Defensa de la voluntad del pueblo

Defensa de la voluntad del pueblo

Hernán Padilla – 07/22/13

Para debatir los argumentos legales y oponerse al uso de fondos públicos para obstruir el mandato electoral del pueblo rechazando el status territorial-colonial actual y favoreciendo la estadidad, debemos considerar que esa estrategia partidista le  falta el respeto al Pueblo de Puerto Rico.

Nadie puede negar que el pueblo se expresó libre y democráticamente en la consulta de estatus cuando 970,910 votantes (53.97%) expresó no querer continuar con el estatus territorial actual, mientras

Hernan Padilla

que 828,077 votantes (46.03%) lo favorecieron. Puerto Rico revocó el consentimiento de los gobernados para continuar bajo el status actual.

Tampoco pueden negar que entre las tres opciones presentadas conforme a las definiciones aceptadas en el “Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico”, la opción de la Estadidad fue preferida por 834,191 votos (61.16%), la opción del Estado Libre Asociado Soberano obtuvo 454,768 votos (33.34%) y la opción de la Independencia obtuvo 74,895 votos (5.49%).

Ambas cifras contrastan con el respaldo minoritario de un 47.7 % que obtuvo el gobernador electo. Contrario a lo que alegan los administradores de la colonia, esos resultados no le permiten usar fondos públicos para imponer su agenda respecto al status de Puerto Rico, violar los principios democráticos y negar la voluntad del pueblo.

El Gobernador García Padilla, en función oficial,  envió una carta usando fondos y recursos públicos a todos los congresistas de la Cámara de Representantes Federal negando los resultados oficiales certificados por la Comisión estatal de Elecciones; y a través de la Administración de Asuntos federales (PRAFA) autorizó la erogación de $546,000 de fondos públicos para contratar cabilderos para rechazar la voluntad del pueblo en la consulta del estatus. El Director de PRAFA, Juan Eugenio Hernández Mayoral, admitió públicamente que esos fondos son utilizados para promover la política de García Padilla que rechaza los resultados del plebiscito.

El derecho al voto es un derecho fundamental del pueblo y es nuestra obligación hacerlo respetar. El uso de fondos públicos por parte del gobierno para impedir la implantación de los resultados de la consulta de estatus no cumple con lo expresado en las urnas.  Ese uso de fondos públicos viola la política pública del Presidente y es contrario a las normas del derecho internacional sobre “libre  determinación”.

Obstruir el proceso de autodeterminación de Puerto Rico contraviene el mandato del pueblo y constituyen actuaciones político-partidistas, no funciones públicas. El Gobernador no puede utilizar los fondos públicos para impulsar su agenda político-partidista, mucho menos para violentar los resultados de un referéndum favoreciendo una formula ideológica contraria a la suya. Le corresponde al PPD, no a los contribuyentes, costear cualquier oposición al mandato electoral.

Le corresponde a los que rechazan reconocer que Estados Unidos es nuestra nación y rechazan agencias federales en nuestro suelo que expongan su caso con sus propios fondos sin usar los recursos públicos, tan  necesarios para servir al pueblo y resolver los problemas en la Isla.

Tratándose de los postulados más elementales de nuestro sistema democrático y esquema constitucional, la utilización de fondos públicos para fines políticos partidistas lacera irremediablemente el sistema de equidad electoral.

Alerto a los medios que no han denunciado  el uso de fondos públicos para promover una causa política y les advierto a los legisladores y líderes políticos que esta acción sienta el precedente de usar fondos públicos para adelantar una causa ideológica en contra del deseo expreso del pueblo.

Esto no es un asunto trivial sino una tragedia; el que los colonialistas utilicen fondos públicos para contratar cabilderos que impongan el status territorial que mantiene a Puerto Rico segregado políticamente, sin igualdad de derechos constitucionales, políticos y ciudadanos y sumidos en la pobreza sin las mismas oportunidades de progreso que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados de la Unión.

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