Cámara de Representantes aprueba presupuesto de $9,770 millones

La reducción del Impuesto sobre Ventas y Uso no bajará de 7 a 6.5%, como prometió el gobernador Alejandro García Padilla desde su pasado mensaje de estado en abril, determinó esta madrugada la Cámara de Representantes al aprobar los proyectos de presupuesto, entre ellos el sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1073, una medida que, como en la noche de los cuchillos largos, le mete la mano a los bolsillos de la mayoría de las personas y corporaciones.

El Proyecto de la Cámara 1073 lleva por flamante título “Ley de redistribución y ajuste de la carga contributiva”, ahí se imponen nuevos impuestos a las primas de los seguros, contribuciones especiales, se obligan contribuciones adicionales a corporaciones desde una tasa menor, se le impone IVU y arbitrios a las cooperativas, se impone una carga a los comercios con $10 millones de entradas brutas (y no $50 millones como antes), entre otros múltiples nuevos gravámenes y ajustes contributivos, entre ellos a los individuos que tienen ingresos “brutos” de sobre $200,000.

Pero además, este ley autoriza que las cantidades del Fondo de Interés Apremiante (FIA) “en exceso de las cantidades necesarias para pagar el principal y los intereses de los bonos de COFINA… sean transferidas al Fondo General para ser utilizadas según determine el Secretario de Hacienda y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”.

El presidente de la Cámara Jaime Perelló anunció que se aprobó un presupuesto de $9,770 millones, aunque el real es de $9,966,500 millones, según la portavoz de la minoría del PNP Jennifer González. Parte del déficit se cubrirá con un préstamo de $245 millones.

El penúltimo artículo (49) del proyecto sustitutivo deja ver que no se aprobará lo que hasta ahora había sido la medida esencial propuesta del Gobierno para allegar sobre mil millones a las arcas gubernamentales, ampliando considerablemente el IVU al eliminar la mayor parte de las exenciones que tiene, y a su vez rebajarle .5% para dejarlo en 6.5%.

Esta rebaja se le sacaría del 1% que reciben los municipios, dejándolos en apenas .5% del total de 7% de IVU. Los alcaldes asociados, que agrupa a los alcaldes populares, apoyaron la medida, pero la Federación de Municipios, que agrupa a los alcaldes novoprogresistas, puso el grito en el cielo y comenzó una agresiva campaña en contra, explicando entre otras cosas que un .2% del IVU que reciben respalda préstamos municipales y por tanto ese renglón no debía tocarse debido a las consecuencias legales, como que se les cancelara los préstamos y fueran obligados a pagarlos de cantazo para lo que ningún municipio tiene dinero.

La Cámara dejó entrever que la gran cantidad de medidas impositivas que se están legislando podría ser suficiente para manejar las deudas en que ha incurrido el gobierno. La rebaja del IVU estaba planificada para comenzar en diciembre de este año. Pero no será hasta junio de 2014 que podría volverse a considerar dicha medida.

“La Asamblea Legislativa podrá, luego de realizar un abarcador análisis de la información provista por el Departamento de Hacienda respecto al comportamiento de los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso durante el año fiscal 2013-2014, reducir y/o eliminar el punto cinco (.5) por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso municipal que en la actualidad recauda el Departamento de Hacienda. Se establecerá la consignación de las cantidades necesarias del Fondo General para satisfacer obligaciones de los municipios contraídas antes de dicha fecha de efectividad del cambio, pagaderas de los fondos establecidos en las secciones 4050.07, 4050.08 y 4050.09 de este Código (de rentas internas).

Luis “Tato” León advirtió esta mañana que la ampliación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) afectará también a estudiantes de instituciones privadas.

También se afectarán los estudiantes matriculados en colegios técnicos y escuelas vocacionales.

“El Departamento de Hacienda ha subestimado dramáticamente el impacto que tendrá en la educación postescuela superior la ampliación de la base del IVU a los materiales y servicios educativos. Nadie se crea que las universidades privadas absorberán este nuevo costo. Estas lo pasarán directo a sus estudiantes, cuya inmensa mayoría proviene del sistema público de enseñanza. Para comparación, el 40 por ciento de los estudiantes matriculados en la Universidad de Puerto Rico proviene de escuela pública, mientras que en las universidades privadas ese promedio ronda en alrededor del 65 por ciento. El impacto será sentido por el que menos tiene”, señaló León en un comunicado de prensa.

