“Queda en el tintero la plena igualdad ciudadana de los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico”

La histórica decisión del Tribunal Supremo federal declarando inconstitucional ciertas disposiciones de la Ley federal de Defensa del Matrimonio de 1996 (DOMA, en inglés) que le negaba los beneficios federales a los matrimonios homosexuales, porque violaba el principio de igual protección de las leyes consignado en la Constitución de Estados Unidos, representa un importante y significativo triunfo de este principio de igualdad ante la ley que ha sido emblemático de la evolución de los valores estadounidenses desde el 1868 hasta el presente.

El principio de igualdad ante la ley consignado en la Constitución estadounidense con la 14ta. enmienda a la misma en 1868, como forma de reforzar la Proclamación de Emancipación de 1865 que abolió la esclavitud y la Acta de Derechos Civiles de 1866 en vías de garantizar la igualdad de derechos civiles de los ciudadanos independientemente de su raza; fue punta de lanza para la concesión del derecho al voto a los hombres negros con la aprobación de la 15ta. enmienda a la Constitución en 1870, así como a todas las mujeres con la aprobación 19na. enmienda a la Constitución en 1920.

También sirvió de base al ‘Civil Rights Act’ de 1964 y el ‘Voting Rights Act’ de 1965; la primera aboliendo la segregación racial en los estados del sur, así como vedando las prácticas discriminatorias por consideraciones raciales en el empleo, las transacciones comerciales y el alquiler de vivienda; mientras que la segunda vedó practicas discriminatorias y excluyentes contra los negros para impedirles ejercer su derecho al voto.

Ahora dicho principio constitucional sirve de base para tratar como iguales ante la ley a las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales y los transexuales, dándose el primer e importante paso en esa dirección con la mencionada decisión del Tribunal Supremo. Queda mucho por andar pues todavía existen leyes y estatutos discriminatorios a través de todo Estados Unidos contra la comunidad LBGTT, pero es cuestión de tiempo que el principio de igualdad ante la ley sea garantizado para todos no importa el color, el género, la etnicidad, la religión, las ideas políticas, la orientación sexual o identidad de género. Y pese a que en algunos estados y territorios, como Puerto Rico, no se ha logrado un consenso político, ni la correspondiente jurisprudencia contra todo tipo de discrimen homofóbico, la Constitución y la reciente jurisprudencia federal protege a estas minorías sexuales contra prácticas y leyes burdamente discriminatorias. Tal protección federal no se tendría bajo un Puerto Rico independiente.

Queda en el tintero, entre otros asuntos, la plena igualdad ciudadana ante la ley y la Constitución federal de los 3.7 millones de ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico; concediéndonos el derecho a votar por el Presidente, una justa y proporcional representación congresional con voto y la paridad en los programas federales.