El Secretario General del Partido Nuevo Progresista (PNP) critica las movidas de la nueva administración
EL VOCERO / Archivo
El secretario General del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora, acusó hoy al gobernador Alejando García Padilla y a la administración del Partido Popular Democrático (PPD) de esconder impuestos que pretenden imponerle al pueblo.
“Es una falta de respeto que el gobernador García Padilla y su administración no tenga ningún tipo de transparencia durante el proceso de cuadrar el presupuestos y las acciones que tomarán para aprobar el mismo” expresó Torres Zamora.
El Secretario General sostuvo que, según solicitó la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, la administración del PPD tiene que presentarles a los ciudadanos todos los impuestos que impondrán con el nuevo presupuesto. “Todos tenemos el derecho de saber cuáles son los acuerdos sobre estos “impuestos sorpresa” y cómo afectarán el bolsillo de la gente”, añadió.
Asimismo, Torres Zamora resaltó que ya han pasado casi siete meses de la administración Popular, y lo único que ha visto son nuevos impuestos y aumentos.
“La administración Popular continúa mintiendo e incumpliendo todas las promesas que hicieron durante su campaña. Lo que hacen los líderes del PPD y su gobernador Alejandro García Padilla, es meterle la mano al bolsillo de los puertorriqueños y destruir nuestra economía”, puntualizó el Secretario de la Palma. “Todos los sectores se han opuesto a estos impuestos, todos estamos de acuerdo que esto será devastador para la Isla”, añadió.
Del mismo modo, resaltó el problema que tiene la Isla con las casas acreditadoras. “Las casas acreditadoras no tienen ningún tipo de confianza en Puerto Rico. Las decisiones que está tomando el gobernador García Padilla están llevando nuestro crédito al nivel de chatarra, nadie va a tener interés en hacer negocios o invertir en Puerto Rico”, manifestó Torres Zamora.
“Necesitamos a un Gobierno que tome decisiones beneficiosas para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía y así de nuestra gente…no decisiones que nos impacten de manera negativa, ahuyentan inversión y aumentan los costos al consumidor”, finalizó el Secretario General.
El Secretario General del Partido Nuevo Progresista (PNP) critica las movidas de la nueva administración
EL VOCERO / Archivo
El secretario General del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora, acusó hoy al gobernador Alejando García Padilla y a la administración del Partido Popular Democrático (PPD) de esconder impuestos que pretenden imponerle al pueblo.
“Es una falta de respeto que el gobernador García Padilla y su administración no tenga ningún tipo de transparencia durante el proceso de cuadrar el presupuestos y las acciones que tomarán para aprobar el mismo” expresó Torres Zamora.
El Secretario General sostuvo que, según solicitó la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, la administración del PPD tiene que presentarles a los ciudadanos todos los impuestos que impondrán con el nuevo presupuesto. “Todos tenemos el derecho de saber cuáles son los acuerdos sobre estos “impuestos sorpresa” y cómo afectarán el bolsillo de la gente”, añadió.
Asimismo, Torres Zamora resaltó que ya han pasado casi siete meses de la administración Popular, y lo único que ha visto son nuevos impuestos y aumentos.
“La administración Popular continúa mintiendo e incumpliendo todas las promesas que hicieron durante su campaña. Lo que hacen los líderes del PPD y su gobernador Alejandro García Padilla, es meterle la mano al bolsillo de los puertorriqueños y destruir nuestra economía”, puntualizó el Secretario de la Palma. “Todos los sectores se han opuesto a estos impuestos, todos estamos de acuerdo que esto será devastador para la Isla”, añadió.
Del mismo modo, resaltó el problema que tiene la Isla con las casas acreditadoras. “Las casas acreditadoras no tienen ningún tipo de confianza en Puerto Rico. Las decisiones que está tomando el gobernador García Padilla están llevando nuestro crédito al nivel de chatarra, nadie va a tener interés en hacer negocios o invertir en Puerto Rico”, manifestó Torres Zamora.
