La confiscación de $158 millones por parte del Tesoro de los Estados Unidos y la nueva advertencia de degradación de Moody’s Investors Service cayeron como un balde de agua fría a la administración del gobernador Alejandro García Padilla en momentos en que su equipo financiero libra una batalla con la Legislatura para cuadrar el presupuesto.

Ayer, la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, aceptó que la confiscación de los fondos federales colocó a Puerto Rico nuevamente en aprietos ante los inversores. Esto porque la movida del Gobierno federal provocó que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) no pagará a sus bonistas a tiempo. Según conocedores del mercado de bonos, puede interpretarse como un evento de impago o “default”.

Moody’s respondió al evento advirtiendo que en los próximos tres meses, evaluará los bonos de la ACT pagaderos con reembolsos federales y que podría degradarlos. Estos bonos se conocen como “Garvee Bonds”.

Ayer, mientras el equipo financiero del Gobierno todavía asimilaba el revuelo causado por el impago temporero de la ACT, fuentes de este diario aseguraron que la Cámara de Representantes no dará paso a la propuesta que ampliaría el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) a los servicios corporativos o B2B. Esta propuesta es el principal mecanismo para cerrar el déficit de $2,157 millones que encara el Gobierno.

“A raíz de la decisión de Moody’s, le dijimos al Tesoro que nos causó un problema con los bonistas”, dijo Acosta al subrayar que el gobierno federal nunca informó a Puerto Rico de la confiscación.

“No me pareció justa la decisión de Moody’s porque esto (la confiscación) pudo haberse dado en otros estados”, dijo Acosta al señalar que el Tesoro no debió tocar el pago de deuda de la ACT.

El pasado 15 de marzo, el síndico de los bonos Garvee de la ACT sacó $2 millones de la reserva de deuda para pagar a los bonistas, una vez la corporación no hizo el pago porque no recibió a tiempo los fondos federales correspondientes.

Deuda de cinco décadas

Lo que no sabía ni el propio Gobierno es que la confiscación a la ACT se hizo como parte de un plan federal que busca que Puerto Rico pague al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos unos $213 millones. La suma corresponde a una deuda que Puerto Rico tomó hace casi 50 años cuando se construyó la represa Cerrillos y se canalizó el río Portugués.

El evento de impago por parte de la ACT pasó por desapercibido, pues el Gobierno no informó al mercado inversor de la situación hasta mediados de este mes y no fue hasta el miércoles que Moody’s informó de la revisión.

Ayer, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no contestó un pedido de información de este diario. De igual forma, la ACT declinó el pedido de información de El Nuevo Día señalando que el BGF era la entidad más adecuada para contestar preguntas del tema.

Según Acosta, las negociaciones que mantiene con el Cuerpo de Ingenieros y el Tesoro federal sirvieron para detener la confiscación de fondos adicionales. Dijo, sin embargo, que todavía no se ha llegado a un acuerdo que conceda a la Isla términos más favorables para repagar la millonaria deuda. El plan federal contempla que Puerto Rico pague unos $599 millones por las obras, penalidades e intereses hasta el año 2046.

Golpe presupuestario

A preguntas de El Nuevo Día, Acosta reconoció que la deuda con el Cuerpo de Ingenieros supone otro golpe al Fondo General. Como parte de la confiscación de $158 millones, el Departamento de Educación, la Oficina del Procurador del Veterano, ciertas agencias ejecutivas del Gobierno y el propio Fondo General también perdieron fondos que no podrán recuperar.

Así las cosas, Acosta reiteró la urgencia de aprobar los nuevos recaudos que propuso el Ejecutivo y se mostró confiada en que el diálogo que comenzará hoy con la Cámara de Representantes terminará con un presupuesto aprobado antes del 30 de junio.

Sin embargo, fuentes de este diario aseguran que la Cámara se sentará a la mesa de diálogo, descartando de entrada, el IVU a los servicios B2B. Según las fuentes, los asesores técnicos en ese cuerpo tienen dudas acerca de los estimados hechos por el Departamento de Hacienda.

Según las fuentes, la ampliación del IVU a los servicios B2B no dará los $800 millones que ha estimado el Ejecutivo, pues los cálculos de impacto económico se hicieron utilizando datos incorrectos.

“El presupuesto se va a cuadrar con otras medidas”, dijo la fuente. “Si se queda el B2B será para un grupo bien pequeñito”. La fuente sostuvo que la Cámara buscará cuadrar el presupuesto utilizando en parte una patente estatal, pero también asegurando que el Gobierno comience a cobrar la partida de uso que debe pagarse con el IVU.