En la mirilla del Gobierno remesas al exterior y celulares

Maricarmen Rivera Sánchez y Carmen Milagros Díaz
EL VOCERO

Dos nuevos impuestos se suman a las piezas impositivas radicadas ante la Legislatura. La primera aplica a los celulares prepagados y la otra, a las transferencias monetarias desde Puerto Rico hacia Estados Unidos y el exterior, lo que de inmediato levantó bandera entre la comunidad dominicana.

El proyecto de ley 1056 sobre un impuesto especial de cinco por ciento a todo negocio de transferencias monetarias, recibió ayer el aval de múltiples sectores, pero el Departamento de Hacienda presentó objeciones anoche.

La medida —de la autoría del representante Carlos Vargas Ferrer y que busca enmendar la Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios— establece que las transferencias sujetas al cargo impositivo serían las que se tramiten o completen por medios electrónicos, cheque, giro, fax, transporte aéreo u otros medios.

La intención de Vargas Ferrer es que los ingresos correspondientes a este cargo engrosen el Fondo adscrito a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, destinado a sufragar y proveer aportaciones de gastos de cierre y pronto pago, para la compra de unidades de vivienda a familias de recursos bajos o moderados, reportó la agencia Cybernews.

“De esta Asamblea Legislativa entender necesaria la aprobación de esta medida, recomendamos que los recaudos del impuesto ingresen al Fondo General y que la Oficina de Gerencia y Presupuesto identifique una partida para atender el programa ‘Mi Nuevo Hogar’. En la alternativa, si esta Asamblea entiende necesario utilizar la totalidad de los recaudos para el programa, que se separe un porcentaje del recaudo, o se identifique una partida, para que nuestro Departamento pueda cubrir los gastos administrativos que supone la implantación y manejo de la misma”, declaró la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, al corregir un parte de prensa de la Cámara sobre la audiencia pública de ayer.

“Esta medida le impone una nueva responsabilidad a Hacienda, así como de implantación y fiscalización sin que se identifiquen recursos adicionales a nuestro Departamento para ejecutar esta medida. Es importante recordar que nuestros recursos están centrados en identificar alternativas para mejorar la captación del IVU. De este modo, si diluimos los limitados recursos que tenemos disponibles para atender las situaciones de premura, pudiéramos afectar adversamente los recaudos al Fondo General”, detalló.

En tanto, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, despotricó contra el representante al que llamó “charlatán e inconsciente” por lo que considera un abuso. Señaló que los emigrantes se quedan sin comer muchas veces para poder enviar el dinero con el que mantienen hasta a cinco personas en el vecino país de República Dominicana.

Rodríguez, enfrentarán al Gobierno y a los legisladores con piquetes y “todo lo que sea necesario” para detener la aprobación de la medida.

“Eso es un refrito. Si están proponiendo un gravamen, los 70 mil votantes dominicanos que somos lo vamos a tomar como una afrenta. Ese dinero que envían a su familia es un abuso de poder”, sentenció Rodríguez.

Por otro lado, de aprobarse un proyecto que considera la Cámara de Representantes, las personas que tienen celulares prepagados tendrían un cargo adicional de 50 centavos mensuales, que allegaría cerca de $1 millón anual al Servicio de Emergencias 911.

El representante popular Javier Aponte Dalmau—autor del proyecto—admitió que hay preocupación sobre cómo podría cobrarse este impuesto.
Dijo que realizará otras vistas para descifrar cómo cobrar este impuesto. Dijo estar inclinado a que se cobre en el punto de venta.

Según la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, hasta febrero había en la Isla casi tres millones de celulares en comparación con las 775,786 líneas fijas. De los celulares, 743 mil eran celulares prepagados.

El proyecto lo que busca es cobrar 50 centavos cada vez que una persona compra una tarjeta de llamadas.

Las compañías de celulares que acudieron a la vista –T-Mobile, Claro y ATT– favorecieron la medida. Aseguraron que medidas similares se han implementado en estados de Estados Unidos y que el impuesto se cobra en el punto de venta.