El destituido procurador del Veterano, Agustín Montañez, advirtió ayer que demandará al Gobierno por su despido “ilegal”, ya que su nombramiento tenía vigencia de 10 años.
El licenciado dijo que no recibió una carta de despido, sino que supo de la decisión de La Fortaleza a través del comunicado de prensa que fue emitido mientras estaba en una reunión con el comisionado residente, Pedro Pierluisi, y dirigentes de organizaciones de veteranos.
“A esta hora (12:42 pm) no he recibido una comunicación de Fortaleza anunciando mi destitución”, dijo, y reclamó que como militar, no puede abandonar su puesto, y menos para que lo ocupe una persona que no es veterana, sino que en todo caso le correspondería al Subprocurador ocupar el cargo.
La secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, informó que Elizabeth López Cabrera fue seleccionada como Procuradora Interina.
Por su parte, Pierluisi arremetió contra el gobernador Alejandro García Padilla y catalogó la destitución como “inaudito”. “No es un patrón (de destituir a personas nombradas por la Administración de Luis Fortuño), lo que veo es una obsesión”. Y advirtió que de salir electo gobernador en el 2016 revertirá los cambios a las procuradurías.
Entretanto, el presidente del Concilio de Veteranos y Soldados Puertorriqueños, William Lourido, exaltó la labor de Montañez y expresó que “el Gobernador está siendo un dictador” al no contar con la opinión de los más de 150 mil que componen ese sector. Aunque los veteranos son personas que cumplen con la ley, “podría pasar cualquier cosa”, advirtió.
Otro que acudió a los tribunales es el ex procurador del Paciente, Carlos Mellado, quien manifestó en una entrevista radial (WAPA Radio) que “obviamente, este caso yo lo estoy litigando en los tribunales por instrucciones de mi abogado para hacerlo de una manera elegante, porque aquí yo lo que no quiero es que se afecten los servicios a los pacientes. Yo me estoy retirando y en el Tribunal ya tengo unos planteamientos de que esto (el proceso) ha sido atropellado”.
El exfuncionario abandonó la oficina, que fue ocupada por la procuradora interina, Sandra Román Moya.
Por su parte, la –hasta ayer– procuradora de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad, Concepción Silva Vergara, lamentó las circunstancias en que se dio un proceso que era esperado, pero que no fue informado debidamente.
Relató que aunque durante el proceso de transición iniciado este mes preguntó varias veces sobre la fecha de salida de la agencia, “se le notificó ayer, abruptamente, cuando se personaron a la oficina y le dijeron a todo el mundo que se tenían que ir”.
Silva descartó entrar en discusiones político partidistas. Dijo que “el País no necesita que se abone a luchas estériles cuando hay tanto que hacer. Cada uno de nosotros (los procuradores) hemos sido unos profesionales dando el máximo, y es tan lamentable en ese sentido”. David Ortiz Ortiz ocupará el puesto.
Ingrid Vila Biaggi mencionó que la Procuraduría de Personas con Impedimentos estará al mando de Ramón Calzada Jiménez. Los nombramientos serán vigentes hasta que se designen los procuradores en propiedad y sean confirmados por el Senado, indicó.
El procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, entabló una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla por discrimen político y pidió una orden de protección contra una serie de funcionarios que, según alega, intentan impedir que cumpla con las funciones para las que fue nombrado.
La confrontación directa surge poco después que gobernador nombrara a Ramón Calzada Jiménez como procurador interino de la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI). El gobernador justificó el nombramiento amparándose en la Ley 78 de 2013, que él mismo firmó en julio de este año.
“En el momento en que juramenté lo hice para 10 años y estoy disponible para ocupar el cargo. Es lamentable que no nos hayan dado el debido proceso de ley ni tan siquiera una entrevista para conocer nuestra hoja de trabajo”, afirmó ayer Díaz Carrasquillo en la oficina que aún ocupa en Miramar.
Según Díaz Carrasquillo, nunca fue notificado oficialmente de que sería relevado del puesto. Contó que el viernes miembros del comité de transición le pidieron verbalmente que entregara su identificación, las llaves y los accesos a la oficina. Él se negó.
La demanda con la que Díaz Carrasquillo busca retener su silla fue presentada en la tarde del martes e incluye como demandada a la exprocuradora y actual senadora Rossana López León (autora de la Ley 78) y a funcionarios del comité de transición.
Intentan sacar al procurador de personas con impedimentosIván Díaz Carrasquillo indica que la manera que La Fortaleza está intentando destituirlo es «un proceso atropellado»
El procurador de la OPPI alega discrimen político y violaciones a sus derechos civiles y al debido proceso de ley ya que entiende su salida de la agencia no procede en derecho.
Junto a la demanda se pidió una orden de protección y un interdicto para que el poder ejecutivo no le impida ocupar la oficina del procurador y ejercer sus funciones. El juez Daniel Domínguez fue asignado al caso.
“Él va a estar en la oficina hasta que lo despidan”, aseguró su abogado, el licenciado Jean Philip Gauthier. “El gobernador está facultado (para destituirlo) pero tiene que seguir el debido procedimiento y el procedimiento de la Ley 78 es el mismo de la ley 1 de 2011”, planteó.
Controversia legal29 de agosto de 2013
Procurador del impedido desafía intención de sacarlo
Demanda al gobierno por discrimen político. Vídeo
El procurador Iván Díaz Carrasquillo entiende que la nueva ley lo único que busca es sacarlo de su silla.
Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com
El procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, entabló una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla por discrimen político y pidió una orden de protección contra una serie de funcionarios que, según alega, intentan impedir que cumpla con las funciones para las que fue nombrado.
La confrontación directa surge poco después que gobernador nombrara a Ramón Calzada Jiménez como procurador interino de la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI). El gobernador justificó el nombramiento amparándose en la Ley 78 de 2013, que él mismo firmó en julio de este año.