“Necesitamos a un Gobierno que tome decisiones beneficiosas para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía y así de nuestra gente…no decisiones que nos impacten de manera negativa, ahuyentan inversión y aumentan los costos al consumidor”, finalizó el Secretario General.
Expertos aseguran medidas no evitarán la degradación del crédito aunque se haya cuadrado el presupuesto
Las medidas acordadas por la Legislatura y el Ejecutivo, el martes, terminarán encareciendo los productos y servicios, según los expertos. El Vocero / Gerardo Bello
Yennifer Álvarez Jaimes e Ileanexis Vera Rosado
EL VOCERO
El gobernador Alejandro García Padilla aseguró que los nuevos impuestos que ascienden a $1,500 millones no terminarán afectando el bolsillo de la clase media, aunque economistas advirtieron que las medidas impositivas para el cuadre del presupuesto no necesariamente impedirán la degradación del crédito del Gobierno.
García Padilla dijo estar confiado en que el nuevo presupuesto evitará que las agencias acreditadoras degraden el crédito de Puerto Rico a ‘chatarra’.
“La recesión no se debe a la reducción en el consumo, sino a la reducción en la inversión… Como no ha habido una reducción en el consumo, las empresas no pueden darse el lujo de aumentar sus precios porque no hay un problema de consumo y perderían clientes”, sentenció el Primer Ejecutivo a preguntas de EL VOCERO.
El mandatario insistió que no habrá una degradación en el crédito porque se atendió el déficit en el Sistema de Retiro y se aprobará un presupuesto balanceado. “El presupuesto incluye ideas de la empresa privada, de distintos sectores, ideas de la Cámara y el Senado, y yo sé que el camino se hace al andar, pero espero que vayan viendo que este es un gobierno que está dispuesto a escuchar”, sentenció García Padilla.
De otro lado, aunque el Gobernador aseguró que le parece que el 1ro. de diciembre es tiempo suficiente para que entre en vigor la disminución del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) de 7 a 6.5 por ciento, dejó la puerta abierta a retrasar la reducción.
Necesario plan de desarrollo
De acuerdo a los economistas Argeo Quiñones y José Antonio Rodríguez, además de un presupuesto balanceado, la Isla necesita un plan de desarrollo para convencer a las casas acreditadoras.
En entrevista con EL VOCERO, Quiñones recordó que el déficit en el Sistema de Retiro, el endeudamiento público y la recesión son fundamentales en decidir la clasificación que otorgan las acreditadoras.
Mientras, Rodríguez apuntó que el aumento propuesto en el presupuesto por el Ejecutivo no contempla invertir en renglones que generen actividad económica como el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología o la Ley 222 de desarrollo urbano. Apuntó que la inversión en infraestructura no es suficiente.
“Usted no aumenta impuestos cuando hay contracción económica. Si limita la potencia de generar riqueza va a minimizar el recaudo”, indicó Rodríguez.
Quiñones sostuvo a preguntas de este rotativo que “es obvio que las corporaciones van a tratar de pasarle el costo de esos impuestos a sus clientes”.
Asimismo, subrayó el problema de captación del Gobierno y advirtió que las partes afectadas con los impuestos diseñarán estrategias para minimizar el impacto de las nuevas contribuciones.
“Lamentablemente, este Gobierno llegó con las manos vacías sabiendo que existía un cuadro crítico en las finanzas y en la economía de Puerto Rico”, destacó Quiñones.
El economista recordó que el Departamento de Hacienda sigue siendo ineficiente en la captación y la fiscalización. Recordó que durante la pasada administración se intentó crear una división para fiscalizar las grandes empresas y los grandes contribuyentes, pero se desconocen los resultados.
Precisamente la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, dijo que en septiembre tomará una determinación sobre el estatus de un reglamento –que se dejó aprobado durante la pasada administración– para impedir que las corporaciones e individuos que trabajan mediante servicios profesionales evadan rendir contribuciones sobre sus ingresos mediante el mecanismo de ‘travel & expenses’.
