La avalancha de impuestos para cuadrar el presupuesto operacional del Gobierno provocará un aumento en los precios de los alimentos y medicamentos no recetados, podría significar despidos en el sector privado, el cierre de empresas a punto de colapsar y ello, a su vez, agravará una economía que ha vuelto a terreno negativo.

En números, la retahíla impositiva supondrá un aumento de 14% en las contribuciones que pagan ciertas empresas, de acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).

En otros casos, la llamada patente nacional y el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) sobre ciertos servicios corporativos (B2B) provocará que las empresas paguen el doble de contribuciones.

Para los fumadores, el cuadre presupuestario significará sustraer de su bolsillo al menos 50 centavos por cajetilla. Y habrá un alza similar a partir de julio del año entrante.

Para los usuarios de celulares y otros servicios de telecomunicaciones, podría acercarse un alza en sus contratos y para los condominios o urbanizaciones, un aumento en servicios de seguridad.

Para los conductores, el aumento a los arbitrios derivados del petróleo significará como mínimo, cuatro centavos por cada litro de gasolina que compren.

Y para las miles de personas y entidades que prestan servicios profesionales al Gobierno -como sería un abogado, terapista, psicólogo o una agencia de publicidad, por ejemplo- implica dejar de recibir al menos unos $11.9 millones al año. Esto, según la partida de servicios profesionales en el presupuesto consolidado.

A grandes rasgos, esa fue la radiografía que se reveló ayer durante un foro del CCPA, evento donde se discutió el alcance de Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva (RACC), así como de otro puñado de medidas convertidas en ley por el gobernador Alejandro García Padilla y con las que se prevé cerrar la brecha deficitaria.

Reina la confusión

En total, “la montaña rusa” de medidas impositivas debe allegar al fisco casi $2,000 millones cuando se contabiliza el impuesto a las foráneas, el aumento a cigarrillos y la patente sobre la venta bruta que pagarán los negocios con más de $1 millón en ventas.

Ayer, apenas 24 horas después de que se firmaran las nuevas disposiciones, la discusión contable convirtió al hotel Marriott en el Condado en la sede de carcajadas, ceños fruncidos y murmullos de protesta, una vez los profesionales de la contabilidad comenzaron a entender el impacto financiero y económico de las nuevas medidas.

La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y el subsecretario auxiliar de Rentas Internas, Fernando Rosario, intentaron aplacar la confusión que reinaba en el recinto. Indicaron que buena parte de los cambios contributivos tomarán forma una vez la dependencia comience a emitir cartas circulares y nueva reglamentación. Ello sucederá en las próximas semanas.

En lo que no hubo dudas, sin embargo y ni siquiera del lado del Gobierno, fue en concluir que las disposiciones afectarán el bolsillo de las empresas, del trabajador y el ciudadano de a pie. Tampoco hubo dudas en que mientras el aumento al arbitrio de derivados de petróleo y la patente nacional, entre otras medidas, aplicarán a partir de este mismo mes, la reducción prometida tardará al menos seis meses.

Según la presidenta del comité de Asuntos Contributivos del CCPA, Rosa M. Rodríguez, la reducción en el IVU -de 7% a 6.5%- entrará en vigor el 1 de diciembre próximo. Si Hacienda no está lista para implementar el ajuste, tendrá hasta febrero de 2014 para hacerlo factible.

Escape por tres vías

“Vamos a tener compañías que no podrán llevar la carga impositiva. Ojalá y no pase”, dijo el presidente de los contadores, Kenneth Rivera Robles, presagiando el comienzo de nuevos cierres y despidos en el sector privado. “La verdad es que, por regla general, cuando se ponen impuestos de este tipo, eso se convierte en un gasto adicional… Eso se carga en la economía”.

“Aquí hay impuestos para regalar”, dijo por su parte el economista Vicente Feliciano de la firma Advantage Business Consulting (ABC). La firma de Feliciano y del también economista Juan Lara calculó el impacto económico del primer paquete impositivo que impulsó la rama Ejecutiva.

Según Feliciano, la lista de cambios impositivos tendrá tres vías de escape. “O salen de las ganancias de la empresa, o se pasa al cliente y si no se puede sacar de las ganancias, saldrán de una reducción en la producción”, explicó.

En ese sentido, Feliciano sostuvo que aquellos bienes o servicios sujetos a mayor competencia o extrema necesidad, como los servicios de telecomunicaciones y seguridad, por ejemplo, estarán más propensos a experimentar aumentos en precios en lugar de servicios vinculados a programación de sistemas computadorizados o de salud.

Rivera Robles agregó que aquellos negocios con márgenes estrechos como los supermercados y droguerías también pasarán el costo al consumidor. “Aunque estén exentos del pago del IVU, esas empresas estarán sujetas a la patente”, explicó el contador.

A manera de ejemplo, según el CCPA, una empresa con $10 millones en ingresos brutos, pero apenas $200,000 en ingresos netos terminaría pagando unos $87,500 o 14% de lo que hubiera pagado sin los cambios. En otras empresas, la obligación podría duplicarse, según otro ejemplo del organismo.

