La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) vaticinó hoy que si el Gobierno continúa con la implementación de la llamada patente nacional, ello podría redundar en el cierre de unos 52 supermercados en los próximos 12 meses.

También provocaría la pérdida de unos 3,120 empleos, una pérdida de recaudos al fisco de unos $9.3 millones e incluso, dispararía los precios que pagan los consumidores para la compra de la semana.

“El sector de alimentos está contra la pared”, dijo hoy Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, al agregar que el controversial impuesto podría ser inconstitucional.

“Si al momento de pagar tus contribuciones, Hacienda te confisca todo su ingreso, seguirías trabajando”, cuestionó hoy, Reyes al intentar ejemplificar el impacto que tendrá la ley 40 en decenas de comercios.

Según un análisis efectuado por la organización, la contribución sobre la venta bruta podría elevar hasta 80% la tasa efectiva contributiva que pagan supermercados, mayoristas y otros negocios en el sector de alimentos como los “cash & carry”. En otros casos, la llamada patente nacional tendría el efecto de gravar la totalidad de las ganancias netas que tenga el negocio. Es decir, que la contribución que pagaría el negocio a Hacienda se llevaría todas las ganancias que este genere.

“La patente nacional solo la pagan los que menos ganan”, agregó Reyes.

Reyes estuvo acompañado de la plana mayor de MIDA, cuyo integrantes aseguraron que la medida pone en serios aprietos a los empresarios locales mientras provee salvaguardas a las empresas multinacionales.

“El sector privado no pidió la patente y MIDA se opuso tenazmente desde el principio”, recordó Reyes.

MIDA no solo objetó la patente sino también los mecanismos que se han provisto para las empresas que enfrenten problemas no tengan que pagarla.

En julio pasado, el Gobierno aprobó la ley 40 para allegar unos $1,300 millones en nuevos ingresos, incluyendo ahí la contribución sobre la venta bruta. Esa misma ley permite que el empresario solicite a Hacienda una exención si presenta cada caso.

Pero según Ferdysac Márquez, actual presidente de MIDA, Hacienda tardaría meses sino años en poder evaluar las peticiones de dispensa que harían decenas de empresas.

“En cuatro años, no habrá supermercados que esperen por la dispensa”, dijo Márquez.

MIDA recurrió al foro público a solicitar la acción de la Legislatura y el Gobierno una vez intentó sin éxito que se acogieran sus reclamos.

De acuerdo con el economista Gustavo Vélez, “si usted pone más contribuciones, el empresario intentará pasar ese impuesto en su estructura de costos para asegurar la rentabilidad”.

“Tendremos un efecto de pérdida de empleos, menos recaudos al estado, y una erosión del poder adquisitivo del consumidor”, dijo el economista.

Cámara de Comercio pide escuchen empresarios antes de enmendar la Ley 40

La medida contiene la mayor parte de los nuevos impuestos

Cañellas se expresó confiado en que la Legislatura y el Departamento de Hacienda llegarán a un acuerdo con los empresarios.(Archivo)

Por ELNUEVODIA.COM