Respiro para detallistas
Por su parte, Enid Monge, presidenta del Centro Unido de Detallistas, manifestó haber sentido un respiro con la exclusión de los pequeños negocios de todas las medidas.
“Lo que nos han indicado hasta el momento es que las medidas están atendiendo nuestro llamado a permitir que los Pymes puedan continuar siendo competitivos al no imponerles contribuciones adicionales, como sería la patente estatal para aquellos cuyas ventas sean inferiores al millón de dólares, lo que nos devuelve un poco la tranquilidad”, puntualizó Monge.
No obstante, afirmó preocuparle el impacto de las medidas en las empresas medianas cuyas ventas superan el millón de dólares pero sus gastos operacionales igualmente absorben gran parte de dicha cuantía.
Asimismo, presidentes de diversos gremios del País y manufactureros locales hicieron un llamado al Gobierno a comprometerse con eliminar los nuevos impuestos en un plazo de dos años.
Alberto de la Cruz, presidente de Coca-Cola Bottlers en Puerto Rico, manifestó su preocupación ante la imposición de una patente estatal, entendiendo que la misma no aplica a las manufactureras extranjeras, lo que coloca a la industria local en desventaja y abre la puerta a la fuga de manufactura local a mercados de menor costo operacional. “El Gobierno debe tomar en consideración al manufacturero local como al extranjero, para mantener una justa competencia en igualdad de condiciones. Desconocemos cómo pudiesen hacerlo, pero mientras nos imponen contribuciones solo a los de aquí, nos colocan en desventaja para poder competir y abren el camino para que se visualicen otros mercados como opción de inversión”, expresó De la Cruz.
Mientras, Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales, confía que el Gobierno ponga la palabra en la acción y mantenga estas propuestas como temporeras, al entender que se trata de una emergencia que tiene que ser atendida y donde todos los sectores tienen que aportar.
“Una vez implementadas estas medidas, le toca al Gobierno hacer su parte. Tienen que reducir sus gastos y ampliar los niveles de captación. Estas tienen que ser medidas temporeras dirigidas a solucionar una situación que vive el País en un momento histórico. Una vez lograda la meta, el trabajo está en que nunca vuelva a suceder”, señaló Rivera.
Kenneth Rivera, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, aceptó que las medidas consideradas son unas fáciles de fiscalizar y de allegar fondos, y también advirtió que en nada ayudan al desarrollo económico, razón por la cual entiende no debe prolongarse por un término de tiempo mayor a dos años. Sostuvo que una vez aprobadas las medidas, se reevalúe el sistema contributivo del País.
Por su parte, Edwin Rodríguez, presidente de la Asociación de Detallistas, se mostró esperanzado en que las medidas presentadas sean modificadas. Indicó que al no existir un proyecto final aprobado todavía se pueden dar cambios y confió en que la patente estatal sea reevaluada ya que impacta el grueso de la venta y no contempla los gastos operacionales.
Vila Biaggi, sin embargo, recalcó que la decisión de la creación de más plazas de peaje no está determinada todavía. (Archivo)
Aclaró que lo que se ha explorado no implica un alza a los peajes existentes operados bajo la ACT, sino de crear plazas de peajes nuevas, como por ejemplo en la PR-30.
La creación de más plazas de peaje en tramos de carreteras como la PR-30, en el Este, figura entre las medidas consideradas para allegar más capital a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), admitió la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi.
«Estamos en un proceso de evaluación de medidas necesarias para allegar fondos a la ACT que tiene una deuda con el Banco Gubernamental de Fomento de más de $2,200 millones», sostuvo la funcionaria.
«Entre las posibilidades que se están considerando está la reestructuración de algunas vías donde no existen plazas de peaje actualmente», sostuvo Vila al explicar que así se lograrían aportaciones «para su mantenimiento y uso».
Aclaró que lo que se ha explorado no implica un alza a los peajes existentes operados bajo la ACT, sino de crear plazas de peajes nuevas, como por ejemplo en la PR-30.