El legislador indicó que este es el peor momento para imponer más contribuciones a los servicios educativos, debido a la reducción en ayudas federales para sufragar gastos universitarios asociados al “secuestro fiscal”.

“Imponer el IVU a las universidades donde están los estudiantes de menos ingresos es una paradoja, porque se ha dicho que el IVU lo deben pagar las personas que más tienen. Un aumento en momentos en los cuales tenemos un secuestro fiscal federal, que ha limitado las ayudas federales estudiantiles, provocaría un aumento en la matrícula afectando los estudiantes beneficiarios de becas federales y préstamos subsidiados, lo que limitaría el dinero para la compra de comida, libros y gastos de transportación”, dijo el legislador de la Palma.

Según datos provistos por la Asociación de Colegios y Universidades Privadas, el impacto de la aplicación del IVU a los servicios educativos está estimado en 4.5 millones de dólares anuales para el sistema de la Universidad Interamericana, mientras que el Sistema Educativo Ana G. Méndez estima el golpe en 2.5 millones de dólares.

Actualmente, el costo por crédito de la Universidad Interamericana está en 170 dólares y en el Sistema Ana G. Méndez en 185 dólares, aunque ya el presidente de ésta última anunció un aumento de 10 dólares por crédito como medida preventiva al impuesto.

“Exhortamos a la mayoría parlamentaria a que elimine de las medidas impositivas la ampliación del IVU a los efectos y servicios educativos, como actualmente está. Nuestros estudiantes son la base del desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. La pregunta es clara: ¿Cuántos de ellos no podrán estudiar por los altos costos de entrar a la universidad? Con esta imposición el gobierno está cortando el futuro de nuestra isla”, puntualizó León.

El representante novoprogresista anunció la presentación de la Resolución Conjunta 576, que ordena a las Comisiones de Educación para el Fomento de las Artes y la Cultura y Asuntos Federales e Internacionales y Asuntos del Veterano, realizar una investigación y estudio de cómo podría afectar la ampliación del IVU en los costos operacionales en las universidades, escuelas técnicas, vocacionales y colegios privados ante la eventualidad de que tengan que aumentar el costo de la matrícula y los créditos universitarios.

Legislador alerta sobre nuevo aumento a factura de luz

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Durante la discusión en la Cámara de Representantes del llamado proyecto Ley de Empleos Ahora, el representante novoprogresista Luis “Tato“ León Rodríguez, denunció que los incentivos en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ofrece la medida, tendrán un impacto directo al bolsillo de los puertorriqueños. Asimismo, León Rodríguez enfatizó que estos subsidios, según la legislación, serán pagados por el Departamento de Hacienda, pero la realidad es que al final caerá sobre los hombros de los consumidores, debido a que sin determinar un término específico, Hacienda tendrá que reponer el dinero de las ayudas devengadas a la propia Autoridad.

“Como la medida presentada no especifica un tiempo exacto para que Hacienda le pague el dinero de los subsidios a la AEE, estarían obligados según su propia fórmula a cargárselo a los abonados no subsidiados de la Autoridad en un término de tres meses”, sostuvo León Rodríguez.

A esto, el representante presentó en el pleno una enmienda a la iniciativa donde especifique que “el costo de los subsidios no podrá transferirse a los abonados como parte de la fórmula de ajuste de combustible o cualquier otra fórmula que se utilice para determinar el cómputo de la factura por servicio de electricidad”.

Respectivamente, la Delegación del Partido Popular derrotó la enmienda presentada a viva voz, sin discutir el planteamiento presentado.

“Aquí, en el Proyecto 599 hay un aumento escondido en el costo de la luz y una vez más esta administración le está metiendo la mano en los bolsillos al pueblo”, puntualizó el representante.

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Cámara aprueba tarifa preferencial de AAA

19 de junio de 2013 – Actualidad, – Vocero.com

Ahorros de $50 millones en la AAA mitigarán aumento en el costo del agua

La Secretaria de la Gobernación rechazó que haya diferencia alguna entre Lázaro y Alicea. El Vocero / Dennis A. JonesYamilet Millán Rodríguez y Yennifer Álvarez Jaimes

El Vocero

Con la oposición de la minoría, la Cámara de Representantes aprobó anoche el proyecto de administración que otorgaría una tarifa preferencial por el consumo de energía eléctrica  a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para permitir un ahorro de $50 millones.

