Radican acciones legales contra medidas del Ejecutivo

Unos 390 empleados de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y otros 200 de otras dependencias gubernamentales, radicaron una acción legal impugnando la constitucionalidad de las leyes 3 (el ‘retirazo’) y 18 (el ‘supremazo’) de 2013.

Los demandantes, representados por los abogados Edgar Vega, Miguel Verdiales y Raúl Santiago, alegan que el ‘retirazo’ menoscaba obligaciones contractuales contraídas por el ELA con los demandantes. Además, aducen los demandantes que el ‘supremazo’ es inconstitucional ya que, alegadamente, trastoca poderes inherentes del Tribunal Supremo de manera inconstitucional, y afecta el propio caso de ‘retirazo’ que están llevando.

En apoyo a sus alegaciones, los demandantes citan un estudio de la empresa consultora McKenzie, contratada por el Gobierno para analizar las deficiencias del Sistema de Retiro y las razones por la cuales surgieron. De acuerdo con McKenzie, las mismas tienen origen en cinco causas fundamentales: entre el 2000 y 2008 (años en los cuales el Poder Ejecutivo era controlado por el PPD), no se atendió el financiamiento de las obligaciones fiscales del sistema; se aprobaron leyes especiales otorgando beneficios sin tomar en cuenta la fuente de financiamiento; se promovieron retiros tempranos sin contemplar cómo iban a ser financiados; se aumentó la cantidad que los empleados podían tomar prestado al Sistema de Retiro, drenando el efectivo en caja del Sistema.

Finalmente, se dieron transacciones altamente especulativas que, aunque proveyeron efectivo a corto plazo, cargaron al sistema con pagos altísimos a la compañía que llevó a cabo las transacciones.

Según los demandantes, el informe Mckenzie nombra a Juan Cancel Alegría, Alfredo Salazar, Jorge Irizarry, Minia González, y las juntas de varias agencias como los responsables de la debacle fiscal del Sistema de Retiro.

Los demandantes alegan que, ya que el ‘retirazo’ entraba en efecto el 31 de mayo de 2013, se encuentran en un estado de indefensión pues no tienen tiempo suficiente para impugnar la ley a menos que el Tribunal Supremo tome acción.

En conjunto con esa alegación, los demandantes aseguran que el ‘supremazo’ es inconstitucional, ya que limita el poder del Tribunal Supremo de entender casos de emergencia como el de los demandantes. Citando jurisprudencia, los demandantes le solicitan al Tribunal Supremo que use su poder ya que el caso es uno de “trascendental importancia en aquellos casos en los que existan situaciones de verdadero interés público”.

Los demandados son representados por el Departamento de Justicia y el bufete Reichard & Escalera, un bufete al que se le vincula con el partido de gobierno.