«Si usted viaja de Humacao a San Juan o Caguas por un tramo considerable del expreso no pasa por plazas de peaje», aunque se desplaza por un trayecto extenso, comentó este martes la funcionaria al reconocer que es una medida explorada como potencial legislación.
En el pasado cuatrienio, además de agudizarse las deudas en la ACT, el gobierno privatizó el expreso de Diego o ruta PR-22, que discurre desde San Juan hasta Hatillo. Al quedar bajo la jurisdicción de la empresa Metropistas esa importante vía, el Gobierno dejó de recibir millones de dólares por concepto de los peajes que operan en esa ruta.
Vila Biaggi, sin embargo, recalcó que la decisión de la creación de más plazas de peaje no está determinada todavía.
«No estamos diciendo que eso es lo que vamos a hacer sino que está dentro de las posibilidades», argumentó.
Confirma despidos tras dopajes
La funcionaria reconoció a preguntas de periodistas que cuatro empleados de La Fortaleza que arrojaron resultados positivos en pruebas de dopaje administradas hace unas semanas fueron despedidos definitivamente de sus puestos.
Al principio Vila Biaggi dijo que cuatro empleados cuyos nombres no se han revelado fueron «separados de sus puestos», pero luego, a preguntas reiteradas de la prensa, aclaró que quedaron «despedidos», tras cursarle cartas firmadas por Harold González, administrador de La Fortaleza.
La acción, según Vila Biaggi, se tomó de acuerdo a disposiciones del Reglamento de Personal de Confianza de La Fortaleza y tras ofrecerles a esas personas la opción de referirlos a un programa de ayuda contra la adicción a drogas. Dejó entrever las cuatro personas que no se interesaron en esa alternativa y ya cesaron en sus cargos.
Explicó que las pruebas de dopaje se le hicieron a 317 empleados de la mansión ejecutiva y repudió rumores circulados por redes sociales en el sentido de que Arturo Ríos Escribano, asesor laboral del Gobernador, tuvo resultados positivos en el dopaje.
«Eso es falso», sentenció al condenar que se pretenda mancillar y dañar la reputación de un recurso «sumamente valioso y responsable».
Explicó que hace tales manifestaciones porque fue autorizada personalmente por el abogado, quien se desempeña como asesor de asuntos laborales, a raíz de mensajes anónimos transmitidos por una cuenta de Twitter.
Explicó que no requerirá a los empleados cuyos nombres se han especulado en redes sociales que divulguen el resultado de sus pruebas de dopaje porque eso es un asunto confidencial y quedan a discreción de cada individuo hacer público ese tipo de información.
Aclaró también que en un momento se habló de cinco empleados con resultados positivos al dopaje, pero esa persona adicional fue un potencial empleado, una persona que estaba en proceso de ser reclutada para laborar en La Fortaleza, pero cuando se conoció el resultado positivo no fue contratada.
“No se han tomado el tiempo de mirar todo el desarrollo”
Alberto Bacó. El Vocero / Luis A. López
Mientras varios economistas señalan que el impuesto a los servicios entre negocios (‘business to business’) terminará encareciendo los costos de producción y además, tendrá un efecto en los precios de consumo, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó Bagué, dijo que los economistas “no se han tomado el tiempo de mirar todo el desarrollo” antes de emitir sus opiniones.
Bacó Bagué dijo que “los economistas, el 90 por ciento del tiempo tienen un matiz negativo” a la hora de brindar sus evaluaciones.
“Los economistas usualmente miran lo que ha pasado y eso es como ir guiando un automóvil en vez de (ir) mirando por el cristal, mirando por el retrovisor, eso es lo que hacen”, sentenció a preguntas de la Prensa.
