El Inmortal – Por Kike Cruz

El Inmortal

ENRIQUE CRUZ

La Constitución de Puerto Rico es clara, en lo que concierne al manejo y administración del máximo tribunal de nuestra Isla. El Tribunal Supremo no fue constituido para que fuera un animal de dos cabezas, con un juez presidente por un lado y los jueces asociados por otro.

Es tan clara nuestra Constitución, que el Artículo V, Sección 1, establece siguiendo el modelo americano (el Congreso lo aprobó), que el Poder Judicial de Puerto Rico lo ejercerá un Tribunal Supremo y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley.

El Artículo V, Sección 7 de la misma Constitución, nos indica que el Tribunal Supremo adoptara reglas para la administración de los tribunales y que el juez presidente la dirigirá, y nombrará un director administrativo para desempeñar su cargo a discreción de dicho magistrado.

Fuera del nombramiento del director administrativo de los tribunales, es el pleno del Tribunal Supremo el que ejerce el Poder Judicial y todo lo relativo a los asuntos del tercer poder constitucional.

Jueces del Supremo

El que a través de los años, hasta el ultimo cuatrienio, el Partido Popular haya nombrado a la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo y que éstos hayan delegado por inacción, vagancia o torpeza todos los poderes en el juez presidente, esto no lo convierte en una realidad legal aceptable. No hace sentido ni lógico ni constitucional, que se pretenda hoy, que todo lo que huela a administración recaiga exclusivamente en un juez. A menos que se le esté allanando el camino al heredero de la repartición de nuevos tribunales en Puerto Rico.

El intento de la presente Legislatura de darle poderes absolutos al juez presidente es un ataque frontal a la esencia constitucional, con fines puramente políticos y de repartición de billetes. La ironía de todo esto es que las leyes que se pretende aprobar al monopolizar el Poder Judicial en las manos de un solo juez han de ser puestas a prueba en los propios tribunales, y será el pleno del Tribunal Supremo el que decidirá si tal acción legislativa es válida. Crónica de una muerte anunciada.

Los intentos de monopolizar poder no funcionan y son rechazados por mentes pensantes. No le conviene a Puerto Rico y todo lo que logran es desestabilizar aún más la pobre imagen de la judicatura de Puerto Rico como institución. Con tanto buen juez que hay en el sistema, ¿cómo es posible que se pueda trabajar adecuadamente donde claramente el mensaje es “o te alineas o te vas”?

Ya es tiempo de democratizar el sistema judicial. Es tiempo de nombrar a personal judicial por méritos y no por política; es tiempo de que a los jueces se les dé la seguridad de que pueden decidir según su conciencia, sin miedo al espectro de la renominación controlada por políticos, o sin miedo a los resultados de una velada con martinis, o un viaje de cacería en Centroamérica.

¿Alguien piensa verdaderamente que nuestro sistema judicial es independiente y que a los jueces se les respeta como debe ser? Claro que no, hasta los abogados amenazan a los jueces. ¿Qué juez se atreve a hablar públicamente sin permiso del juez presidente o de su fotuto? Ninguno.

Ésa es la realidad. Y por eso la justicia civil es de quien tiene más recursos, de quien invita a más jueces o de quién conoce a quién.

Por eso la justicia criminal es un desastre en el cual los casos criminales y los delitos se transan como si fueran mercancía barata. No, señor, el que la haga que la pague y los jueces que corren nuestro sistema que asuman la responsabilidad que la toga les da en este desastre social en que vivimos.

Es al pleno del Tribunal Supremo al que le corresponde devolver al pueblo esa confianza en la judicatura mediante la gesta administrativa. Dejemos la ineptitud colectiva a un lado, la irresponsabilidad grupal que por décadas gobernó en el Tribunal Supremo, pues, de lo contrario, vamos a acabar con lo poquito que nos queda.

Señores jueces del Tribunal Supremo, defiendan su tribunal y defiendan a sus jueces de instancia quienes, en tantas ocasiones y con pocos recursos, sienten el peso de la intimidación política.