Buscan la admisión de Puerto Rico como el estado 51    AP

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo ‘Ricky’ Llerandi Cruz, hizo un llamado hoy al presidente Barack Obama para que intervenga personalmente ante el Congreso a favor de proyecto HR 2000, el cual busca la admisión de Puerto Rico como el estado 51.

“Es importante que el presidente Obama se envuelva en esta lucha que tenemos los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico para alcanzar la igualdad a través de la estadidad. Sabemos que el Presidente ha ejercido su liderato ayudando a mover una reforma migratoria en el Congreso. Hoy pedimos que realice las mismas gestiones a favor del HR 2000. Puerto Rico merece mucho más que lo que actualmente tenemos. El HR 2000 es igualdad, es justicia, por eso es imperativo apoyarlo”, expresó Llerandi Cruz esta mañana mediante comunicación escrita.

El legislador por Arecibo y Hatillo suscribió el pasado mes de junio una carta a Obama en la cual solicitaba su directa intervención en el Congreso, así como con organizaciones de derechos civiles en los Estados Unidos Continentales, en la búsqueda de mayor apoyo para el proyecto sometido el pasado mes de mayo por el comisionado residente, Pedro Pierluisi.

“Muchas administraciones, incluyendo la de su antepasado, George W. Bush, intentaron de solucionar el asunto migratorio sin mucho éxito. Es por eso que usted (Obama) debe ser felicitado por esta acción. Dicho esto, existe otro asunto de igual relevancia que requiere el mismo liderato exhibido durante el presente debate sobre la reforma migratoria: el asunto del estatus político del territorio de Puerto Rico”, señaló el representante estadista en su misiva al primer mandatario estadounidense.

Durante los pasados meses Obama ha cabildeado para la aprobación de una reforma migratoria que permita que los alrededor de 11 millones de inmigrantes que actualmente se encuentran viviendo en los Estados Unidos de forma ilegal, logren alcanzar la ciudadanía americana.

Llerandi Cruz también le recordó al Presidente su promesa al pueblo Puertorriqueño en el 2008.

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IMPERATIVO MORAL LA REFORMA MIGRATORIA

La reforma migratoria no es sólo una urgencia económica y de unidad familiar para 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, Puerto Rico y demás territorios, sino que es una oportunidad para la sociedad estadounidense de transformarse en un ámbito más abierto e inclusivo, que ponga la xenofobia entre los lastres a dejar atrás.

Cumpliendo con un deber de justicia histórica, el Senado federal acaba de aprobar su versión de la reforma con el voto de demócratas y republicanos. La realidad política y el deber moral deben conducir ahora a la mayoría republicana en la Cámara federal a hacer lo propio con un proyecto de tal trascendencia social para miles de personas que ya forman parte de la economía y la vida social y cultural estadounidense y que no pueden seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría.

El Congreso, sobre todo su lado más conservador, que sabe que estamos ante un hecho histórico sin precedentes, asimismo reconoce no menos el beneficio económico y político de la nueva ley. Los estudios envían la misma información para todos: los ingresos en las arcas públicas aumentarán y se estimulará el consumo y el crecimiento. Parece un hecho que  la nueva ley brindará cimientos más firmes al presupuesto federal y a las prestaciones sociales.

El presidente Barack Obama aseguró que el flujo de inversión, tecnología y empresas que traerá consigo la nueva ley dará a la economía un impulso del 5%. Las mismas estadísticas apuntan, igualmente, a lo decisivo del voto latino en los comicios pasados y en cualquier elección futura.

La ley, como principal conquista, permitirá, en un mecanismo que se prolongará por 13  años, que millones de personas, hoy sin documentos en Estados Unidos,  puedan solicitar, primero, la residencia permanente y, luego, la ciudadanía estadounidense. El Estado crea, con ello, la parte jurídica fundamental de apertura; luego, todo ciudadano podrá y deberá exigir sus derechos y ejercer sus deberes ciudadanos en plenitud.

Los empleadores deberán verificar estrictamente el estatus legal de sus empleados y acompañar y facilitar los procesos que conduzcan con éxito a culminarlo. La ley provee para el establecimiento de programas para trabajadores de distinto tipo de cualificación y deberá ampliar los programas existentes.

La propuesta asigna igualmente unos $46,000 millones para reforzar la seguridad en la frontera con México, que es el tema más espinoso al momento. En un mundo tan inseguro como el nuestro, es desproporcionado colocar sobre esta ley unas expectativas y condiciones de seguridad que no se exigen a ninguna otra situación de igual o mayor relevancia y riesgo. Por otro lado, nada hay más seguro para un país nacido de la rica confluencia de culturas, que el que las diversas comunidades se sientan en él igualmente respetadas en sus leyes.

Resuenan las palabras del líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, que retoma, a su vez, las de Obama y las de tantos otros líderes: “Hay 11 millones de razones para aprobar una reforma migratoria que arregla el actual sistema roto; 11 millones de historias descorazonadoras y de sufrimiento que deberían motivar al Congreso a actuar”.

Tras su aprobación en el Senado, incluso contando con 14 votos republicanos, resta  esperar un debate justo en la Cámara de Representantes. La comunidad internacional, y sobre todo Latinoamérica, espera que ese debate no sea utilizado para castigar el proyecto de reforma con enmiendas absurdas que neutralicen sus méritos, sino para mostrar que Estados Unidos es una nación que no quiere ir por el mundo anunciando la inclusión y la paz, y, a la vez, albergando enormes deudas e incoherencias en su propio seno.