“Alberto Lastra anuncio la cantidad de permisos corroborados de construcción nueva que se están dando, la cantidad de inversionistas que se están mudando a Puerto Rico bajo el programa que tenemos de incentivarlos, los programas de energía renovable que ya están comenzando a construirse… en nuestro modelo de negocio todos son importantes, y hoy (ayer) aquí es el nacimiento del fomento tecnológico”, agregó en un aparte con la Prensa mientras participaba de la primera Cumbre tecnológica de Puerto Rico.
Tanto el gobernador Alejandro García Padilla como el Titular del DEC consideran que el impuesto a los servicios entre negocios no afectará al consumidor. Sin embargo, economistas como Elías Gutérrez aseguran que “por supuesto va a haber un efecto en los precios de consumo” e incrementará el costo de producción y se afectará adversamente la economía del País.
Sigue opuesto al ‘business to business’ liderato legislativo
Legisladores se reunirán hoy con Secretaria de Hacienda para sobre los nuevos impuestos
Jaime Perelló (izquierda) sostuvo que este modelo impositivo no aplicará a pequeños y medianos negocios. A la derecha el representante Charlie Hernández. EL VOCERO / Willín Rodríguez
El liderato legislativo continúa opuesto a que se agraven las compras entre negocios ‘business to business’, una alternativa que ya el gobernador Alejandro García Padilla adelantó que no se va a eliminar. Se espera que hoy se reúnan nuevamente los legisladores con la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, para decidir los impuestos nuevos que se aprobarán en aras de cuadrar el presupuesto.
“Yo me imagino que lo que quiere decir el Gobernador es que no se ha llegado a un acuerdo, pero la verdad es que hay mucha preocupación con ese impuesto”, dijo José Nadal Power, presidente de la Comisión senatorial de Hacienda. Insistió en que no favorece este impuesto.
“La intención de sustituir (ese impuesto) sigue ahí. Yo tengo mucha preocupación con este impuesto. En la medida en que haya alternativas que tengan menos impacto en la forma de hacer negocio, creo que deberíamos considerarlo”, dijo Nadal Power.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, dijo por su parte que esperan el análisis de Hacienda a las medidas de recaudo que impulsan desde el Senado. Explicó que, entre las medidas que favorecen para aumentar los recaudos están: crear una patente estatal, subir nuevamente de 29 por ciento a 39 por ciento la tasa contributiva de las corporaciones, fortalecer la fiscalización del IVU en los muelles y cobrar impuestos a los que traen productos a Estados Unidos y aumentar un porciento del arbitrio que se cobra en los muelles. Bhatia dijo que, de las alternativas bajo evaluación, esta última es la que menos aceptación tiene. “Todavía estamos en esa evaluación”, dijo Bhatia.
La propuesta del ‘business to business’ enfrenta igual oposición en la Cámara. El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, sostuvo que este modelo impositivo no aplicará a pequeños y medianos negocios. “En lo que estamos de acuerdo es que el B2B no va a aplicar a pequeños y medianos negocios ni a pago de renta y hay otros cambios que no afectan la creación de empleos que podemos explorar”, dijo Perelló.
Legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) cuestionaron ayer si realmente existe un desfase de $2,200 millones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
El expresidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio Silva Delgado, dijo que la ACT tiene deudas hace mucho tiempo y que hay otras agencias que le deben al BGF. Sugirió reconsiderar que la ACT tenga que pagar toda la deuda que tiene con el BGF.
“Cada vez que llega un presidente nuevo al BGF quieren fondear el banco y no es necesario. Yo reconozco que la situación es difícil pero no necesariamente tienes que pagar todo el dinero que le debes al BGF”, dijo Silva Delgado. “Están tratando de crear una crisis”. Cuestionó que se vayan a aprobar proyectos nuevos de IVU sin discusión en vistas públicas.
De igual forma, el portavoz de la delegación novoprogresista en el Senado, Larry Seilhamer, dijo que la ACT debe tener fondos tras la privatización de parte de la PR 22. “He preguntado y no me han sabido contestar y mi impresión es que no se está adjudicando ese dinero a la deuda de la ACT”, dijo Seilhamer.
