Pierluisi le advirtió que habrá repercusiones por las actuaciones en contra del movimiento estadista

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, advirtió ayer que la administración del Partido Popular Democrático continúa sus esfuerzos por desmantelar todas las estructuras gubernamentales que estén encabezadas por funcionarios que fueron nombrados por la administración del PNP.

“Desde que comenzó este Gobierno hemos visto el despido de miles de empleados públicos por el único hecho de ser afiliados al PNP. Como si fuera poco, han aprobado leyes para desmantelar las Juntas de Gobierno y así sacar a los nombrados por la administración pasada, atentando con la autonomía de las corporaciones públicas”, dijo Pierluisi.

El líder de la Palma denunció que existe un fuerte cabildeo en el Senado de Puerto Rico para llevar a votación hoy el P. del S. 234, que pretende desmantelar la Administración de las Procuradurías, incluyendo la del Procurador del Paciente.

Pierluisi le advirtió que habrá repercusiones por las actuaciones en contra del movimiento estadista.

“Esto no quedará impune. Ya los casos que nuestro equipo legal ha estado trabajando en contra de este Gobierno por persecución política se están radicando en los tribunales”, dijo el líder de la Palma.

Mientras, el secretario general del PPD, Jorge Suárez Cáceres, le salió al frente al Comisionado Residente al indicarle que “contrario a lo que hace el PNP cuando administra el gobierno, el PPD trabaja con gente de todos los partidos e ideologías en posiciones claves”.

“Es irónico que el padrino de bautismo de la Ley 7, Pedro Pierluisi, ahora aparente que se preocupe por los empleos de la gente. Nuestro gobierno ha logrado los niveles más bajos de desempleo en los últimos 5 años y seguimos enfocados en la creación de empleos”, sentenció Suárez Cáceres.

CAPRICHOS POLÍTICOS DEL PPD PONEN EN RIESGO $395 MILLONES EN FONDOS FEDERALES PARA VIVIENDA PÚBLICA La Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico (AVP) es la segunda mayor autoridad de vivienda pública de la Nación, y administra 55,000 unidades de vivienda y más de 330 proyectos en la Isla, con $395 millones en fondos federales que le otorga el Departamento de la Vivienda federal.  De hecho, los $395 millones representan el 99.5% del presupuesto de la agencia. El Proyecto de la Cámara 1140 pretende desmantelar a la Administración de Vivienda Pública y traspasarle todas sus facultades a una junta de gobierno compuesta en su mayoría por otros jefes de agencia, con dos propósitos: adquirir el control de lo que ellos ven como un «botín» de $395 millones y repartirlo a contratistas comprometidos con el PPD, a base de consideraciones políticas y en menoscabo de los mejores intereses de los residentes; y despojar al Administrador de sus deberes, poner a la Junta a bregar el día a día de las 55,000 unidades de vivienda y 330 proyectos, menoscabando la Ley 181-2012, que nombró al Administrador por un término de 7 años, con el aval y a pedido del Departamento de Vivienda federal. Este asalto político del PPD a la Administración de Vivienda Pública pone en grave riesgo los $395 millones en fondos federales. Los programas de vivienda están sumamente reglamentados por el gobierno federal, y la condición primordial es que haya un Administrador con los poderes y facultades para trabajar día a día con los residentes, con los Consejos de Residentes y con los agentes administradores de los residenciales. Poner a una Junta (1) cuyos miembros ya dirigen otras agencias importantes, (2) no tienen el conocimiento de vivienda pública y (3) se reúnen si acaso una vez al mes, a bregar el día a día de la AVP, viola la ley y reglamentación federal.  Los residentes son quiénes pagarán los platos rotos.   AL PPD ESO LE VALE, PERO A LOS FEDERALES NO.   Lea la ponencia de la Administración de Vivienda Pública, en contra del proyecto,aquí.