Asimismo, González denunció más multas bajo la responsabilidad de la actual Secretaria de la Familia.

“Si usted pensaba que esto era la único se sorprenderán conocer que siendo sub administradora de ADFAN perdió $70 millones por mal manejo de fondos del Programa Pan y Trabajo. Esos últimos eran fondos que debieron llegar continuamente, pero se perdieron por mal manejo. Eran fondos para que recipientes de PAN, tuvieran empleos. Hizo que quedaran necesidades sin cubrir de la población indigente. Ahora hasta que punto el no poder combatir la pobreza con la pérdida de estos 70 millones recurrentes, hizo que estas familias desempleadas/ pobres, fueran más propensas al maltrato?”.

González recordó que sin haber puesto un pie en el Departamento de la Familia Idalia Colón, la actual Secretaria pedía a gritos los millones para Córdoba y ocultaba toda esta información.

20 de mayo de 2013

Acusan a Familia de cerrar casos en el 2008

Representante asegura que una asesora de la actual secretaria dio la orden

Jenniffer González aseguró que el DF usa la controversia de querellas de maltrato sin investigar para justificar la contratación de la trabajadora social Rita Córdova. (LUIS.ALCALADELOLMO@GFRMEDIA.COM)

Por Rebecca Banuchi y Ricardo Cortés Chico / puertoricohoy@elnuevodia.com

La representante Jenniffer González, portavoz de la delegación cameral del Partido Nuevo Progresista (PNP), la emprendió ayer nuevamente contra la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Idalia Colón, al alegar que en el 2008, por instrucciones de una de sus actuales asesoras, se ordenó el cierre del “mayor número de casos” de maltrato supuestamente sin investigar.

González presentó como supuesta evidencia un documento, de junio de 2008, en el que se pide que se cierren los casos ya investigados “siempre y cuando las circunstancias del caso lo permitan”. La orden provino de la extitular de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Carmen Nazario, quien ahora es asesora de Colón. Actualmente, las autoridades investigan a la exsecretaria del DF Yanitsia Irizarry, por presuntamente ordenar el cierre indiscriminado de sobre 11,000 querellas de maltrato sin investigar. Esto es de un universo de 42,000 querellas que desde el 2010 se dejaron sin investigar en la agencia.

Lymari Vélez, portavoz del DF, aclaró que la comunicación presentada por González “tiene que ver con casos abiertos, que no es lo mismo que referidos sin investigar”.

“Los casos abiertos son aquellos que ya la agencia trabaja. La recomendación en la comunicación de junio de 2008 lo que solicita es que se visiten aquellas familias que no se visitan hace más de seis meses para saber si la familia cumplió o no con el plan de servicio. Si lo cumplió, el caso se cierra; si no, sigue abierto, y el departamento sigue proveyéndole herramientas a la familia”, indicó Vélez a este medio.

González, sin embargo, sugirió que ese es el origen de las cerca de 42,000 querellas que no se investigaron durante el pasado cuatrienio. No obstante, El Nuevo Día ha constatado que estos casos tienen su origen después del 2010, cuando la jefa de Familia era Irizarry.

A pesar de esto, González entiende que la controversia de casos sin investigar se usa para justificar el contrato con la empresa RCórdova Trabajadores Sociales, que asiste al DF en el esfuerzo de investigar las querellas olvidadas bajo la pasada administración.

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