Gobernador asegura cumplirá con lo prometido aunque aún no ha determinado cuando será efectivo
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo no tienen claro si los recaudos proyectados en el nuevo presupuesto permitirán reducir el IVU. El Vocero / Archivo / Sebastián Márquez
El gobernador Alejandro García Padilla reconoció que todavía se está evaluando si es posible cumplir con su promesa de bajar en diciembre el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), de 7 a 6.5 por ciento.
El Primer Ejecutivo dijo que “en estos días” se podrá saber si los recaudos que se proyectan permiten reducir el IVU. “Por supuesto que un señalamiento que pueda indicar que (la rebaja del IVU) no va a ser en diciembre y va a ser enero, es un señalamiento que yo atendería, lo que nadie en la Asamblea Legislativa o La Fortaleza se plantea es incumplir un compromiso que hemos hecho con el País”, sentenció García Padilla en rueda de prensa, luego de reunirse con la Conferencia Legislativa en el Palacio Santa Catalina.
De otro lado, el Ejecutivo opinó que es contradictorio que el sector privado y empresarial reclame desconocer cuáles son las medidas impositivas que se adoptarán para cuadrar el presupuesto y al mismo tiempo anticipen que pueden desembocar en una contracción económica y despidos.
García Padilla reaccionó así a una carta abierta suscrita por 26 asociaciones empresariales y profesionales, en la que denuncian que las medidas de cuadre presupuestario afectan a los consumidores y a las empresas nativas pequeñas y medianas.
Asimismo, este sector le pide al Gobierno que se mantenga el IVU en 7 por ciento, que divulgue las medidas de control de gastos y que se comprometa a que los nuevos impuestos sean transitorios por un año. “Los escuchamos, aceptamos sus propuestas, están plasmadas. Pero luego de haber aceptado sus propuestas, tampoco están conformes. ¿Por qué? Porque no hay impuestos contra la clase media trabajadora”, reaccionó el Primer Ejecutivo a la carta abierta.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, fue más allá y dijo que la carta abierta es injusta “que no refleja la realidad del proceso de diálogo” que la Asamblea Legislativa ha tenido con el sector empresarial. En tanto, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, indicó que el presupuesto debería ser aprobado al final de esta semana.
Sobre la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Gobernador dijo a preguntas de EL VOCERO que se siguen evaluando las medidas de impuestos sobre el crudo y la gasolina, pese a que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, dijo que se necesitará una combinación de medidas como el aumento en el costo del marbete de los vehículos de lujo y el arbitrio al crudo.
La Sociedad Americana de Agencias de Viaje (ASTA) se unió al coro de voces de sectores que reclaman se les excluya de la aplicabilidad del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), ante al alegado impacto negativo que tendría en la actividad de negocios.
Daphne Barbeito, presidenta del capítulo local de ASTA, le envió una carta con su reclamo al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó Bagué, y le pidió que al menos le concedan una moratoria a las agencias de viaje si finalmente se aprueba incluirlos en la extensión del IVU.
Bacó Bagué, por su parte, dijo a EL VOCERO que ya le envió la carta a la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, para que la evalúe con su equipo de trabajo, el cual analiza las diferentes propuestas de los sectores en oposición a ser incluidos en el cobro del IVU. “El equipo va a llegar a unos acuerdos y atenderán los reclamos de Daphne, que son muy válidos”, dijo Bacó Bagué.
“…[N]os preocupa que se extienda el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para las transacciones de business to business (B2B), y erróneamente se quiera hacer ver que no incrementarán los costos de los productos y servicios”, indicó Barbeito en la carta. Y añade que “le solicitamos que interceda por nosotros solicitando una moratoria que cobije las agencias de viaje y mayoristas, hasta tanto el IVU se haya implementado a compras de productos y servicios de viaje por Internet”.