La nueva carga impositiva vendría a menos de no ser porque la economía registró en mayo, su sexta contracción consecutiva, según el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Ajuste inconcluso

A preguntas de El Nuevo Día, Acosta reconoció que las medidas impositivas tendrán un efecto en los precios y en la economía, pero explicó que este varía de acuerdo a la estructura de negocios y el tipo de sector.

Con todo, de acuerdo con Acosta y Feliciano y Rivera Robles, el efecto adverso es por mucho menor que el impacto de una degradación crediticia e incluso, que la propuesta ampliación del IVU a todos los servicios corporativos.

“Hemos alejado el espectro de la degradación”, dijo Feliciano al señalar que Puerto Rico «ha comprado tiempo» con las casas acreditadoras.

En ese sentido, tanto Acosta como Rivera Robles reconocieron que las medidas para salvar el presupuesto no suponen el fin del ajuste.

Rivera Robles sostuvo que “no hay certeza” de que el Gobierno logre el objetivo mínimo de $1,380 millones en nuevos ingresos.

Por su parte, Acosta aceptó que necesitará contratar muchos más recursos y tecnología que el centenar de auditores y agentes de rentas internas que reclutará en las próximas semanas.

Ello, porque aún con las nuevas medidas, los $255 millones que dejó la amnistía contributiva y las nuevas movidas fiscalizadoras, el presupuesto que recién entra en vigor continúa corto en ingresos recurrentes por lo menos en $575 millones.

SUBSIDIO A LA INEFICIENCIA

La aprobación por parte de la Cámara de Representantes de la llamada “tarifa preferencial” de Energía Eléctrica (AEE) a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)-que no debe llegar a convertirse en ley- constituye una improvisación populista y un subsidio a la ineficiencia.

Los datos fácticos en torno de ese mal ejercicio de administración pública son los siguientes: el Gobierno se vio en la necesidad de aumentar el costo en la tarifa de agua a los abonados de la AAA, que en el caso del usuario promedio representa un alza de $20 mensuales; con la “tarifa preferencial” –cuyo costo de $50 millones sale de unos esperados ahorros de la atribulada AEE–, en lugar de los $20 de aumento, los abonados de la igualmente atribulada AAA recibirán un aumento de “solo” $17 mensuales.

Resulta evidente que detrás de esa decisión de corte populista, la intención de la legislación, propuesta desde La Fortaleza y anunciada por el gobernador Alejandro García Padilla, es utilizar la semántica para proclamar la magnanimidad de un gobierno que ha reducido unos $3 en el aumento de $20 a los abonados de la AAA.

El escenario recuerda el “aumento reductor” contributivo de los años 80. Recuerda también las palabras del juez del Tribunal Supremo Benjamín Ortiz sobre el uso de las palabras para el engaño: “Estamos viviendo una época que rechaza la fatalidad o necesidad inexorable del uso de las palabras exactas y mágicas. Del misticismo de las palabras hemos progresado a la sustantividad de los hechos reales y de la exactitud precisa a la justicia intrínseca”.

El problema real es, primero, que el ahorro de $63 millones que obtendría la AEE con el cambio de combustible, de petróleo a gas natural en la planta de Costa Sur 6 –con una parte sustancial del cual se financiará la tarifa preferencial–, depende del precio de gas natural (de aumentar, no podría la AEE otorgar el subsidio a la AAA); segundo, si la AEE hubiera decidido transferir a sus abonados acaso el 75% del esperado ahorro por el cambio de combustible y el restante 25% en un agresivo programa de mantenimiento y mejoras a su red eléctrica, la corporación podría disminuir su alta deuda, mejorar sus servicios y controlar los costos de la energía.

Para una corporación pública cuyas excesivas tarifas constituyen una retranca para el desarrollo económico y la promoción de industrias, es decir, para alentar el empleo –máxima aspiración de una administración que anda a la caza de 50,000 empleos en 18 meses–, ésa debió ser la fórmula a aprobarse en lugar de recurrir a una movida que, revestida del juego semántico, lesiona las posibilidades de regeneración financiera de la AEE.

Mientras tanto, la gerencia de la AAA tenía –y tiene– formas y maneras de allegarse fondos para reducir el proyectado aumento inmediato y evitar aumentos futuros en las tarifas de sus abonados: dispóngase a cobrar las deudas de clientes morosos por $279 millones que tiene en sus expedientes, dividida entre $107 millones en abonados residenciales; $79.9 millones de municipios, corporaciones públicas y agencias (incluyendo estatales y federales); $50.6 millones de residenciales públicos; $26.2 millones del sector comercial y $3.4 millones del sector industrial.

Para enfrentar con éxito sus problemas financieros comience la gerencia de la AAA por lo primero: cobre las deudas y desista de reproducir ahora las prácticas de mala administración que vienen de un pasado reciente del que el director ejecutivo, Alberto Lázaro, fue protagonista clave.