Aseguró el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez

“Además de los planteamientos sobre el uso de fondos públicos para torpedear los resultados del plebiscito del pasado 6 de noviembre, el contrato del cabildero Charlie Black podría estar violando la ley”, así lo aseguró el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, quien indicó que el contrato de Black podría estar en clara violación a la Ley 103-2006 (Reforma Fiscal) la cual establece los parámetros en el uso de fondos públicos para el pago de servicios de cabildeo.

“En el Artículo 18 de esa Ley se expresa claramente que el uso de fondos públicos podrá ser utilizado para sufragar el costo de servicios de cabildeo cuya finalidad única y exclusivamente sea la búsqueda de fondos federales o legislación que promueva el bienestar económico de Puerto Rico. La Ley señala también que el contrato que se otorgue para esos servicios deberá producir una cantidad mayor en fondos federales y beneficios que el monto del dinero público que se gasta en la cuantía del contrato o de lo contrario podría ser cancelado inmediatamente y no sería renovado”, señaló Seilhamer Rodríguez.

Ante esto, radicó la Resolución del Senado 412 para investigar si la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) está cumpliendo con la ley en la otorgación de contratos a cabilderos.

El senador sostuvo que las expresiones del director de PRFAA no van a la par con el cumplimiento de dicha ley.

“El director de PRFAA, Juan Hernández Mayoral dijo que los servicios de Black son para promover la política pública establecida por el Gobernador. Además, intentar paralizar el proceso en el Congreso para definir el estatus de la Isla no es promover una política pública que represente mayores fondos federales a Puerto Rico. Por lo que estamos ante un contrato de miles, tal vez millones de fondos públicos, que es ilegal”, señaló Seilhamer Rodríguez.

El portavoz del PNP en el Senado dijo estar satisfecho con la demanda radicada por el PNP y que incluso esta posible violación a la Ley 103-2006 puede añadirle elementos a la misma.

“El contrato de Charlie Black es para torpedear los procesos de cabildeo del Comisionado Residente en Washington a favor del resultado del plebiscito el pasado 6 de noviembre. Black no cabildea por más fondos para la Isla, que puedan resultar en la eliminación de todos los impuestos de esta administración. Este contrato, a tenor con la Ley 103-2006, debe ser cancelado ya que no ha producido mayor cantidad en fondos federales ni beneficios que el costo incurrido por los servicios, y dicha ley establece que los contratos de cabildeo están limitados al aspecto económico, no político, como es este caso”, expresó el senador.

Demanda está relacionada a uso de fondos públicos para cabildeo en contra de la estadidad

El Partido Nuevo Progresista (PNP) y un grupo de ciudadanos radicaron hoy una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla, por el uso de fondos públicos para cabildear en el Congreso de los Estados Unidos en contra de los resultados del plebiscito celebrado el pasado 6 de noviembre, tal y como lo había advertido el presidente de dicha colectividad, Pedro Pierluisi.

Así lo anunció hoy en conferencia de prensa el Director Ejecutivo del PNP, Jorge Dávila, y el secretario general, José “Pichy” Torres Zamora.

Como codemandado figura el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Juan Eugenio Hernández Mayoral.

“El pasado 6 de noviembre el pueblo de Puerto Rico envió un mensaje claro rechazando el status colonial en el que vivimos y pidiendo la anexión de nuestra isla como el estado 51. No existe justificación legal alguna para utilizar fondos públicos en contra del mandato del pueblo”, sentenció Dávila, acompañado del grupo de abogados que representará en el caso.

El Director Ejecutivo informó que la colectividad ha estado vigilante de los movimientos de García Padilla desde que se anunció la contratación por cientos de miles de dólares del cabildero Charlie Black. Sobre el particular, indicó que aguardaron por tener la evidencia suficiente para acudir a los tribunales.

“La aceptación del Director de PRFAA sobre el uso de fondos públicos para cabildear en contra los resultados del plebiscito, donde el pueblo rechazó el ELA y pidió la estadidad, era la última pieza que necesitábamos”, añadió.

“La Constitución de Puerto Rico es clara. Los fondos públicos se utilizarán únicamente para fines públicos. Intentar adelantar la agenda del PPD, en contra de la voluntad del pueblo, es contrario a esa disposición y Alejandro García Padilla debe responder por sus actos y desistir de los mismos inmediatamente. El PNP protegerá la voluntad del pueblo y acudirá a los foros que sean necesarios para hacerla valer”, señaló, por su parte, el Secretario General.

La demanda radicada hoy en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan establece que tanto García Padilla como Hernández Mayoral han estado utilizando fondos públicos en contra del mandato del Pueblo soberano. Además menciona que el Co-demandado, García Padilla, emitió una misiva como Gobernador de Puerto Rico con fondos y recursos públicos a todos los congresistas alegando que la opción de la Estadidad no había prevalecido en la consulta de estatus.

