La pelea de los recaudos del Gobierno entrará hoy, viernes, en su punto crítico con la primera reunión entre la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y los líderes legislativos, con el fin de dirimir esta controversia que podría derivar en una  nueva degradación en el crédito de gobierno que lo llevaría a niveles chatarra.

La disputa ha girado principalmente en torno a qué impuesto implantar o qué bolsillo gravar con el fin de recolectar $1,400 millones adicionales y así cuadrar el presupuesto de $9,835 millones que propuso el gobernador Alejandro García Padilla.

Este presupuesto, que supera en $753 millones al anterior, estaba condicionado a una serie de tributos nuevos, uno de los cuales ha sido objeto de una intensa discordia: el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) entre negocios o “business to business” (B2B).

Ya el Senado ha adelantado que no aprobará el B2B, por el efecto que tendría en la economía del país. “Nosotros seguimos poco receptivos al B2B”, reafirmó ayer el presidente senatorial Eduardo Bhatia.   La Cámara de Representantes, por su parte, ha prometido cambios sustanciales a esta propuesta tributaria a los negocios. Hacienda, por su parte, aunque ha dicho públicamente, que podría aceptar alternativas al gravamen, se ha mantenido apoyando su propuesta original. En fin, cada cual tiene una solución distinta al dilema pero ninguna de las partes hasta ahora ha cedido.

Para este fin de semana

Según Jaime Perelló, presidente de la Cámara de Representantes, la expectativa es que este fin de semana terminen con una idea clara de cuáles impuestos se impondrán y cuáles se descartarán. La reunión de hoy comenzaría con la identificación de las áreas de consenso entre los cuerpos legislativos y los representantes de la Rama Ejecutiva. Un área de consenso, por ejemplo, ha sido los cambios al certificado de revendedor del IVU.

“Todos estos procesos son naturales cuando estás presentando un presupuesto con medidas nuevas de recaudos… Ya llegó en momento de sentarnos todos a una mesa y discutir las propuestas”, dijo Perelló.

La reunión, sin embargo, se dará en un momento en que la comunicación entre la secretaria de Hacienda y la Cámara de Representantes llegaron casi a colapsar.

Ayer, la propia Acosta admitió que tenía una “pelea” pública con el presidente cameral de la Comisión de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández. Esto luego que el representante le reprochara Hacienda su supuesta oposición a dos piezas legislativas a las que, según Acosta, realmente no se oponían. Acosta ayer reclamaba que el representante haya hecho expresiones en los medios de comunicación en contra de su agencia, sin antes consultarle el asunto o contestarle las llamadas.

Hernández, por su parte, señaló que la crítica contra Hacienda no es más que un reflejo de las frustraciones en la discusión de las medidas de recaudos. Hernández reiteró que ha habido problemas de flujo de información y que el asunto “estalló” cuando Hacienda no podía contestar preguntas sobre los recaudos del IVU.

“Lo que se ha visto es que cada cual jala para su lado”, dijo Hernández.

Se supone que ese “tira y jala” alrededor de los nuevos impuestos se comience a echar a un lado hoy en la reunión que comenzara en horas de la tarde en el Capitolio.

“Tenemos fe de que durante estas reuniones de diálogo en búsqueda de un consenso de país, prevalecerá el bienestar común”, dijo la secretaria de Hacienda.

Según Perelló, la meta es que para inicios de la semana que viene ya haya un panorama claro de las propuestas que se incorporarán para cuadrar el presupuesto, especialmente ante la negativa del Senado de dar paso al llamado B2B, la principal iniciativa de recaudos nuevos propuesta por Hacienda que generaría $797 millones según los estimados oficiales.

“Creo que podemos afinar una propuesta final. El tiempo está corriendo”, dijo, por su parte, Bhatia. El Gobierno tiene hasta el 15 de julio para aprobar todo.

Sobrarán $80 millones en la AAA

Alberto Lázaro, presidente de la AAA. ELVOCERO/ Archivo/Ingrid Torres

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro, confirmó que sobrarán $80 millones del dinero que le cobrará a los clientes en la nueva tarifa que iniciará en agosto y no el 1ro de julio como estaba pautado.

Dijo que el sobrante lo utilizarán para crear un fondo de reserva de $180 millones y atender el déficit que según las proyecciones aumentará en los próximos cinco años de $340 millones a $511 millones.

“Yo propuse que (el aumento) fuera de un cantazo y es cierto, el déficit del año que viene es de $340 millones y la tarifa viene a recoger aproximadamente $420 millones va a sobrar un dinero, pero parte de ese dinero que va a sobrar lo vas a necesitar en el año tres y en el año cuatro para balancear cuando el déficit llegue a $500 millones”, indicó Lázaro.

