Retasación de la propiedad a la vista

{Para botar y malbaratar AGP impone todo tipo de contribuciones que afectan principalmente a los humildes. Con el aplauso de la prensa mercenaria colonial. Ha llenado los Departamentos y Agencias de batatas políticas que no trabajan ni dejan trabajar. AGP haciendo todo lo posible por destruir a Puerto Rico.}

Retasación de la propiedad a la vista

El Capitolio-El representante del Partido Nuevo Progresista, Waldemar Quiles Rodríguez, advirtió hoy martes que la administración del gobernador, Alejandro García Padilla, planifica realizar una retasación de todas las propiedades en la Isla, colocando así una nueva carga contributiva en las espaldas de la ciudadanía.

No New Taxes

No New Taxes

Se trata del Proyecto de la Cámara 1371 el cual persigue como objetivo el establecimiento de una nueva fórmula de tasación para toda propiedad inmueble en Puerto Rico a traves del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

La medida también fue objetada por el expresidente de la Comisión de Hacienda, el representante por Bayamón, Antonio ¨Toñito¨ Silva, quien calificó la misma como una ¨abusiva¨ ante la presente situación económica que atraviesa la isla.

¨Hoy somos testigos de otro asalto contra el bolsillo de la familia puertorriqueña, esta vez mediante la imposición de una nueva tasa de contribución. Este nefasto proyecto no debe pasar el cedazo legislativo. Por eso invito a la mayoría parlamentaria a engavetar esta medida que tanto daño le haría a los ciudadanos¨, comentó Quiles Rodríguez.

Las expresiones de los legisladores novoprogresista surgen luego de una vista pública sobre la medida en la cual esta recibió el contundente rechazo, tanto de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, así como del Colegio de Contadores Públicos.

Durante la vista, ambas organizaciones levantaron la voz de alerta en torno al impacto negativo del proyecto, incluyendo el posible incumplimiento con sus disposiciones el cual podría resultar en una manera adicional de que el ciudadano común pueda perder su hogar o negocio.

¨Nos unimos a las expresiones del Colegio de Contables que dijeron hoy que ante la situación económica actual, esta medida pondría en mayor culpabilidad a aquellos contribuyentes que ya están en una situación económica precaria¨, comentó Quiles Rodríguez.

Ambos representantes recalcaron el efecto adverso que tendrá la retasación en el ya frágil sector comercial local.

¨Esta nueva imposición contributiva será devastadora para todos los comerciantes, especialmente los pequeños y medianos, que hoy en día hacen malabares para cumplir con las nuevas imposiciones contributivas que se les han colocado desde que el Partido Popular Democrático asumió el poder en enero. Lo que esta medida significa para ellos es la desaparición¨, finalizó diciendo el veterano legislador PNP.

24 de septiembre de 2013

Llega el IVU a los bancos

Los comercios pagarán el impuesto sobre sus cuentas bancarias

 Por Joanisabel González /joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

Las hojas de depósito, cheques depositados con fondos o sin ellos, retiros en cajeros automáticos, cargos por servicio y hasta los cargos por ordenar una libreta de cheques, todos cargos usuales y regulares en cuentas comerciales, pagarán el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) a partir de noviembre próximo.

El IVU también aplicará a los avisos de crédito o débito durante el ciclo de la cuenta, en cheques suspendidos, en cargos por inactividad de la cuenta y hasta en envíos del estado de cuenta en papel o por la vía electrónica.

Estos son parte de los 26 cargos por servicios bancarios que aplicarán únicamente a cuentas comerciales en Puerto Rico, de acuerdo con la determinación 13-16 del Departamento de Hacienda del pasado 13 de septiembre.

Partiendo de la determinación, el IVU sobre los cargos bancarios aplicarán tanto a una cuenta corporativa como las de individuos para fines comerciales, conocidas como cuentas “Doing Business As” o DBA.

Según estimados de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), la disposición aplicaría a por los menos unas 150,000 cuentas comerciales, indicó Arturo Carrión, vicepresidente ejecutivo de la entidad.

Ayer, algunas instituciones bancarias comenzaron la programación de sus sistemas informáticos en aras de comenzar a retener el IVU en unas seis semanas, explicó Carrión.

A preguntas de El Nuevo Día en torno al coste de implementación para los bancos, Carrión no pudo ofrecer cifras específicas. Reiteró, sin embargo, que se trata de un proceso que requerirá fuertes sumas de dinero porque al presente, y que se sepa, en ninguna otra jurisdicción en Estados Unidos se paga un impuesto al consumo por transacciones bancarias.

Otro golpe al empresario

“Definitivamente al comerciante le va a afectar su flujo de efectivo cuando sumas las distintas imposiciones de la nueva legislación”, dijo Vivien Montañez, vicepresidenta de Banca de Negocios para Banco Popular.

Montañez sostuvo que al presente, la institución no prevé aumentar los cargos que cobra a clientes por el manejo de sus cuentas, pero la ejecutiva aceptó que la nueva responsabilidad asignada a los bancos en materia del IVU es un impacto de operaciones no contemplado inicialmente en el presupuesto de las instituciones bancarias. Popular sirve entre 70,000 y 80,000 cuentas comerciales.