“Paralelamente a los esfuerzos de García Padilla, el codemandado Hernández Mayoral, como Director Ejecutivo de PRFAA hacía gestiones similares en contra de la voluntad del Pueblo de Puerto Rico de forma ultra vires y fuera del marco de las facultades de su cargo ya que éste ha aceptado la erogación de fondos públicos en la contratación de cabilderos para rechazar la voluntad y el mandato del Pueblo en la consulta de estatus del 6 de noviembre de 2012”, reza el documento.

“Este gasto público se viabiliza al amparo de un contrato con ‘dos empresas de cabilderos—Prime Policy Group y Smith, Dawson & Andrews- que podrán facturar, entre ambas, hasta $546,000 durante este semestre’ y cerca de 1 millón de dólares durante el año 2013. Ciertamente el gasto de fondos públicos arriba mencionado por parte de la actual administración es ilegal e inconstitucional por ir no sólo en contra del mandato y la voluntad expresada por el Pueblo de Puerto Rico en la consulta de estatus realizada el pasado 6 de noviembre de 2012, sino también por constituir un uso indebido de fondos públicos para fines no-públicos y contravenir el axioma Constitucional de igualdad electoral en su vertiente de igualdad económica para los partidos políticos”, culmina la demanda que está firmada por los abogados, Luis Benjamín Méndez, Francisco González Magaz y Oscar Santamaría Torres.

PNP demanda a García Padilla y a la PRFAA

Buscan que el tribunal declare ilegal utilizar fondos públicos para cabildeo relacionado al plebiscito

Por Antonio R. Gómez / antonio.gomez@gfrmedia.com

El Partido Nuevo Progresista (PNP) y cuatro ciudadanos privados, entre los que figura la exsenadora Lucy Arce Ferrer, radicaron hoy una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla en la que solicitan al tribunal que declare ilegal utilizar fondos públicos para cabildear en contra de la interpretación que hace dicha colectividad de los resultados del plebiscito del pasado año.

La demanda fue radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y figuran también como demandados la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), y su director, Juan Eugenio Hernández Mayoral.

El anuncio sobre la demanda, que fue adelantada desde la pasada semana por el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, lo hicieron en conferencia de prensa el director ejecutivo del PNP, Jorge Dávila, y el secretario general de la colectividad, José “Pichy” Torres Zamora.

«El pasado 6 de noviembre, el pueblo de Puerto Rico envió un mensaje claro rechazando el status colonial en el que vivimos y pidiendo la anexión de nuestra isla como el estado 51. No existe justificación legal alguna para utilizar fondos públicos en contra del mandato del pueblo», sostuvo Dávila.

Explicó que el PNP fundamentó su reclamo en las expresiones que hizo el director de Prfaa en un artículo publicado en El Nuevo Día sobre el uso de los cabilderos del Gobierno para adelantar gestiones “en contra de los resultados del plebiscito, donde el pueblo rechazó el Estado Libre Asociado y pidió la estadidad”.

Según Dávila, esa “era la última pieza que necesitábamos».

“Ciertamente, el gasto de fondos públicos… por parte de la presente administración es ilegal e inconstitucional por ir, no solo en contra del mandato y la voluntad expresada por el pueblo de Puerto Rico en la consulta de status realizada el pasado 6 de noviembre, sino también por constituir un uso indebido de fondos públicos para fines no públicos y contravenir el axioma constitucional de igualdad electoral en su vertiente de igualdad económica para los partidos políticos”, se argumenta en la demanda.

Se incluyen como causas de acción la violación del derecho fundamental al voto, el uso indebido e inapropiado de fondos públicos y el derecho internacional.

“Se solicita específicamente al Tribunal que dicte la correspondiente sentencia declaratoria determinando la ilegalidad de la utilización de fondos públicos por parte de los demandados con el fin de impedir la consecución del mandato emitido por el pueblo de Puerto Rico el 6 de noviembre de 2012”, reza el documento.

Se reclama, además, que se ordene a los codemandados “a cesar y desistir de erogar fondos públicos para fines políticos partidistas”.

Firman el recurso los abogados Luis Benjamín Méndez, Francisco J. González y Oscar Santamaría.

«La Constitución de Puerto Rico es clara. Los fondos públicos se utilizarán únicamente para fines públicos. Intentar adelantar la agenda del PPD, en contra de la voluntad del pueblo, es contrario a esa disposición, y Alejandro García Padilla debe responder por sus actos y desistir de los mismos inmediatamente. El PNP protegerá la voluntad del pueblo y acudirá a los foros que sean necesarios para hacerla valer», señaló el secretario general del PNP.

