Esta semana se ha “filtrado” a los medios un informe fechado hace unos cuatro años. El informe fue producido entonces por una firma de economistas para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). En dicho informe se resumían las probables consecuencias de una degradación del crédito. Se pinta un cuadro verdaderamente dantesco. En los medios se ha especulado que el motivo para filtrar ese documento en estos momentos ha sido dar un espuelazo a la Legislatura que asegure la aprobación de los tributos propuestos por el gobernador. No lograr esa victoria en ésta legislatura pudiera hacer realidad hoy el cuadro pintado entonces por los economistas contratados por la administración Fortuño.

Ahora bien, supongamos que el gobernador logra su objetivo y que ésta legislatura convierte en leyes el popurrí de medidas exigidas por el equipo fiscal del ejecutivo. La pregunta que quisiera explorar en ese caso es la siguiente: ¿qué pasará si entonces el gobierno de Puerto Rico logra así esquivar la degradación de sus instrumentos de deuda crediticia al nivel especulativo?

Para contestar la pregunta que pongo sobre la mesa resulta útil recordar la historia. La administración Fortuño logró evitar la degradación de las obligaciones del gobierno central a niveles especulativos. Lo hizo incurriendo en un coste político inmenso. Su éxito fue parcial, ya que no lo logró con relación a varias corporaciones públicas para las que el mercado de capital está cerrado y ya dependen del BGF para financiar sus operaciones. De hecho, hoy el BGF actúa como síndico de varias corporaciones públicas. Esa realidad ha trasladado al BGF los efectos de la insolvencia de la Autoridad de Carreteras y Transportación, poniendo en riesgo la del propio banco.

A través del tiempo, el Ejecutivo y la Legislatura han demostrado su incapacidad para actuar prospectivamente. El modus operandi del gobierno es, más bien, reaccionario. Reacciona a situaciones de crisis. Cuando la crisis se atenúa, la probabilidad de la inacción crece. En otras palabras, el status quo se fortalece en la medida en que la crisis se palia. Lamentablemente, ésta es una mala noticia para la economía de Puerto Rico. Lo es porque, dada su estructura, hoy día la economía de Puerto Rico no es viable. Esa inviabilidad se traduce en un proceso de retroceso en el estándar de vida de la población. Detener el proceso de deterioro en el estándar de vida requiere de cambios estructurales que son resistidos pulgada a pulgada por facciones ideológicas y grupos de interés especial.

Recordemos que la crisis de la economía de Puerto Rico tiene sus raíces en la pérdida de capacidad de producción y en el crecimiento descomunal del sector público. Un gobierno empeñado en sostener estándares de vida incompatibles con la capacidad de la economía. Esto se ha perpetrado mediante el abuso de los recursos provenientes del gobierno federal, por vía de transferencias, que han sido canalizados hacia proyectos faltos de coherencia o directamente al consumo. Añada usted el desperdicio de los fondos provistos por los residentes de Puerto Rico que pagan con ahorros forzados los impuestos que recauda el Estado. Lo que constituye una gran ventaja de la relación con el gobierno de los EEUU, se ha convertido en una especie de drogadicción que amenaza con destruir la sociedad residente en la isla.

La dependencia de la población residente en el sostén que proviene de las transferencias gubernamentales ha corroído la estructura de valores de la población. La ética del trabajo ha dado paso a estilos de vida típicos de lo que se encuentra en los guetos urbanos de norteamerica y Europa Occidental. Éste país nuestro no consume para vivir, más bien vive para consumir. Lo dice la música popular: “el trabajo lo hizo Dios como castigo”. Los tiempos en que la producción era el propósito del esfuerzo del trabajo fueron abolidos. El consumo se confundió con la “producción”.

Así pues, la producción, como eje central de la actividad económica, dio paso al gasto de consumo. El gobernador Luis Muñoz Marín se dio cuenta del fenómeno y abogó por lo que él llamó “operación serenidad”. En esto fue menos exitoso que en impulsar el proceso de industrialización por vía de la “operación manos a la obra”. El proceso de urbanización e industrialización aceleró y creó la clase media del país. Eventualmente el crecimiento del estándar de vida se desvinculó del esfuerzo productivo.

En la medida que pasó el tiempo, la brecha entre las expectativas de consumo y la capacidad de producción fue eventualmente llenada por el gasto del gobierno. El gasto público comenzó a justificarse como elemento necesario para mantener estándares de vida compatibles con economías ricas. El sistema político se encargó de imponer prioridades sin limitarlas a los recursos disponibles. Dada la realidad de la escasez de recursos, el gobierno recurrió a la “contabilidad creativa” y al gasto deficitario.

