“Injunction” a la Constituyente – Por: CARLOS ROMERO BARCELÓ

29 de agosto de 2013

“Injunction” a la Constituyente

CARLOS ROMERO BARCELÓ

Lo que propone el PPD de celebrar una Asamblea Constituyente y restarle validez a la voluntad del pueblo puertorriqueño expresada claramente en el plebiscito del año pasado es ilegal. Tanto el Partido Nuevo Progresista, como individuos y organizaciones que apoyen la igualdad política y económica podrían radicar un recurso en el Tribunal de Primera Instancia solicitando paralizar la utilización de recursos humanos y económicos del Gobierno para celebrar una Asamblea Constituyente. CRB-CARLOS_ROMERO_BARCELO_6-300x180

La Asamblea Constituyente no resolverá el dilema de status. Discutamos la historia. Desde que se cambió el nombre de “territorio” a Estado Libre Asociado, tanto el gobernador Luis Muñoz Marín como los líderes populares se han dedicado a tratar de engañar al pueblo sobre nuestra relación política y económica con los estados de la unión.

El proceso del cambio de nombre comienza poco después de terminarse la Segunda Guerra Mundial, al crearse la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La derrota de las dictaduras de Alemania, Italia y Japón y el triunfo de las democracias de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, intensificó el reclamo de ponerle fin a los imperios y liberar las colonias. Al sentir la presión, el presidente Truman sometió legislación para autorizar a Puerto Rico a elegir por voto directo al gobernador en 1948. Poco después Alaska y Hawai fueron admitidos como estados.

La elección de Muñoz en 1948 como primer gobernador electo, le otorgó mayor importancia y prestigio a la posición, ya que lo convirtió en líder electo del pueblo. Con la ayuda y la influencia del licenciado Abe Fortas y su bufete en Washington, D.C., comenzaron las gestiones para tratar de lograr una relación no colonial. En Puerto Rico se celebró una Asamblea Constituyente que redactó una Constitución para sustituir la Ley Jones; ley que estableció la Legislatura bicameral y la organización ejecutiva y judicial de Puerto Rico. Para eso se convocan la asambleas constituyentes: para redactar o enmendar la Constitución, no para definir alternativas de status.

Muñoz Marín trató de lograr una relación con mayor autonomía local, pero con ciudadanía americana, con beneficios de ayuda federal y sin pagar contribuciones federales. Al tratarlo, se dió cuenta que bajo la Constitución federal, sus aspiraciones no eran realizables.

Muñoz quiso que el nombre en inglés fuera “the Free Associated State”, pero el licenciado Abe Fortas, advirtió que ese nombre no sería aceptable para el Congreso, porque Puerto Rico no era ni república, ni estado. De ahí surgió el primer engaño: el nombre “commonwealth”, que es usado como nombre de los estados de Kentucky, Virginia y Massachusetts, de territorios, colonias y repúblicas, indistintamente.

Con la confusión creada con el nombre, comienza el engaño a las Naciones Unidas y a los medios de comunicación en Estados Unidos, Puerto Rico y el resto del mundo, haciendo creer que Puerto Rico había logrado autonomía y democracia plena.

Muñoz reclamaba autonomía fiscal y los líderes populares siguieron reclamando que la teníamos. Alegaban que el Congreso no podía imponernos contribuciones sin nuestro consentimiento. Pero el Congreso nos redujo el reembolso de los arbitrios del ron y eliminaron la Sección 936 sin nuestro consentimiento. En ese momento el pueblo comenzó a darse cuenta que la llamada autonomía fiscal dependía de si el Congreso quería dárnosla o no. Pero el liderato del Partido Popular siguió mintiendo al pueblo porque sabe que mientras más personas se percaten del engaño del ELA, el apoyo al logro de la igualdad como estado crecerá notablemente.

El senador Ron Wyden no ha podido ser más claro cuando dijo que el “enhanced commonwealth” no es aceptable constitucionalmente, y por lo tanto no es una opción viable.

Pero, los líderes populares pretenden seguir engañando al pueblo anunciando que van a celebrar una “Asamblea Constituyente” para buscar una solución al status, incluyendo como opción el “enhanced commonwealth”, que ellos saben es inaceptable para Estados Unidos.

La historia es clara: el Partido Popular se empeña en engañar y no respetar la voluntad del pueblo.

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