PNP demanda al gobernador y a PRFAA por cabildeo sobre plebiscito

Por Antonio R. Gómez07/17/2013 | 01:05 p.m.

La demanda fue radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y figuran también como demandados el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico y la Administración.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) y cuatro ciudadanos privados, entre los que figura la exsenadora Lucy Arce Ferrer, radicaron hoy, miércoles, una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla en la que solicitan al tribunal que declare ilegal utilizar fondos públicos para cabildear en contra de la interpretación que hace dicha colectividad de los resultados del plebiscito del pasado año.

La demanda fue radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y figuran también como demandados el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Juan Eugenio Hernández Mayoral, y la propia Administración.

El anuncio sobre la demanda, que fue adelantada desde la pasada semana por el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, lo hicieron en conferencia de prensa el director ejecutivo del PNP, Jorge Dávila, y el secretario general de la colectividad, José “Pichy” Torres Zamora.

«El pasado 6 de noviembre, el pueblo de Puerto Rico envió un mensaje claro rechazando el status colonial en el que vivimos y pidiendo la anexión de nuestra isla como el estado 51. No existe justificación legal alguna para utilizar fondos públicos en contra del mandato del pueblo», sostuvo Dávila.

Explicó que el PNP fundamentó su reclamo en las expresiones que hizo el director de Prfaa en un artículo publicado en El Nuevo Día sobre el uso de los cabilderos del Gobierno para adelantar gestiones “en contra de los resultados del plebiscito, donde el pueblo rechazó el Estado Libre Asociado y pidió la estadidad”.

Según Dávila, esa “era la última pieza que necesitábamos».

“Ciertamente, el gasto de fondos públicos… por parte de la presente administración es ilegal e inconstitucional por ir, no solo en contra del mandato y la voluntad expresada por el pueblo de Puerto Rico en la consulta de status realizada el pasado 6 de noviembre, sino también por constituir un uso indebido de fondos públicos para fines no públicos y contravenir el axioma constitucional de igualdad electoral en su vertiente de igualdad económica para los partidos políticos”, se argumenta en la demanda.

Se incluyen como causas de acción la violación del derecho fundamental al voto, el uso indebido e inapropiado de fondos públicos y el derecho internacional.

“Se solicita específicamente al Tribunal que dicte la correspondiente sentencia declaratoria determinando la ilegalidad de la utilización de fondos públicos por parte de los demandados con el fin de impedir la consecución del mandato emitido por el pueblo de Puerto Rico el 6 de noviembre de 2012”, reza el documento.

Se reclama, además, que se ordene a los codemandados “a cesar y desistir de erogar fondos públicos para fines políticos partidistas”.

Firman el recurso los abogados Luis Benjamín Méndez, Francisco J. González y Oscar Santamaría.

«La Constitución de Puerto Rico es clara. Los fondos públicos se utilizarán únicamente para fines públicos. Intentar adelantar la agenda del PPD, en contra de la voluntad del pueblo, es contrario a esa disposición, y Alejandro García Padilla debe responder por sus actos y desistir de los mismos inmediatamente. El PNP protegerá la voluntad del pueblo y acudirá a los foros que sean necesarios para hacerla valer», señaló el secretario general del PNP.

http://www.scribd.com/doc/154337520/Pnp-demandablack

Vanessa Carbonell Ortiz> El bobo de la yuca diciendo que los impuestos no van a llegar al consumidor. Jajajaaa
http://ht.ly/n4MIm

Pierluisi: “Esto es cantazo tras cantazo”

EL VOCERO / Luis Alberto López

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, catalogó esta mañana como “nefastas” las decisiones más recientes tomadas por el gobernador Alejandro García Padilla y su administración, a la vez que aseguró al Pueblo que “hay luz al final del túnel”.

“Las cosas aquí no van bien. Esto está terrible. Esto es cantazo tras cantazo. Este gobierno, lo dijimos y lo hemos estado diciendo desde el principio, las decisiones que ha tomado este gobierno han sido nefastas para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Pierluisi en entrevista con WKAQ 580.

El Comisionado Residente enfatizó que muchos de los recientes aumentos se deben al arbitrio al combustible al considerar que este tiene un efecto multiplicador en la distribución de todo tipo de artículo.

“En la luz pasó una cosa bárbara, y es que en vez de pasarle al Pueblo, particularmente a los consumidores que no tienen nunca ningún tipo de incentivo, el ahorro por el cambio a gas natural en la planta de Costa Azul, han cogido y se lo pasan a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Las corporaciones son independientes una de otra y tú tienes que administrar cada una de esas corporaciones públicas bien. Viene ahora la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y va a estar cobrándole menos la luz a la AAA, y entonces, ¿quién va a pagar eso? El Pueblo”, sostuvo.