“Cuando se vaya llenando ese fondo de reserva es posible que en el año tres y cuatro tengamos que sacar dinero de ahí para ir sufragando la diferencia entre lo que se recolecta y los presupuestos de esos años”, agregó.

Lázaro dijo, por otro lado, que la AAA tendrá que comenzar a cobrar el aumento en agosto porque el informe del oficial examinador, Esteban Mújica, estará listo el 19 de julio.

Luego que Mujica presente el informe hay un período de 10 días para que emitan comentarios y luego la Junta decidiría aprobar o no el aumento. Aunque el informe no está listo el Gobernador anunció que el aumento será menor porque la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le otorgó una tarifa preferencial a la AAA que generará cerca de $50 millones.

Este rotativo supo que el presidente de la Junta, Edgardo Fábregas, presentará su renuncia en los próximos días y el organismo no tendría los votos para aprobar el aumento. La Junta necesita seis votos.

Actualmente, la Junta de Gobierno tiene seis miembros porque tres de los nueve miembros renunciaron recientemente. El pasado domingo el Gobernador nombró a tres personas, pero tienen que ser confirmados por el Senado.

“Yo sé que La Fortaleza le hizo una solicitud al Presidente del Senado para que estos tres nombramientos se vean lo antes posible”, dijo Lázaro.

De otra parte, Lázaro rechazó que los cargos por cuencas hidrográficas, cumplimiento ambiental y acueductos comunitarios sean adicionales al aumento propuesto. Aseguró que hay garantías de que el dinero se va a utilizar para lo que se cobró porque el sistema de contabilidad de la AAA “permite distinguir cómo se van a utilizar los fondos”.

Mientras, el director de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, José Font, dijo que actualmente revalúan los acuerdos con la AAA en cuanto a las prioridades y trabajos que se pretenden llevar a cabo.

Destacó que anualmente la corporación pública invierte millones de dólares para poder cumplir con los acuerdos con la EPA y parte de los fondos provienen del gobierno federal.

“A través de los años se ha venido reduciendo la cantidad de fondos (federales) disponibles, pero continúan estando disponible. No es todo (de fondos federales) hay una gran porción que tiene que ser financiado por Acueductos a través de su emisión de bonos”, explicó Font.

Asegura tarifa preferencial de luz para AAA le saldrá cara al consumidor

29 de mayo de 2013 – Actualidad, – Vocero.com

Navarro Suárez afirma que el consumidor experimentará un aumento de $16 mensuales

EL VOCERO / Archivo

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, el representante Jorge Navarro Suárez, tronó contra la propuesta del gobernador Alejandro García Padilla de establecer una tarifa preferencial de luz para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) con miras de mitigar el alza en el costo del servicio de acueducto y alcantarillado.

Según el representante, la tarifa preferencial de luz para la AAA no es nada más que otro subsidio energético que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le pasará al consumidor mediante el controvertible renglón de ajuste por combustible.

Navarro aseguró que el consumidor promedio que consume 800 kilovatios por hora mensual de energía eléctrica experimentará un aumento de $16 mensual en su factura de la luz como consecuencia del subsidio energético propuesto por el primer mandatario.

“Esta propuesta de García Padilla es otro insulto a la inteligencia del pueblo consumidor. Para eliminar algunos dólares del aumento en el costo del agua que su propia administración está impulsando, propone establecer un nuevo subsidio energético que inflará aún más las facturas de luz de los consumidores. Esto es como sacar de un bolsillo para poner en el otro. Solo a García Padilla se le ocurre proponer un esquema publicitario tan ridículo”, expresó Navarro Suárez.

Navarro Suárez anunció que en el día de hoy presentará un proyecto de ley dirigido a establecer la Ley para el Control y Monitoreo de Subsidios de la AEE. La medida requiere establece que todo subsidio energético que se legisle en un futuro será con cargo al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, evitando así que se continúen inflando las facturas de los abonados no subsidiados de la corporación pública. El proyecto además dispone que no se aprobará ninguna Ley o Resolución que autorice la concesión de un subsidio energético sin antes mediar certificaciones bajo juramento del Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y del Secretario de Hacienda, a los efectos de que existen o no fondos disponibles para financiar los mismos y que se identifique, expresamente, la fuente de procedencia de los mismos.

“Ya es hora que frenemos la mala práctica de promover subsidios energéticos sin fuentes de repago identificados del propio fondo general. Lo que ocurre ahora es que se legislan subsidios de forma irresponsable y se le pasa el costo al consumidor de forma oculta mediante el ajuste por combustible. Eso es precisamente lo que García Padilla está proponiendo con la tarifa preferencial de luz para la AAA. De aprobarse nuestro proyecto, todo subsidio energético futuro tendrá que ser costeado por el propio gobierno que lo estableció y no por los consumidores a través de sus ya infladas facturas de luz”, concluyó Navarro Suárez.