En julio pasado, cuando se aprobó la Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva para cuadrar el presupuesto vigente, se redujo la aplicación del IVU a los servicios entre negocios o B2B a ocho actividades, entre ellas, los servicios bancarios, explicó Héctor Bernier, socio de PricewaterhouseCoopers.

“Esto se suma a los aumentos que ya experimentan los comerciantes en las tarifas de agua y luz. Querer levantar la economía a base de cobrar impuestos es como meterte en cubo y tratar de salir de él”, sostuvo Bernier. Dijo que la disposición impone otra responsabilidad a la banca como agente retenedor del IVU y a su vez, puede complicar las tareas de administración de un negocio.

“Son tantos cargos que el cliente comercial necesitaría prácticamente un empleado, para corroborar que el banco le cobre bien por el IVU cada mes”, sostuvo.

De acuerdo con Félix Silva Ramos, responsable de Banca a Individuos y Banca Comercial para Oriental Bank, los cargos por servicio en una cuenta comercial varían según su complejidad.

Puede haber cuentas cuyo cargo por servicio principal ronde entre $10 y $50. Pero también puede haber comercios que superen por mucho ese pago mensual, debido a la gran cantidad de transacciones que realizan.

“En este momento, estamos analizando cómo vamos a implantar todo esto”, manifestó Silva al señalar que la situación implica otro reto a superar para los bancos.

“Vamos a tener que ser más eficientes”, manifestó Silva al agregar que de entrada, instituciones como Oriental buscarán no transferir el impacto del coste de implementación.

Podría pasar al consumidor

No obstante, aceptó que es posible que a la larga, el impacto operacional tenga que transferirse de alguna forma a los clientes y consumidores.

Junto al IVU en los cargos bancarios a cuentas comerciales, el Gobierno prevé allegar unos $1,300 millones en nuevos recaudos para cuadrar el presupuesto operacional y con ello, evitar una degradación crediticia.

Agua pa’ los municipios

Según la determinación de Hacienda, las transacciones comerciales sujetas al pago de IVU pagarán tanto la partida estatal de 6% como la partida municipal. El 1% del IVU municipal se pagará al municipio donde esté registrada la cuenta del negocio independientemente de que esa empresa tenga múltiples localidades.

De acuerdo con la secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo, los bancos debían comenzar el cobro del IVU en octubre próximo, pero ante los pedidos de posposición por parte de la ABPR, la agenció decidió proceder con una implementación escalonada en noviembre próximo y en febrero del 2014.

Cogen pon las cooperativas

Acosta explicó que la nueva fecha para el cobro del IVU en servicios bancarios también aplicará a las cooperativas de ahorro y crédito.

De acuerdo con Daniel Rodríguez Collazo, presidente ejecutivo de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), la moratoria -la segunda que obtiene el sector- las cooperativas, al igual que los bancos, podrán implementar la disposición en dos etapas.

La primera fase comenzará en noviembre próximo. En el caso de las cooperativas, estas retendrán el IVU sobre 10 servicios bancarios comerciales.

Estos serían: cargo fijo por ciclo o mantenimiento mensual de la cuenta, cheques depositados y pagados, hojas de depósito, avisos de débito y crédito, transacciones del Automatic Clearinghouse (ACH) recibidas y enviadas, cheque depositado devuelto y cargo mensual si el cliente no realiza transacciones en un periodo determinado.

Los restantes cargos bancarios comerciales que pagarán IVU se aplicarían a partir de febrero de 2014, según el funcionario.

Las cooperativas, que no pagaban contribución sobre ingresos hasta la sobretasa impuesta en la Ley de Emergencia Fiscal, estaban exentas de pagar y retener el IVU desde que se aprobó ese impuesto en el 2006.

Pero a raíz de distintos patrones de abuso detectados por el Departamento de Hacienda, el Gobierno decidió imponerle mayores responsabilidades contributivas a este sector.

21 de agosto de 2013
Golpe funesto a las cooperativas

Los nuevos impuestos al sector podrían afectar el pago de dividendos a accionistas

Ángel Sáez, presidente del Banco Cooperativo. (Archivo)

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

La expansión del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), el impuesto sobre la venta bruta conocido como la patente nacional y hasta la sobretasa a las primas de seguros tendrá efectos devastadores en el movimiento cooperativo de Puerto Rico, aseguraron dos líderes de ese sector.

Según los participantes de un foro coordinado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, las nuevas imposiciones se van a traducir en un alza en los precios de productos y servicios que ofrecen las cooperativas e incluso puede estar en juego, el pago a dividendos a miles de accionistas cooperativos.

“Se estima que vamos a estar pagando $7 millones. Para muchas cooperativas esto puede ser letal”, dijo Irma Torres Suárez, asesora legal para la Liga de Cooperativas, quien reiteró la oposición de la organización a las medidas y clamó porque se trate de un evento “temporal”.