En tanto, Pierluisi lamentó la renuncia del presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier Ferrer, y entendió que esto pudo ocurrir porque este no está de acuerdo con la política fiscal del actual gobierno o porque no le están prestando atención a su asesoramiento.

Por otra parte, el también Presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) criticó la Reforma Legislativa por la aprobada asignación de un reembolso de $900 a cada representante que el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló aseguró son para gastos administrativos de las oficinas.

“¡Qué clase de reforma legislativa! Hicieron una promesa al Pueblo de que iban a reformar la Legislatura y aquí, otra vez, una reforma fatula”, expresó.

En horas de esta mañana, los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Sonia Pachecho y Luis Raúl Torres renunciaron a este reembolso de la Cámara de Representantes.

De igual forma, el exrepresentante del PPD, Eduardo Ferrer Ríos, admitió que esta orden es contraria a lo que se le prometió al Pueblo que sería la reforma legislativa.

Aunque hizo un esfuerzo por evitar entrar en la controversia con el liderato actual de la Cámara, Ferrer Ríos mantuvo su posición de que la reforma legislativa no se evaluó ni se aprobó correctamente.

Por otro lado, Pierluisi anunció que hoy se reunirá con el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, y con la jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, con quienes discutirá el asunto de la reforma en la Policía y añadió que buscará ampliar los recursos que recibe Puerto Rico para combatir el crimen.

Por último, el Presidente del PNP garantizó que “hay luz al final del túnel, la luz es el PNP, vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir haciendo propuestas y vamos a seguir realizando recomendaciones. Sé que va a ser duro esperar hasta las próximas (elecciones)”.

Refieren a Justicia federal la contratación de Charlie Black

18 de julio de 2013 – Política, Puerto Rico – Vocero.com

José Aponte Hernández exige que se revisen todas las gestiones realizadas por Black hasta el momento

Foto AP

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, refirió hoy al secretario de Justicia federal, Eric Holder, la contratación por parte de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) del cabildero Charles R. Black, debido al posible uso ilegal de fondos públicos.

Aponte Hernández, además, exigió que se revisen todas las gestiones realizadas por Black hasta el momento, muy especialmente aquellas vinculadas al asunto del estatus político de la Isla para identificar si promovió una agenda contraria a la expresada por los votantes el pasado noviembre.

Según el líder estadista, el caso contra PRFAA y su contratación del conocido cabildero congresional, surge luego que el propio director de dicha dependencia admitiera en una entrevista con un diario que la función de Black es ‘promover la política pública del Gobernador y la Legislatura que rechaza que la estadidad haya ganado el plebiscito de estatus de noviembre’.

“Los records indican que PRFAA contrato a Black y su firma, Prime Policy Group, para cabildear a favor de los intereses de Puerto Rico. Aunque el uso legítimo de cabilderos es parte del proceso legislativo de nuestra nación, estos no pueden ser usados contra la voluntad del pueblo, especialmente cuando existen unos resultados oficiales de ese deseo. El pasado noviembre, los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico votaron en un plebiscito oficial por la opción de la estadidad. La contratación de Black para hacer gestiones en contra de esta voluntad es inmoral e ilegal”, señaló Aponte Hernández mediante un parte de prensa.

De acuerdo a la Oficina del Contralor, PRFAA otorgó el 3 de julio un contrato (número 2014-AF0001 por la cantidad de 300,000 dólares) a Black para gestiones de ‘servicios legales’. El mismo tiene una vigencia de seis meses.

El representante novoprogresista envió la pasada semana senda carta al titular de justicia federal solicitándole una pesquisa de los contratos y acciones del cabildero republicano.

En la carta, el expresidente cameral indicó a Holder que, como el principal fiscal de los Estados Unidos, él tiene la responsabilidad de iniciar una investigación sobre el alegado uso de recursos del estado para ir contra los intereses del pueblo, especialmente porque PRFAA tiene acceso a varias asignaciones federales a través de diversos programas.

Asimismo, durante el día de ayer el Partido Nuevo Progresista (PNP) radicó una demanda en contra de Alejandro García Padilla, por usar fondos públicos para cabildear en el Congreso en contra de los resultados de la consulta.

El liderato penepé argumenta en la demanda que el Gobernador y Presidente del Partido Popular Democrático (PPD), así como Juan Eugenio Hernández Mayoral, violan las disposiciones sobre el uso de fondos públicos en la Constitución, al utilizar el dinero público para adelantar una causa política.

Los abogados Luis Benjamín Méndez, Francisco González Magaz y Oscar Santamaría Torres representan al PNP en esta demanda.

Vea: PPD/AGP: Campaña de la Desesperanza