Barbeito explicó que el plan del Gobierno para aumenatr sus recaudos y balancear el presupuesto 2013-2014 “incrementaría nuestros costos de venta de servicios y productos en un 6.5%, sacándonos automáticamente de la cadena de distribución local y global. Estaríamos fuera de competencia. El cliente, sin lugar a dudas, buscará opciones a través del Internet, que aunque está en agenda que se implemente el IVU en las compras en línea localmente, aún no se sabe para cuando será”.
Planteó que un paquete a Europa, de 10 días para dos personas, con boletos de avión, hoteles y transportación, cuesta en promedio unos $4,500 por persona. Cuando se le añade el 6.5%, el costo del viaje le incrementaría al cliente $292.50 por persona, o sea $585.00 en total. “Les aseguro que ningún pasajero pagaría este costo adicional teniendo múltiples alternativas en Internet. Puerto Rico es un mercado altamente costo consciente, y por diferencias nominales de hasta $2 y $3, el cliente se decide por el producto de viaje más econ
Alejandro García Padilla aseguró que el impuesto ‘business to business’ no se eliminará
El Gobernador está confiado en que se presentarán las medidas para atender el déficit de la ACT en lo que resta de sesión legislativa. EL VOCERO / Luis A. López
Pese a la oposición del liderato legislativo, el gobernador Alejandro García Padilla aseguró ayer que el impuesto a los servicios entre negocios (‘business to business’) sigue en pie e insistió en que su administración evalúa alternativas para resolver la crisis multimillonaria en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), aunque no pudo detallarlas.
“El ‘business to business’ puede sufrir cambios, pero no se va a eliminar. No hay ningún tranque y Cámara y Senado continúan presentando alternativas. Aún estamos a tiempo, falta todavía un mes y estamos afinando detalles”, sentenció el Primer Ejecutivo sin especificar los posibles cambios al impuesto a los servicios entre negocios.
El Mandatario tampoco detalló las alternativas que evalúa para darle vida a la ACT, corporación pública que adeuda $2,200 millones y cuya deuda acerca al nivel de chatarra el crédito del País.
“Yo no te voy a decir cuáles son todas las ideas que la gente ha propuesto. Por ejemplo, la que proponía el Gobierno anterior que era aumentar los peajes, esa ya la descarté”, sostuvo García Padilla a preguntas de EL VOCERO, al tiempo que señaló que la Alianza Público Privada (APP) en la PR-22 fue un mal negocio para el País.
“(La pasada administración) vendió la PR-22 en $1,000 millones para reducir la deuda de (la Autoridad de) Carreteras y ahora no tenemos ese ingreso y aumentó la deuda de Carreteras”, agregó el Ejecutivo.
EL VOCERO reportó la semana pasada que el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier Ferrer, aseguró que la administración García Padilla tendrá que crear nuevos impuestos a la gasolina y a los marbetes no solo para dar liquidez a la ACT, sino para que no arrastre consigo la solvencia del BGF, con el que la corporación pública tiene una deuda de $2,200 millones que no puede pagar.
García Padilla está confiado en que se presentarán las medidas para atender el déficit de la ACT en lo que resta de sesión legislativa y dijo que no espera una sesión extraordinaria para atender el asunto.
Los proyectos deben aprobarse antes del 25 de junio, último día para aprobar medidas en la Asamblea Legislativa.
De otro lado, insistió en que el impuesto a los servicios entre negocios no afectará al consumidor. Alegó que economistas reconocidos como Juan Lara y Elías Gutiérrez confirman que los consumidores no tendrán que absorber el impuesto.
Sin embargo, en entrevista con EL VOCERO, Gutiérrez aclaró que “por supuesto va a haber un efecto en los precios de consumo”, aunque aseguró que le preocupa más “el efecto que tendrá el gravar los insumos de producción”. A su juicio, este impuesto incrementará el costo de producción lo que afectará adversamente la economía del País.
Luego que varias asociaciones profesionales rechazaron la ampliación de la base del Impuesto de Venta y Uso (IVU) con el impuesto a los servicios entre negocios, García Padilla opinó que era de esperarse porque ahora este sector le tocará pagar más.
