La impunidad le ganó a la justicia

La impunidad le ganó a la justicia

9 de agosto de 2013 – ColumnasOpinión – 

No se le puede pedir peras al olmo, dice el refrán. Como tampoco podemos pedirle justicia al Partido Popular.

EL VOCERO/Archivo

Hace tres días la oronda Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico emitió la Certificación Núm. 5 2013-2014, donde sustituyen las sanciones disciplinarias a raíz de delitos cometidos por un grupo de desalmados estudiantes durante la pasada huelga universitaria, por unas lacónicas recomendaciones hechas por los Oficiales Examinadores.

Acciones como la perpetrada por esta Junta de Gobierno son la política pública de la actual Administración, en que la ideología y la deuda política crean los elementos de inmunidad para que delincuentes o personas que violan la ley y el orden establecidos queden impunes e inmunes, por igual. Es un premio al proselitismo y a lo efectivo del odio hacia el adversario.

Algo análogo lo estamos viendo en el sistema de justicia de Puerto Rico, donde la impunidad y la despenalización por decreto contra los criminales es la orden del día. Situación que evidencia la descomposición acelerada de las instituciones públicas en su estricto sentido legal como en su amplio sentido práctico y literal, y la desconfianza del Pueblo, en general, de que la justicia sea un fin alcanzable.

Los estudiantes agraciados -¡y premiados!, por supuesto- por el Gobierno del Partido Popular, nunca respetaron el sagrado derecho al estudio de los estudiantes que discreparon de los radicales métodos de protesta utilizados y del contenido de su mensaje y de sus reclamos. Tampoco respetaron la propiedad pública ni privada, ni, mucho menos, la dignidad personal y la integridad física del resto de las personas, incluso de la rectora Ana Guadalupe. Sus armas de lucha fueron los palos, las piedras, las capuchas y las agresiones verbales y físicas sin importar que las acciones tuvieran consecuencias irreparables.

Ninguna universidad privada en Puerto Rico hubiera permitido los abusos que este pequeño grupo de forajidos causó en el Recinto de Río Piedras. Tampoco se hubiese visto en ninguna universidad de Estados Unidos ni de Europa, donde están los mejores centros académicos del mundo y donde el respeto por la investigación científica y el desarrollo del conocimiento tiene caracteres de sacramento, premiar u otorgar inmunidad a vándalos especializados en coartar el derecho ajeno y en violentar la armonía legal y social que solo se garantiza en un sistema de ley y orden.

Esto solo lo vemos en la colonia, donde cada 25 de julio el partido que gobierna rinde loas a la falta de derechos democráticos y al estado de desigualdad política y constitucional que, por puro ventajismo y oportunismo político, también se les rinde a los que violan la ley y el orden establecido, y el derecho a disentir de los demás. No se le puede pedir peras al olmo, dice el refrán. Como tampoco podemos pedirle justicia al Partido Popular.

Comentarios a: marioramosmendez@yahoo.com

Jueces y jueces

8 de agosto de 2013 – ColumnasOpinión – 

“Los dioses del Olimpo’ deben dar explicaciones de sus decisiones”

EL VOCERO/Archivo

En el mes de octubre de 2011 un exconvicto federal fue atrapado en medio de un robo, con un arma de fuego hurtada. Una jueza estatal no encontró causa para juicio. Osea, para los efectos, el individuo nunca intentó robar, jamás tuvo un arma robada. Fue llevado a la sala del juez federal, José A. Fusté. ¿Qué pasó? ¡Pa’ dentro! ¡48 meses ‘enjaulado’! por violar su libertad supervisada. ¡Qué fácil los delincuentes se salen con la suya en nuestro sistema judicial!

Dijo Fusté en ese entonces “La evidencia es abrumadora. Todavía estoy tratando de recuperarme del resultado de esa vista preliminar”.

En mayo de 2013 Fuste volvió a la carga. Vio el caso de un joven de 35 años, con larga experiencia criminal y miembro de una organización de asesinos. El acusado participó en el asesinato de una policía y un bibliotecario en pleno expreso de Trujillo Alto. Mató, según su abogada, para ‘mantener su imagen’ en la pandilla. El pedigrí del delincuente incluía: una falta a los 16 años por vehículo hurtado, sentencia de cárcel a los 21 años por violencia doméstica, y en varias ocasiones arrestos y acusaciones por violaciones a la Ley de Amas y sustancias controladas. Todos los casos fueron desestimados en el sistema judicial. Lea bien esto. En el caso federal la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo de 20 años de cárcel o un poco más. Fusté ‘mandó a las pailas’ el acuerdo y le ‘espetó’ 30 años de cárcel.

Fusté volvió a poner ‘el dedo en la llaga’ sobre el sistema judicial local. Dijo que no tenía la voluntad ni la ‘babilla’ pa’ meterle mano a los criminales.

