El superintendente de la Policía, Héctor M. Pesquera, anunció hoy las bajas reportadas en las filas de civiles y uniformados, tras la decisión de estos de acogerse a su derecho de retiro por distintos motivos.
“Como parte de un plan de reestructuración interna, estamos trabajando con la relocalización de personal civil y uniformado en nuestra agencia, tras la jubilación de unos 1,317 miembros que han decidido acogerse al retiro durante los primeros seis meses del año 2013” (698 mediante Ley 70, 521 por Ley 3, y 98 por renuncia regular), manifestó el Jefe Policial.
Basado en las solicitudes recibidas, se espera que para fines del próximo mes de diciembre, 138 miembros se retiren por concepto de la Ley 3. En adición, se están procesando 609 solicitudes de retiro por medio de Ley 70, las cuales deben completarse para finales de septiembre. Estas cifras pueden cambiar debido a las decisiones finales que tomen los empleados, basado en situaciones individuales.
El representante estadista Urayoán Hernández Alvarado alertó hoy sobre un dramático aumento en los próximos meses en la comisión de delitos Tipo I debido a la pérdida de sobre tres mil policías que decidieron acogerse al retiro temprano en vez de continuar laborando bajo las adversas condiciones laborales impuestas por la Reforma de los Sistemas de Retiro firmada por el gobernador Alejandro García Padilla.
Acompañado de varios policías ahora retirados, el representante novoprogresista delineó las áreas que se verán más afectadas por la pérdida de talento humano en la Uniformada.
“Los policías que se nos van son los más experimentados. Aquellos que llevan décadas sirviendo bien al pueblo de Puerto Rico. Pero el área que más se verá afecta es el del patrullaje preventivo. Muchos cuarteles se quedaran cortos de personal, algo así como sucedió a principios de años cuando se ausentaron cientos de oficiales. Ahora, las divisiones investigativas tendrán que incorporarse a la preventiva. Esto resultará en una disminución en el esclarecimiento de casos debido a que los detectives y demás personal estarán en la calle y no tendrán tiempo de realizar investigaciones profundas”, explicó Hernández Alvarado en conferencia de prensa.
En la actualidad, existe un promedio de 1.5 agente del orden público por cada mil ciudadanos, con el ‘retirazo’ la actual cifra desciende a menos de .5 por mil habitantes.
El representante estadista aseguró que muy pronto se materializará la consolidación de cuarteles precintales, no por razones de índole fiscal, pero sí por la falta de agentes. Situación que también tendrá un impacto en los cuerpos de policía municipal.
“Existen municipios pequeños que perderán sus cuarteles a causa, no de asuntos de presupuesto, pero por la falta de policías adscritos a los mismos. Esto se agudiza en pueblos como Aibonito donde no existe una fuerza de policía municipal que pueda complementar el patrullaje preventivo. El patrullaje preventivo es la primera unidad que llega a la escena de un delito, son los oficiales que toman la querella inicial. Por ejemplo, en Cayey se supone que siempre estén en la calle tres patrullas con dos oficiales cada una. Con el ‘retirazo’ eso será cosa del pasado”, comentó el legislador de la Palma.
Hernández Alvarado también arremetió contra la presente administración por aumentar el costo de las investigaciones criminales al asegurar que la escases de agentes especializados forzarán a la alta jerarquía de la Policía a colocar los detectives de homicidios en ‘stand by’.
“Otro asunto que nos preocupa es el reclutamiento de nuevos oficiales a los rangos de la Uniformada. Entendemos que el recorte de beneficios tendrá el resultado de hacer menos atractivo la Policía para muchos aspirantes. Una merma en el reclutamiento también diezmará aún más las filas del cuerpo debido al aumento en retiros esperado en los próximos años”, explicó el representante de Orocovis Barranquitas, Villalba y Coamo.
Para el principios del 2012, la Policía de Puerto Rico era la más grande de todos los Estados Unidos, excluyendo el estado de Nueva York, con 17,300 efectivos y 990 civiles.
