Los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tendrán al menos tres meses para ajustar sus finanzas y acostumbrarse a la tan anunciada alza en la tarifa del agua, que entrará en vigor el próximo 15 de julio.

El presidente ejecutivo de la corporación pública, el ingeniero Alberto Lázaro, indicó que la junta de gobierno de la AAA avaló ayer el alza. Esto luego que el gobernador Alejandro García Padilla convirtiera en ley una medida que le otorga una tarifa preferencial en su consumo energético a la AAA.

La mayoría de los abonados verán el aumento completo en la factura a partir de octubre, indicó Lázaro, cuando termina el periodo de transición entre la tarifa actual y la que fue aprobada ayer por la Junta de Gobierno de la AAA.

El ingeniero anunció que los clientes residenciales verán un aumento mínimo de $4 en su factura, cantidad que aumentará a medida que sube el consumo de agua. “Es lo que se había planteado originalmente, cuando el gobernador radicó el proyecto de la tarifa referencial”, señaló el funcionario.

De esta manera, los clientes residenciales que consumen 10 metros cúbicos o menos y pagaban la tarifa básica de $19.71, con la nueva tarifa pagarán $23.71. Mientras, la factura de los clientes que consuman 15 metros cúbicos aumentará de $29.71 a $46.06. Aquellos abonados que más agua usan verán aumentos más sustanciales. Por ejemplo, Lázaro señaló que los clientes que usen 35 metros cúbicos de agua, lo que equivale a más de 9,000 galones, verán un aumento de $63.85 pues su factura subirá de $88.31 a $152.16.

Lázaro aseguró que después de este aumento, prevé que la AAA o tendrá que volver a aumentar el agua “en los próximos cuatro o cinco años”.

El presidente de la AAA destacó que los abonados no recibirán el aumento de cantazo, pues durante la transición parte de su consumo será factura bajo el precio actual y parte bajo las nuevas escalas. Esto se debe a que el sistema de facturación no cambiará, por lo que las lecturas de los contadores se seguirán haciendo cada 60 días. A modo de ejemplo, Lázaro señaló que una cuenta que se lea el 20 de julio se cobrará con 55 días con la tarifa actual y cinco días con la nueva tarifa.

“Se van a prorratear esas facturas y el cliente va a pagar solamente el consumo a partir del 15 de julio con la tarifa nueva. Esto va a durar hasta septiembre u octubre y a partir de octubre, van a recibir una factura con la tarifa nueva completamente”, sostuvo Lázaro.

Aunque no entró en detalles sobre los aumentos para los clientes comerciales, industriales y el gobierno, el presidente de la corporación pública indicó que también entrarán en vigor el 15 de julio y tendrán el mismo periodo de transición. Ver –  http://bcove.me/v2oxupt1
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Retrasan alza en caseríos

Los únicos clientes que, por el momento, no verán un aumento en sus facturas serán los vecinos de residenciales públicos que se acogieron a la tarifa fija en el pago del agua. Lázaro explicó que estos clientes continuarán pagando $19.71 mensuales hasta que se enmiende el reglamento que rije la tarifa.

“Los residenciales públicos se rigen por la Ley 69 del 2009 y por su reglamento, que establece que la tarifa fija es de $19.71. Nosotros estamos trabajando con los líderes de residenciales para modificar ese reglamento, que hay un borrador, y la propuesta continúa que van a recibir el nuevo mínimo de $23.71. Pero estamos trabajando para establecer un tope de consumo, que actualmente no lo hay”, sostuvo el ingeniero.

Junto con el anuncio del aumento en el agua, Lázaro presentó la nueva factura que recibirán los clientes de la AAA. Esta es una más detallada, con información sobre los nuevos cargos fijos y de cumplimiento ambiental que cobrará la corporación pública y un nuevo espacio para la gráfica sobre el historial de consumo del abonado.

SUBSIDIO A LA INEFICIENCIA

La aprobación por parte de la Cámara de Representantes de la llamada “tarifa preferencial” de Energía Eléctrica (AEE) a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)-que no debe llegar a convertirse en ley- constituye una improvisación populista y un subsidio a la ineficiencia.

Los datos fácticos en torno de ese mal ejercicio de administración pública son los siguientes: el Gobierno se vio en la necesidad de aumentar el costo en la tarifa de agua a los abonados de la AAA, que en el caso del usuario promedio representa un alza de $20 mensuales; con la “tarifa preferencial” –cuyo costo de $50 millones sale de unos esperados ahorros de la atribulada AEE–, en lugar de los $20 de aumento, los abonados de la igualmente atribulada AAA recibirán un aumento de “solo” $17 mensuales.

Resulta evidente que detrás de esa decisión de corte populista, la intención de la legislación, propuesta desde La Fortaleza y anunciada por el gobernador Alejandro García Padilla, es utilizar la semántica para proclamar la magnanimidad de un gobierno que ha reducido unos $3 en el aumento de $20 a los abonados de la AAA.

El escenario recuerda el “aumento reductor” contributivo de los años 80. Recuerda también las palabras del juez del Tribunal Supremo Benjamín Ortiz sobre el uso de las palabras para el engaño: “Estamos viviendo una época que rechaza la fatalidad o necesidad inexorable del uso de las palabras exactas y mágicas. Del misticismo de las palabras hemos progresado a la sustantividad de los hechos reales y de la exactitud precisa a la justicia intrínseca”.

El problema real es, primero, que el ahorro de $63 millones que obtendría la AEE con el cambio de combustible, de petróleo a gas natural en la planta de Costa Sur 6 –con una parte sustancial del cual se financiará la tarifa preferencial–, depende del precio de gas natural (de aumentar, no podría la AEE otorgar el subsidio a la AAA); segundo, si la AEE hubiera decidido transferir a sus abonados acaso el 75% del esperado ahorro por el cambio de combustible y el restante 25% en un agresivo programa de mantenimiento y mejoras a su red eléctrica, la corporación podría disminuir su alta deuda, mejorar sus servicios y controlar los costos de la energía.

Para una corporación pública cuyas excesivas tarifas constituyen una retranca para el desarrollo económico y la promoción de industrias, es decir, para alentar el empleo –máxima aspiración de una administración que anda a la caza de 50,000 empleos en 18 meses–, ésa debió ser la fórmula a aprobarse en lugar de recurrir a una movida que, revestida del juego semántico, lesiona las posibilidades de regeneración financiera de la AEE.

Mientras tanto, la gerencia de la AAA tenía –y tiene– formas y maneras de allegarse fondos para reducir el proyectado aumento inmediato y evitar aumentos futuros en las tarifas de sus abonados: dispóngase a cobrar las deudas de clientes morosos por $279 millones que tiene en sus expedientes, dividida entre $107 millones en abonados residenciales; $79.9 millones de municipios, corporaciones públicas y agencias (incluyendo estatales y federales); $50.6 millones de residenciales públicos; $26.2 millones del sector comercial y $3.4 millones del sector industrial.

Para enfrentar con éxito sus problemas financieros comience la gerencia de la AAA por lo primero: cobre las deudas y desista de reproducir ahora las prácticas de mala administración que vienen de un pasado reciente del que el director ejecutivo, Alberto Lázaro, fue protagonista clave.