“No hay ni una sola medida que vaya contra la clase media alta, media, media baja, ni la clase baja”, argumentó el Primer Ejecutivo.
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Jerry Acosta “Hoy queda al descubierto otro asalto más contra el bolsillo del puertorriqueño. Esta vez se trata de un aumento de uno punto cinco por ciento en las compras de todo tipo de vehículo de motor en la Isla. Esto es un duro golpe a los ciudadanos que tanto necesitamos de un automóvil o una guagua para transportarnos. Esto es una falta de respeto al pueblo. El gobernador anunció que no se tocaría a la clase media con sus medidas impositivas, hoy vemos que eso fue otra de sus mentiras”.
El senador penepé, José ‘Joito’ Pérez Rosa, denunció el martes que la administración del gobernador, Alejandro García Padilla, se apresta a imponer un nuevo impuesto de 1.5 por ciento a las compras de todos los vehículos de motor en la Isla. “Hoy queda al descubierto otro asalto más contra el bolsillo del puertorriqueño. Esta vez se trata de un aumento de uno punto cinco por ciento en las compras de todo tipo de vehículo de motor en la Isla. Esto es un duro golpe a los ciudadanos que tanto necesitamos de un automóvil o una guagua para transportarnos. Esto es una falta de respeto al pueblo. El gobernador anunció que no se tocaría a la clase media con sus medidas impositivas, hoy vemos que eso fue otra de sus mentiras”, enfatizó Pérez Rosa mediante comunicación escrita.
Según descrito en el Proyecto de la Cámara 1073, la plataforma impositiva del Partido Popular Democrático, se enmienda la Sección 1022.03 del Código de Rentas Internas, para imponer el nuevo impuesto a ‘las compras de propiedad sujetas a las disposiciones de la Sección 3020.08 del Subtítulo C de este Código’. El antes mencionado subtítulo refiere a los impuestos sobre la venta de cada vehículo importado o hasta fabricado en la Isla.
El senador estadista explicó que la incertidumbre económica asociada a la administración de turno ha tenido un efecto negativo en la venta de unidades de motor en Puerto Rico, una industria que se encontraba en plena recuperación.
“Este impuesto recae en el peor momento. No solo los puertorriqueños estamos sumergidos en una crisis gracias a las desacertadas políticas económicas implantadas por García Padilla, si no que ahora nos enteramos que las ventas de autos bajaron en un 5.5 por ciento en el mes de mayo. Esta nueva imposición duplicará esta reducción haciendo que muchos concesionarios de autos revalúen hacer negocio aquí”, explicó el senador por Arecibo.
Datos suministrados por el Grupo Unido de Importadores de Automóviles, reflejaron que las ventas totales para mayo fueron de 7,838 unidades, unas 438 menos unidades que en el mismo mes den 2012. Hasta el mes de mayo se habían vendido 40,152 unidades.
“En Puerto Rico llegó un momento en el pasado cuatrienio que se vendían alrededor de 10 mil unidades por mes. De hecho, en el 2012, casi se vendieron 100 mil vehículos. Con esta medida impositiva escondida, esa cifra bajará dramáticamente. Pocos somos los puertorriqueños que podremos pagar estos aumentos”, finalizó Pérez Rosa.
Los empresarios han levantado su voz de alerta ante la avalancha de nuevos impuestos que en días próximos estará aprobando la legislatura para cuadrar el presupuesto y es que según han anticipado lo que provocarán son despidos. Escuche el reportaje de Iliana Rivera Deliz AudioPlayer.embed(«pod_audio_2», {soundFile: «http%3A%2F%2Fwww.notiuno.com%2Fuploads%2F2013%2F06%2FREP-ILIANA-SEGUNDA-PRIMERA-PLANA-SECTOR-PRIVADO-ASEGURA-DESPIDOS-SI-APRUEBAN-MEDIDAS-IMPOSITIVAS-PARA-CUADRAR-EL-PRESUPUESTO-17JUNIO2013.mp3»});… [Leer más…]
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