“En el momento en que juramenté lo hice para 10 años y estoy disponible para ocupar el cargo. Es lamentable que no nos hayan dado el debido proceso de ley ni tan siquiera una entrevista para conocer nuestra hoja de trabajo”, afirmó ayer Díaz Carrasquillo en la oficina que aún ocupa en Miramar.
Según Díaz Carrasquillo, nunca fue notificado oficialmente de que sería relevado del puesto. Contó que el viernes miembros del comité de transición le pidieron verbalmente que entregara su identificación, las llaves y los accesos a la oficina. Él se negó.
La demanda con la que Díaz Carrasquillo busca retener su silla fue presentada en la tarde del martes e incluye como demandada a la exprocuradora y actual senadora Rossana López León (autora de la Ley 78) y a funcionarios del comité de transición.
Intentan sacar al procurador de personas con impedimentos
Iván Díaz Carrasquillo indica que la manera que La Fortaleza está intentando destituirlo es «un proceso atropellado»
El procurador de la OPPI alega discrimen político y violaciones a sus derechos civiles y al debido proceso de ley ya que entiende su salida de la agencia no procede en derecho.
Junto a la demanda se pidió una orden de protección y un interdicto para que el poder ejecutivo no le impida ocupar la oficina del procurador y ejercer sus funciones. El juez Daniel Domínguez fue asignado al caso.
“Él va a estar en la oficina hasta que lo despidan”, aseguró su abogado, el licenciado Jean Philip Gauthier. “El gobernador está facultado (para destituirlo) pero tiene que seguir el debido procedimiento y el procedimiento de la Ley 78 es el mismo de la ley 1 de 2011”, planteó.
Controversia legal
En esencia Díaz Carrasquillo entiende que está siendo destituido.
Su nombramiento, sin embargo, fue hecho al amparo del Plan de Reorganización Número 1 del 2011 que creó la Oficina de Administración de las Procuradurías. Este Plan derogó las leyes orgánicas originales de las oficinas de los procuradores.
Las nuevas leyes firmadas por García Padilla, incluida la 78, restablecen como dependencias independientes la OPPI y las procuradurías del Veterano, de la Salud y de las Personas de Edad Avanzada. Las nuevas leyes derogan el Plan de Reorganización y fueron redactadas como ordenamientos orgánicos por lo que, en esencia, son leyes que crean las agencias de nuevo, lo que usualmente incluye nuevos nombramientos en las posiciones de dirección.
Díaz Carrasquillo señaló que en el 2011, cuando se implantó la reorganización, ya el término del nombramiento del procurador anterior había expirado. Ahora, sin embargo, el puesto está ocupado.
“Cualquier ley nueva que dentro de su cuerpo diga que deroga una ley anterior y no deja viva ninguna sección de esa ley, definitivamente prevalece mientras no contenga disposiciones que al ser evaluadas por un tribunal este determine que son anticonstitucionales… No es un despido”, analizó Osvaldo Toledo, expresidente del Colegio de Abogados.
Toledo, sin embargo, señaló que podría haber una controversia jurídica si se logra demostrar que la intención legislativa era remover a Díaz Carrasquillo de la dependencia y no reformarla.
“La única motivación que hay detrás de la legislación es destituir. La nueva ley no impacta de ninguna manera la posición de Iván. Todos los empleados de la vieja oficina de la procuraduría de personas con impedimentos (que fueron enviados a la OAP) pasan a ser ahora de la nueva oficina”, dijo, por su parte, Gauthier.
Ayer, Calzada Jiménez, quien estaba en una oficina a puerta cerrada, no aceptó ser entrevistado. Al cierre de esta edición tampoco estuvo disponible para reaccionar la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi.
En esencia Díaz Carrasquillo entiende que está siendo destituido.
Su nombramiento, sin embargo, fue hecho al amparo del Plan de Reorganización Número 1 del 2011 que creó la Oficina de Administración de las Procuradurías. Este Plan derogó las leyes orgánicas originales de las oficinas de los procuradores.
Las nuevas leyes firmadas por García Padilla, incluida la 78, restablecen como dependencias independientes la OPPI y las procuradurías del Veterano, de la Salud y de las Personas de Edad Avanzada. Las nuevas leyes derogan el Plan de Reorganización y fueron redactadas como ordenamientos orgánicos por lo que, en esencia, son leyes que crean las agencias de nuevo, lo que usualmente incluye nuevos nombramientos en las posiciones de dirección.
Díaz Carrasquillo señaló que en el 2011, cuando se implantó la reorganización, ya el término del nombramiento del procurador anterior había expirado. Ahora, sin embargo, el puesto está ocupado.
“Cualquier ley nueva que dentro de su cuerpo diga que deroga una ley anterior y no deja viva ninguna sección de esa ley, definitivamente prevalece mientras no contenga disposiciones que al ser evaluadas por un tribunal este determine que son anticonstitucionales… No es un despido”, analizó Osvaldo Toledo, expresidente del Colegio de Abogados.
Toledo, sin embargo, señaló que podría haber una controversia jurídica si se logra demostrar que la intención legislativa era remover a Díaz Carrasquillo de la dependencia y no reformarla.
“La única motivación que hay detrás de la legislación es destituir. La nueva ley no impacta de ninguna manera la posición de Iván. Todos los empleados de la vieja oficina de la procuraduría de personas con impedimentos (que fueron enviados a la OAP) pasan a ser ahora de la nueva oficina”, dijo, por su parte, Gauthier.
Ayer, Calzada Jiménez, quien estaba en una oficina a puerta cerrada, no aceptó ser entrevistado. Al cierre de esta edición tampoco estuvo disponible para reaccionar la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi.
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