SAN JUAN – Por entender que ya no era la procuradora de las personas de edad avanzada, el municipio de San Juan dijo el miércoles que no acatará una orden de Rossana López para paralizar la utilización de los fondos otorgados por el “Older American Act” (OAA) para ofrecer servicios a esta población.

El director ejecutivo del Departamento de la Familia del municipio de San Juan, José Valentín, confirmó que no se acató la orden que dio López mediante una carta.

“Recibimos una misiva de la señora López el pasado lunes en horas de la tarde, cuando ya no

Santini

era procuradora, donde indicaba que como consecuencia de la reestructuración que está llevando a cabo el gobierno de Puerto Rico queda paralizada la utilización de los fondos que son otorgados por el gobierno federal para ofrecerle servicios a la población de envejecientes, hasta tanto el gobierno estatal no aprobara las enmiendas administrativas a ese plan”, señaló el director ejecutivo del Departamento de la Familia de la Capital.

Según el funcionario, al Municipio le preocupó el contenido y la manera en que se llevó la comunicación, ya que la carta alegadamente no sólo se circuló a los directores de los distintos departamentos, sino a las personas de edad avanzada, provocando una situación innecesaria.

“Muchos envejecientes nos llamaron a la oficina pensando que ya no se le estarían ofreciendo los servicios, lo que sin duda les provocó gran ansiedad dado que en San Juan le servimos a una población de más de 1,200 envejecientes a través de los 12 Centros de Calidad de Vida que tenemos en la Capital. En dichos centros se les ofrece un sinnúmero de servicios y actividades diarias para su beneficio y para mejorar su calidad de vida”, añadió Valentín.

Asimismo, Valentín indicó que según conoce ya la Fortaleza estaba trabajando en los trámites para someter toda la información a la agencia federal correspondiente, donde se le indica que el gobernador tiene la potestad de realizar dicha reorganización, por lo que a su juicio López le falta a la verdad en su misiva.

“Me parece que la circulación de esta carta se dio con el propósito de crear una histeria colectiva y de confundir al pueblo, particularmente a nuestra población de envejecientes. Por lo que le respondí la carta a la señora López, indicándole que nosotros continuaremos utilizando dichos fondos para ofrecer los servicios que necesita esta población, con la que tenemos un compromiso ineludible y real. No podemos permitir que se afecten nuestros envejecientes por cuestiones administrativas e internas de la Oficina de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, con las que no tenemos nada que ver”, finalizó el funcionario, quien refirió la misiva al gobierno federal para el trámite correspondiente.