“Con el retiro de tres mil miembros el pasado viernes y la expectativa de una pérdida de sobre dos mil más en los próximos meses, lo que vamos a experimentar es el desmantelamiento de toda una fuerza policíaca en momentos donde más la ciudadanía la necesita. Por eso estamos radicando una resolución de investigación para auscultar los efectos de la nueva ley de retiro en nuestra Policía de Puerto Rico”, finalizó Hernández Alvarado.
Se vacía la Uniformada
La estampida de retiros de empleados civiles y agentes ha dejado en poco más de 11 mil el número de policías en las calles
Al menos 2,800 agentes ha tenido que abandonar las calles ante el retiro masivo de personal civil de la Policía. El Vocero / Archivo / Luis A. López
Alrededor de 2,800 agentes de la Policía han sido destacados a realizar labores clericales de empleados civiles, al mermar de unos 2,260 civiles que tenía la Uniformada para el 1999 a 720 tras la masivas renuncias que han afectado la agencia desde el 1999, lo que se ha agudizado desde el primer semestre del 2013, denunció ayer Jorge L. Méndez Cotto, presidente del gremio Empleados Civiles Organizados (ECO).
Según Méndez Cotto, alrededor de otros 60 empleados civiles dejarán la agencia en las próximas semanas, al reactivarse el proceso de retiro incentivado, en el que hay unas 700 solicitudes, la inmensa mayoría de uniformados.
De acuerdo a Méndez Cotto, de asumirse que por las expresiones del superintendente Héctor Pesquera quedan más de 14,800 agentes, habría que restarle los aproximadamente 2,800 que están atendiendo público, haciendo labores de limpieza y mantenimiento, así como labores clericales y secretariales. Con esa fórmula serían unos 11,800 los agentes, sargentos y oficiales que estarían enfrentando la criminalidad.
Hasta ayer, después de semanas que EL VOCERO ha solicitado sin éxito los números para conocer cuántos miembros de la Policía se han ido de la agencia, el líder gremial hizo las revelaciones en cuanto a cómo se han afectado los servicios en los cuarteles a través de la Isla y en el Cuartel General. Señaló que hay muchos cuarteles sin secretarias y sin conserjes, labores que están siendo realizadas por uniformados. En algunos casos, los civiles han sido trasladados con el plan de mitigación, y muchos de ellos optaron por retirarse con la Ley 3 o con el retiro incentivado.
Los planes de cerrar cuarteles a través de todo el país, aparentemente continúan en pie.
Con la Ley 7 del 2009 se fueron alrededor de 300 civiles, con la Ley 70 desde el 2011 se han ido otros 255 empleados y ahora unos 60 más se han ido. Alrededor de 120 empleados optaron por jubilarse por años de servicio, dijo Méndez Cotto al hacer un balance de la matrícula.
ECO le pidió al gobernador Alejandro García Padilla que asigne fondos para la creación de 500 plazas para empleados civiles, lo que permitirá que igual número de agentes salga de las oficinas para ir a trabajar a las calles, en labores de prevención e investigación.
Cifras a medias
A las 2:45 de la tarde de ayer la Uniformada emitió un comunicado en el que no responde a la pregunta de cuántos agentes y oficiales quedan en la Policía. El comunicado lee: “El Superintendente de la Policía, Héctor M. Pesquera anunció hoy las bajas reportadas en las filas de civiles y uniformados, tras la decisión de estos de acogerse a su derecho de retiro por distintos motivos”.
“Como parte de un plan de restructuración interna, estamos trabajando con la relocalización de personal civil y uniformado en nuestra agencia, tras la jubilación de unos 1,317 miembros que han decidido acogerse al retiro durante los primeros seis meses del año 2013” (698 mediante Ley 70, 521 por Ley 3, y 98 por renuncia regular), manifestó el Jefe Policial”.
“Basado en solicitudes recibidas, se espera que para fines del próximo mes de diciembre, 138 miembros se retiren por concepto de la Ley 3. En adición, se están procesando 609 solicitudes de retiro por medio de Ley 70, las cuales deben completarse para finales de septiembre. Estas cifras pueden cambiar debido a las decisiones finales que tomen los empleados, basado en situaciones individuales”, reza el comunicado.
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