Según el presidente del Banco Cooperativo, Ángel Sáez, la confusión en torno a la Ley 40 supone un elemento de incertidumbre para el sector y todas las empresas en general, pero sobre todo, implica un costo de implementación nuevo para las cooperativas que podría ponerle en aprietos.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Kenneth Rivera Robles, explicó que el sector cooperativo experimenta ahora el cambio de cultura operacional que experimentó el resto del sector privado cuando se aprobó el IVU en el 2006.

Así las cosas, las cooperativas tendrán que invertir ahora en reprogramar o adoptar nuevos sistemas para cumplir con el pago del IVU, pero también tendrán que hacer otros ajustes como examinar el impacto que tendrá la llamada patente nacional en sus clientes comerciales.

En la medida en que el impuesto sobre la venta bruta pueda colocar en pérdidas o en aprietos a los negocios, estos a su vez, tendrán menos capacidad para pagar sus líneas de crédito o préstamos, tanto a los bancos como a las cooperativas, lo que obligará a revalorar las carteras de préstamos.

Sáez aceptó que la expansión del IVU al sector cooperativo, en parte, se produjo luego de que ciertas cooperativas dieron mal uso a la exención que tenían.

Durante el proceso que dio paso a la reforma contributiva del 2010 y nuevamente, este año, el Departamento de Hacienda constató que ciertas cooperativas utilizaban el certificado de exención del IVU para todas las compras que efectuaba, aunque muchos de los equipos y artículos eran para uso de la cooperativa y no para reventa.

Como parte de la exención del pago de impuestos, también se identificó que algunas cooperativas compraban vehículos de motor para uso o como parte de la compensación de los ejecutivos sin pagar los arbitrios correspondientes.

“Esto (la Ley 40) va a tener un efecto en las operaciones de las cooperativas. Van a tener que trabajar su eficiencia para evitar que se afecten las ganancias y hasta donde puedan hacer ajustes para poder mantener el mismo nivel de dividendos que han pagado recientemente”, explicó Sáez a preguntas de El Nuevo Día.

El pago de dividendos es una de las herramientas que han utilizado las cooperativas por años para aumentar su base de depósitos y el número de socios. Con esa estrategia como gancho, las cooperativas ofrecen tasas de intereses más bajas al establecer que como requisito para obtener el financiamiento, el consumidor aporte una cantidad del pago en acciones o deposite dinero en la partida de acciones de sus cuentas.

“Si la economía se reduce, los dividendos también se van a afectar. Aquellas cooperativas finitas, que terminen apenas en punto de equilibrio o en pérdidas no van a pagar dividendos o tratarán de pasar el costo a los clientes”, puntualizó por su parte el contador Fernando Llavona, quien principalmente asesora a cooperativas.

Antes de la Ley de Emergencia Fiscal, aprobada en el 2009 y que impuso una tasa especial de 5% a las cooperativas, este sector no pagaba un sólo dólar en impuestos, salvo corporaciones subsidiarias de algunas de estas. El sector ha recibido ese tratamiento preferencial desde 1946, según la Liga de Cooperativas, porque se trata de organizaciones que aportan al bienestar social.

Retasación de la propiedad a la vista

El Capitolio-El representante del Partido Nuevo Progresista, Waldemar Quiles Rodríguez, advirtió hoy martes que la administración del gobernador, Alejandro García Padilla, planifica realizar una retasación de todas las propiedades en la Isla, colocando así una nueva carga contributiva en las espaldas de la ciudadanía.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1371 el cual persigue como objetivo el establecimiento de una nueva fórmula de tasación para toda propiedad inmueble en Puerto Rico a traves del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

La medida también fue objetada por el expresidente de la Comisión de Hacienda, el representante por Bayamón, Antonio ¨Toñito¨ Silva, quien calificó la misma como una ¨abusiva¨ ante la presente situación económica que atraviesa la isla.

¨Hoy somos testigos de otro asalto contra el bolsillo de la familia puertorriqueña, esta vez mediante la imposición de una nueva tasa de contribución. Este nefasto proyecto no debe pasar el cedazo legislativo. Por eso invito a la mayoría parlamentaria a engavetar esta medida que tanto daño le haría a los ciudadanos¨, comentó Quiles Rodríguez.

Las expresiones de los legisladores novoprogresista surgen luego de una vista pública sobre la medida en la cual esta recibió el contundente rechazo, tanto de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, así como del Colegio de Contadores Públicos.

Durante la vista, ambas organizaciones levantaron la voz de alerta en torno al impacto negativo del proyecto, incluyendo el posible incumplimiento con sus disposiciones el cual podría resultar en una manera adicional de que el ciudadano común pueda perder su hogar o negocio.

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¨Esta nueva imposición contributiva será devastadora para todos los comerciantes, especialmente los pequeños y medianos, que hoy en día hacen malabares para cumplir con las nuevas imposiciones contributivas que se les han colocado desde que el Partido Popular Democrático asumió el poder en enero. Lo que esta medida significa para ellos es la desaparición¨, finalizó diciendo el veterano legislador PNP.

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