Voy a hacer algo que usted no espera, voy a defender una acción tomada por el Gobernador. Sí señor, AGP hizo muy bien la semana pasada al firmar un acuerdo con el secretario de Justicia federal, Eric Holder, para poner la Policía de Puerto Rico (PPR) en sindicatura federal. Dicho esto, debo sustentar y matizar esa aseveración.
Primero, hay que recalcar que aunque tanto el Gobernador como Holder lo negaran, el acuerdo es una forma de sindicatura, o como diría Shakespeare, que una sindicatura, “by any other name is still a” sindicatura. Veamos. El acuerdo es producto de un caso en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, es decir el Tribunal federal; se firma entre el Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno federal para nombrarle a la PPR (no al FBI) un Asesor Técnico de Cumplimiento que dicen no mandará sino que ‘monitoreará’; pero si Puerto Rico no cumple el monitor vuelve al Tribunal federal (no al local) a hacer que se observe el acuerdo. Por otro lado, aunque todos los materiales de instrucción se traducirán al español, fueron originalmente pensados y preparados con la mentalidad y valores del Gobierno federal, basados en los conceptos y principios del Derecho común o consuetudinario y redactados en inglés. (Como ya es tradición en muchas escuelas en Puerto Rico, van a enseñar inglés en español.) El Gobierno federal además de proveer los materiales, compartirá, aunque limitadamente, la implementación del programa.
En fin, el Tribunal federal y el Departamento de Justicia federal han ordenado el fin de la ‘república policiaca’ que para nuestra desgracia se desarrolló en Puerto Rico a partir de la creación del ELA. El propósito es integrar la Policía de Puerto Rico al sistema federal, no solo en términos de operaciones sino su cultura organizacional y en sus valores, procedimientos y técnicas en el servicio. Para mí, esa federalización de la Policía es un adelanto en términos policiacos y en términos políticos. Gracias AGP, por firmar este acuerdo como lo dejó negociado la Administración PNP.
Pero he escuchado analistas, aun estadistas, quejarse de que el acuerdo es una violación de la soberanía de Puerto Rico, ya sea como país separado o como estado, en una crítica velada al juez Gustavo Gelpí que presidió el caso. No hay tal violación. El acuerdo es una transacción con aceptación bilateral para reducir los costos a Puerto Rico. No es una condición final sino un proceso de transformación. Y al fin, refleja los deseos expresos del electorado en el pasado plebiscito.
La federalización de la Policía, más aun, no puede verse como un evento aislado. Es parte de una serie de pasos (en la educación, la salud, la vivienda) que ha tomado o va tomando el Gobierno federal sobre diferentes aspectos de la administración pública en Puerto Rico.
Las pasadas dos semanas, sin ir más lejos, publiqué dos columnas en las que desmenucé la federalización del proceso de transformación del estatus. Los dos eventos están íntimamente ligados. Considere que el oficial del Departamento de Justicia que le explicó el contenido y extensión del acuerdo a los oficiales de la PPR fue el subsecretario de Justicia, Derek Anthony (Tony) West. ¿No lo conoce? Pues sepa que Tony West es copresidente del Task Force del Presidente sobre del Estatus de Puerto Rico. Es decir, el encargado de nuestro estatus en la Rama Ejecutiva y posiblemente será el sucesor de Holder como Secretario de Justicia cuando este abandone la posición próximamente.
Fue con West que yo, como parte de una delegación de LULAC, me reuní para presentarle los resultados del pasado plebiscito. Puedo asegurarle, por lo tanto, que los tiene bien claros. Sabe que los puertorriqueños repudiamos la condición territorial, la independencia y la libre asociación y escogimos la estadidad. Es decir, que escogimos federalizar todo nuestro sistema político, no como territorio, sino como estado. Es apropiado entonces que AGP haya comenzado la federalización de la Policía.
Comentarios a: GarrigaPico@yahoo.com
Twitter: @garrigapi
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