Denunció el representante José Aponte Hernández

El representante José Aponte Hernández, del Partido Nuevo Progresista (PNP), advirtió esta mañana sobre la aprobación por parte de la mayoría parlamentaria de una ley para que no se tengan que identificar la disponibilidad de fondos a  la hora de asignar los mismos.

“Esta legislatura popular está al garete, saca fondos de una resolución para reasignarlos y ni siquiera se preocupa por conocer si esos fondos están o no disponibles. Si hacen esas reasignaciones hoy, cuando existe una Ley que exige certificar los fondos disponibles para una asignación, ¿se imaginan lo que harán sin la necesidad de certificar fondos que asignan?  Estamos siendo testigos de la crónica de una deuda anunciada”, alertó el representante del PNP.

El Proyecto del Senado 576 pretende derogar el Artículo 8 de la Ley 103-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Fiscal de 2006”, que fue aprobada por unanimidad en el cuatrienio 2005-08, luego de un acuerdo entre las tres delegaciones partidistas y entre los poderes constitucionales (legislativo y ejecutivo).

Aponte Hernández señaló que al eliminar este artículo, se elimina el requisito de certificación sobre el impacto fiscal de la legislación que se pretende aprobar y sobre la disponibilidad de fondos y su procedencia como parte de la evaluación de las medidas legislativas que autorizan o cuya implantación requiera la otorgación de fondos públicos. El artículo 8 dispone que esta certificación tenga que ser emitida bajo juramento tanto por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), como por el Secretario de Hacienda.

De convertirse en ley este proyecto, se podría hacer una asignación o reasignación sin necesidad de verificar la procedencia de los fondos ni su disponibilidad en las cuentas. Antes de la Ley, se realizaban asignaciones haciendo referencia a “fondos no comprometidos del gobierno estatal” hubiera o no los fondos en el presupuesto. Esa práctica tenía el efecto de que luego de aprobado y cuadrado el Presupuesto, la Legislatura continuaba aprobando obras y actividades por cantidades de fondos por encima de lo ya presupuestado.

“Al ordenarse una obra o una erogación, eso se convertía en una obligación de deuda por parte de la agencia o municipio, o acababa pendiente por años de lograr hacerse hasta que aparecieran los fondos, u obligaba a que se transfirieran fondos de otras obras. Precisamente, esa práctica contribuyó a crear la crisis fiscal de los años 2005-2006, debido a la acumulación de compromisos sin fuentes de pago”, explicó el legislador estadista.

En el caso de reasignaciones, esto permitiría a la Comisión simplemente declarar en la medida que se usarán sobrantes de asignaciones anteriores, cuando es posible que la asignación original ya se haya consumido o ya se haya reasignado (por ejemplo: la delegación popular en la Cámara aprobó la RCC 256, que reasigna 255 mil dólares provenientes de la RC 30-2011, sin indicar que esos fondos ya han sido previamente reasignados mediante las RC 173-2011 y 1-2012).

“Algunos podrían argumentar que la certificación de fondos por parte del Ejecutivo a asignaciones presupuestarias de la Legislatura es contraria a la separación de poderes. Aunque sí hay una separación de poderes, estos deben operar conjuntamente, manteniendo un equilibrio. Pero no solo advertimos efectos adversos de medidas como estas, sino que hacemos recomendaciones. Si están interesados en que el Ejecutivo esté fuera del proceso, que una fuente independiente de las Comisiones de Hacienda de Cámara y Senado verifique si los fondos en efecto existen; no que quienes mismos quieren asignar sean quienes declaran que el dinero está ahí”, terminó Aponte Hernández.