Hace unos días sentenció a cadena perpetua a Xavier Jimenez Benceví, quien mató a una confidente de los federales. Este individuo había sido arrestado por disparar contra unos policías un AK 47; arma automática ilegal que se utiliza en el bajo mundo para exterminar vidas humanas.

El fiscal del caso llegó a un acuerdo con la defensa para reclasificar los cargos a agresión agravada y uso de un arma neumática (como si hubiese sido una ‘pistolita’ de perdigones). El juez estatal aceptó el acuerdo y en seis meses Jimenez Benceví estaba en la calle listo para matar… ¡y mató! Para mí, las manos de la defensa, la Fiscalía y el juez que atendieron ese caso, están manchadas con sangre.

No hace tanto, la jueza presidenta del Tribunal Federal, Aida Delgado, también hizo un llamado al sistema judicial y la Legislatura a investigar porqué en nuestro sistema se desestiman tantos casos.

La jueza Delgado lleva en su corazón la ‘mancha de guineo’. Es una ‘jibarita’ de Lares, como yo de Jayuya. El juez Fusté es de San Juan y con su ‘mancha de plátano’ intacta. Conozco y he podido conversar con Fusté, y puedo asegurar que su preocupación por nuestro sistema judicial es genuino. Me luce que seguirá diciendo lo que tiene que decir, lo que solo personas como ellos se atreven a decir. Y no lo hacen por mal, sino para ver si en la alta esfera de nuestra judicatura acaban de abrir los ojos y toman acción.

Nuestro sistema judicial tiene excelentes jueces y pongo como ejemplo a José Ramírez Lluch. Un jurista de primer orden que hace su trabajo. Se que la mayoría de los jueces son iguales a él, pero los pocos que no, son lo que manchan el buen nombre del sistema. Creo que es hora de cambiar las cosas: que lo que algunos llaman ‘los dioses del Olimpo’ den explicaciones de sus decisiones y que la Legislatura trabaje leyes más justas para el Pueblo, en lugar de para los criminales.

Ojalá tuviéramos más jueces como Ramírez Lluch y administradores judiciales como Delgado y Fusté. Mi respeto a los tres.

Apuntes sobre el Derecho chino

7 de agosto de 2013 – ColumnasOpinión – 

Frederic J. Rocafort
Asociación de Abogados

El año pasado, un puertorriqueño residente en el sur de China firmó un contrato para alquilar una propiedad comercial. Unos meses más tarde el arrendatario incumplió dicho acuerdo. La reacción inicial de nuestro compatriota fue una de desánimo. Como muchos extranjeros, asumió que sería imposible ganar una demanda en China. Sin muchas esperanzas, contrató a un abogado local y demandó. Grande fue su sorpresa cuando ganó el caso. Tanto en China, como en Puerto Rico, el incumplimiento contractual acarrea consecuencias legales.

Aunque en un Tribunal puertorriqueño el resultado hubiese sido similar, existen importantes diferencias entre ambos sistemas legales. En esta ocasión resalto tres.

• En China no existe separación de poderes entre las ramas del Gobierno. El artículo 128 de la Consitución de 1982 establece que el Tribunal Popular Supremo responde ante la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente. En otras palabras, la rama judicial está subordinada a la legislativa. Como resultado y a diferencia de nuestro País, lo que existe en China es una separación de funciones y no de poderes. La independencia de la judicatura queda matizada de esta manera.

• Otra peculiaridad del ordenamiento chino es que todos los terrenos del país son propiedad del Estado. En las áreas rurales, los mismos pertenecen de manera colectiva al campesinado. En la práctica, las autoridades locales pueden expropiarlos con relativa facilidad por lo cual están sujetos a control gubernamental. En las áreas urbanas, la tierra pertenece al gobierno. Cuando alguien compra un apartamento en una ciudad china, en realidad lo que adquiere es el derecho de uso de dicha propiedad por un periodo limitado. En el caso de las residencias, y a pesar de los astronómicos precios de las mismas, el plazo máximo de dicho derecho es 70 años. La reventa del inmueble está condicionada por este plazo.

• Finalmente, la judicatura china se encuentra en plena transformación. Por décadas fue común que militares retirados, sin educación formal en Derecho, sirvieran como jueces. Se están llevando a cabo esfuerzos para mejorar esta situación. Por ejemplo, existen ahora estándares mínimos para los nuevos jueces. Uno de estos es revalidar como abogado. Tomará tiempo transformar un sistema que sirve a más de 1,300 millones de personas. Sin embargo, la profesionalización de la judicatura optimizará el funcionamiento del sistema.

A pesar de que existen apreciables diferencias entre el Derecho chino y el puertorriqueño, encontramos también semejanzas. El objetivo es el mismo, fomentar la justicia, si bien la misma se concibe de manera distinta en ambos países.

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