Por un tiempo, el gobierno desafió, con aparente éxito, las leyes de la naturaleza. Al final, llegó la hora de Fausto y con ella, la cuenta por pagar. La crisis financiera rompió en mil pedazos la fantasía que permitía vivir más allá de los medios a una población malcriada y engreída. La crisis económica se convirtió en crisis política.

Cuando el sistema dejó de sostener los estándares, la economía subterránea se encargó de llenar el vacío. El narcoestado asomó su grotesca cara de detrás de la cortina. Hubo que pedir auxilio a los EEUU. Los federales entraron en acción. Igual que en la frontera sur de los EEUU continentales con México. Igual que en la frontera de México con Guatemala.

Para complicar el cuadro, todos los elementos llegaron al cenit en el preciso momento en que el sistema financiero mundial entraba en una de las más profundas y destructivas crisis de su evolución histórica. Comenzó con la explosión de la burbuja creada en el mercado de financiación de viviendas en los EEUU. El descalabro se regó como la pólvora y se convirtió en epidemia.

La epidemia contagió a las economías europeas y se produjo una gran crisis en el mercado de deuda soberana. El común denominador de esta epidemia de insolvencia se hizo evidente. Todos habían vivido por encima de sus medios. Todos habían mentido en lo relativo a su capacidad. Todos habían participado de una gran fiesta y había llegado la hora de pagar la factura. Puerto Rico no fue la excepción.

La financiación creativa que creo la “deuda extra constitucional” encontró sus fronteras. Ante el tranque que impidió que el Congreso de los EEUU aprobara revisar el limite de endeudamiento del gobierno federal, Standard & Poor’s degradó la clasificación del crédito de los EEUU. De ahí en adelante, la degradación de la clasificación del crédito del ELA y otras jurisdicciones era, por lo tanto, inevitable. Ya no podía obviarse la insolvencia de los planes de pensiones del gobierno central. Ya no podía obviarse la enorme proporción de la deuda del gobierno y sus corporaciones en relación con sus activos. Ya no podía esconderse que el país había creado un gobierno insostenible.

Volvamos a la pregunta que planteo. Supongamos que el gobernador triunfa y que la Legislatura no prevalece con la aprobación de un monstruo de Frankenstein de gran complejidad donde cunda la doble y la triple tributación. ¿Qué podemos esperar entonces? Pienso que ese escenario será crucial para nuestro futuro como pueblo. Si nos dejamos ir por la historia, lo más probable será la llegada de un período de abandono de los asuntos estructurales que están en los cimientos de nuestro problema. Es decir, las acciones del gobierno que día a día obstaculizan y penalizan la actividad productiva, el ahorro, la inversión y el esfuerzo empresarial de los individuos. El atajo de la crisis inmediata permitirá echar a un lado los temibles resultantes de la inminente bancarrota. No obstante, los asuntos estructurales habrán permanecido intactos.

El mercado laboral seguirá tan rígido e insensible a la ley de oferta y demanda como hoy, pero será más pequeño. El gobierno seguirá succionando recursos del sector productivo a un ritmo insostenible. Las corporaciones públicas continuarán recibiendo subsidios del Fondo General. El coste transnacional en Puerto Rico continuará siendo impedimento infranqueable para nuestras empresas. Competir en el mercado mundial será algo fuera del alcance las empresas que operan desde Puerto Rico. El coste de la energía por si sólo hace ya inviable las operaciones. El sector público seguirá creciendo a costa del sector privado. A la larga o la corta, lo inevitable tendrá lugar. Es decir, la bancarrota del sector público no podrá evitarse. Los sistemas básicos que son responsabilidad del gobierno colapsarán. El sistema de educación pública ya lo ha hecho. La Autoridad de Carreteras y Transportación ya lo ha hecho. Lo que llamamos “sistema” de salud ya lo ha hecho. El sistema de salud apenas subsiste a costa de un enorme coste económico. El sistema de protección de vida y propiedad está a punto de la disfuncionalidad. Lo mismo ocurre con el sistema de justicia. Al punto que la población ha perdido confianza en el mismo.

Por eso temo que una solución temporal de la crisis fiscal, que evada confrontar el problema estructural de la economía, sólo pospondrá el momento en que todo quedará nuevamente al desnudo. En ese momento cosecharemos con creces lo que hemos sembrado. El gobierno habrá perdido la confianza de los mercados y de los ciudadanos. No sólo se habrá secado la fuente de capital financiero, sino que se habrá perdido ese factor intangible que sirve de engrudo para evitar la desintegración de la sociedad y que denominamos “capital social”.

El Espejo Retrovisor

El tamaño del gobierno