Pasadas las 11:00 de la noche el cuerpo legislativo votó por la medida que fue enmendada  para incluir cambios que fueron propuestos por la  Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Sin embargo, la AEE no prevaleció en su intento de limitar la vigencia de la tarifa a tres años.

El proyecto establece que la tarifa estará vigente por los años fiscales 2014, 2015 y 2016. A partir del 2017 y sucesivamente la tarifa será de 16 centavos por kilovatio hora.

Por otro lado, la medida fue enmendada para aumentar de 20 centavos a 22 centavos el kilovatio hora como solicitó la AEE.

“La tarifa preferencial dejará de existir cuando la Autoridad de Energía Eléctrica logre que el costo de energía promedio para un año fiscal y para todo Puerto Rico sea menor o igual a 16 centavos por kilovatio hora”, según la pieza legislativa.

La medida también fue enmendada para reducir el consumo de la AAA de  800 a 750 millones de kilovatios horas anuales. Además, la AAA tendrá que pagar las facturas en un período no mayor de 15 días. El proyecto inicial establecía 20 días para el pago.

La Comisión cameral de Gobierno solo hizo una vista pública para evaluar la medida donde   Juan Alicea y  Alberto Lázaro reiteraron las objeciones al proyecto. La tarifa preferencial busca minimizar el  impacto del aumento que iniciaría en julio.

El presidente de la Comisión, José “Cony” Varela, dijo que el proyecto “es  necesario para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no opere en déficit y sepa cuál será el costo anual y va a poder cumplir proyectos nuevos” y tendría un impacto “inmediato” porque permitiría reducir el aumento de la tarifa.

La portavoz de la minoría, Jenniffer González, dijo que lejos de ser una  medida de justicia social es la  “cogía de tontejo” más grande que se ha dado en este hemiciclo en los últimos seis meses.

“La delegación popular tuvo  la oportunidad de subsidiar el aumento de agua y la luz, pero no lo hicieron y  pretenden ahora que la gente se crea el cuento como una paleta o un chicle pal de que aquí esta  Asamblea Legislativa le va a bajar el aumento que viene en julio”, señaló González.

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, aseguró que el proyecto garantizará que el bolsillo de los puertorriqueños se vea lo menos afectado por las consecuencias de los que gobernaron al País por los pasados cuatro años.

“Si hoy las corporación públicas tienen problemas serios económicos… es porque le mintieron al pueblo puertorriqueño diciéndole que había enderezado las finanzas y salvado la casa y que iban a entregar un gobierno totalmente cuadrado”, indicó Perelló.

Por su parte, el representante novoprogresista, Johnny Méndez, presentó sin éxito una enmienda para que se obligue a la AAA de entregar un informe que establezca y certifique que está en buen estado fiscal tras la aprobación de la medida.

“Está enmienda que acaban de derrotar es una propuesta de la AEE de esta administración para asegurar lo que es la intención de la medida que se utilice el dinero para mejorar la situación de la Autoridad, pero no es lo que dice el proyecto”, indicó Méndez.

Por otro lado, la representante penepé, Lourdes Ramos, describió el proyecto como lamentable y detrimental para la AEE.  Dijo además  que si la AEE pierde ingresos se podría activar cláusula  del Fideicomiso que obligaría a la corporación pública  a aumentar la  tarifa para subsanar la pérdida.

Temprano, previo a la aprobación del proyecto, la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, anticipó la aprobación de la medida.

Alicea dijo que la tarifa preferencial se logró gracias a los ahorros generará desde julio la operación con gas natural de la Unidad 5 de Costa Sur.

“En promedio (el ahorro) será de $3 y se estarían usando $2.22 para costear la tarifa preferencial a Acueductos y $1.11 se estaría pasando al cliente en el ajuste por combustible. Eso sería para un cliente promedio que consumo 800 kilovatios por hora al mes”, explicó el director de la AEE.

Alicea dijo que con los cambios en la Unidad permitirán que opere con tres tipos de combustibles. Sin embargo, descartó combinar el gas con destilado liviano porque es 40 por ciento más costoso, aseguró.

El Director de la AAA dijo que una vez se apruebe la restructuración tarifaria se evaluará establecer un tope de consumo para la tarifa preferencial que tienen los residentes de vivienda pública.