Auditores de la Oficina del Contralor acudieron ayer al Departamento de Justicia a testificar sobre los demoledores hallazgos develados en una auditoría que recién realizaron a la administración municipal de Mayagüez.

Los auditores fueron citados por el fiscal Pedro Laborde, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, luego que la semana pasada se publicara un informe donde se le imputan a la administración municipal “desviación de ley y de reglamentos relacionados con los desembolsos y con una contratación de servicios”, reza el documento de 45 páginas.

El informe, el cual recomienda al alcalde el “abstenerse de utilizar fondos para fines ajenos a la gestión pública”, fue referido a Justicia para que atendiera dos hallazgos. El primero de ellos por el gasto en publicación de anuncios para propósitos ajenos al interés público.

El otro de los hallazgos fue por la contratación de una persona sin licencia para ejercer la profesión de ingeniera y quien pudiera haber haber incurrido en conflicto de interés al ocupar la presidencia del Comité Técnico Municipal al mismo tiempo que tenía contratos con el ayuntamiento. Según fuentes de El Nuevo Día, la contratista supuestamente es Norma Martínez, de la firma N&M Construction.

El director de prensa de Justicia, Miguel Pereira, informó que no podían hacer comentarios sobre la investigación. El fiscal Laborde no estuvo disponible para hablar con la prensa.

Sin embargo, esa no es la única citación que recibieron los funcionarios del Contralor para hablar de la auditoria a la administración del alcalde José Guillermo Rodríguez. La oficina de Ética Gubernamental (OEG) los citó para la próxima semana.

Zulma R. Rosario Vega, directora ejecutiva de la OEG, explicó que de los 14 hallazgos del informe sólo investigarán el que se relaciona a un posible conflicto de intereses. El caso es de la contratista nombrada presidenta del Comité mientras tenía contratos con el municipio.

“El informe de la contralor tiene muchísimos hallazgos, pero el 95% de ellos no tiene nada que ver con relación a ética gubernamental”, destacó Rosario Vega.

El primero de varias informes que se propone publicar la Oficina del Contralor, cubrió del primero de julio de 2006 al 30 de junio de 2010. El documento fue referido a Justicia, la OEG, el Departamento de Hacienda, el Comisionado de Asuntos Municipales y dos organizamos que agrupan profesionales de la ingeniera.