NR – El PPD/Izqs son Latinoamericanistas, creen que lo judicil es in instrumento al servicio del poder oligarca. Pero la Ley 600 establece que los cambios en el Supremo tienen que ser aprobados por los tres poderes del Régimen de la Ley vigente. AGP, el cual lo único de abogado que tiene es el título (por muchos debatido), pretende ser un Dictador de República Bananera, pero desde el 7 de noviembre 2012 ha demostrado lo que muchos sabían, que es un inepto mentecato destructor.

14 de junio de 2013  7:39 p.m.

Humacao- El senador popular Jorge Suárez expresó este viernes que la semana próxima radicará un proyecto de ley de su autoría que propone revocar la legislación que aumentó a nueve el número de miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico y devolverlo a su tamaño anterior, de siete jueces.

Sin embargo, su propuesta podría no llegar ni a primera base, pues representaría ir en contra lo que dice el artículo V, sección 3, de la Constitución de Puerto Rico, que establece: «El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y cuatro jueces asociados. El número de sus jueces sólo podrá ser variado por ley, a solicitud del propio Tribunal Supremo».

Suárez, tal vez movido por la efervescencia del momento en el que el Supremo y el Ejecutivo están en medio de una agria disputa, pareció ajeno a la posibilidad de que su proyecto vaya en contra de lo que dice la Constitución del Estado Libre Asociado.

“Por lo menos yo, la semana entrante voy a estar presentando un proyecto de ley para devolver el tamaño del Tribunal Supremo a su estado original. Vamos a revocar la ley que se había aprobado el cuatrienio pasado porque ahora mismo atravesamos una situación fiscal seria”, expresó el legislador al comentar sobre la disputa existente entre las ramas legislativas y ejecutiva con la nueva mayoría del Tribunal Supremo en un aparte con periodistas durante una actividad que se celebró en Humacao.

Según el senador, de aprobarse la medida, tendría el efecto de destituir a los últimos dos jueces asociados nombrados por el exgobernador Luis Fortuño: Roberto Feliberti Cintrón y Luis Estrella Martínez. Lo anterior, no obstante, no es posible, pues en caso de una reducción de los miembros del Tribunal Supremo no se destituiría a ningún miembro del cuerpo, sino que las próximas dos vacantes que surgieran, no se llenarían.

La pugna entre el Gobierno y el Tribunal Supremo tiene su origen en la determinación de la mayoría de los miembros del Supremo declarando inconstitucional una ley que le reducía competencia o jurisdicción para ver casos.

Aunque la Constitución establece que el número de miembros del Supremo sólo puede ser alterado a solicitud de los jueces que componen ese cuerpo, Suárez rechazó lo anterior. “¿Cuál fue la solicitud de Hernández Denton para aumentarlo? Yo no la vi, no la leí, no la escuché”, dijo.

Además de Feliberti Cintrón y Estrella Martínez, actualmente el Tribunal Supremo está compuesto por el juez presidente Federico Hernández Denton, nombrado por el exgobernador Rafael Hernández Colón; las juezas asociadas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez, nombradas por la exgobernadora Sila Calderón; y los demás jueza y jueces asociados nombrados por Fortuño, que son Rafael Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco, Eric Kolthoff y Edgardo Rivera García.

Gobernador no lo tiene en agenda

Entretanto, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que no está sobre la mesa la discusión sobre una reducción en el número de jueces del Tribunal Supremo.

“No está en los planes, no es algo que estemos considerando. A todo lo que se dirige nuestra energía es a lo que directamente redunda en mejorar la economía y en crear comunidades más seguras”, dijo el mandatario al ser preguntado sobre el particular en una actividad en una farmacéutica en Humacao.

Sus expresiones se produjeron sin que conociera del proyecto que planifica radicar Suárez.

El primer ejecutivo reiteró su posición de que la mayoría de los jueces del Supremo erró en su determinación declarando inconstitucional una ley que definía su campo de jurisdicción.

“De lo que se trata es que el Tribunal Supremo evalúa la constitucionalidad de las leyes, pero no puede enmendar la Constitución. La Constitución dice que ellos verán en primera instancia los casos de habeas corpus y los casos que por ley se le deleguen. Lo que está haciendo la Asamblea Legislativa es decidiendo cuáles (casos) se le delegan por Ley”, sostuvo.