Tribunal pidió al Gobierno que también le pague el salario y la cantidad que dejó de devengar desde que fue removido
El Tribunal de Primera Instancia le ordenó hoy al Gobierno reponer al doctor Carlos Mellado López en su puesto de Procurador de la Salud, conocida ahora como Procuraduría del Paciente, y a pagarle el salario correspondiente de $8,866 mensuales, además de la cantidad que dejó de recibir desde que fue removido de sus funciones el 23 de agosto de 2013.
En la decisión de 34 páginas firmada por la jueza superior Giselle Romero García también le impuso a Mellado López una fianza de $8,866, equivalente a un mes de su salario.
Este caso se remonta al mes de julio cuando el gobernador Alejandro García Padilla firmó la Ley 77, que cambió la estructura de las procuradurías con la creación de la Oficina de la Administración de las Procuradurías (OAP). Este organismo revirtió la estructura que el gobierno anterior estableció en 2011 para agrupar bajo una sombrilla las procuradurías de personas con impedimentos, de veteranos, de salud y de personas pensionadas y de la tercera edad.
En el caso de la Oficina del Procurador de la Salud, esta volvió a ser llamada Procuraduría del Paciente y retomó sus funciones que originalmente fueron establecidas en 2001.
En vista de esta ley, Mellado López radicó una demanda contra el Estado Libre Asociado y el gobernador García Padilla en un esfuerzo por defender el puesto de Procurador de la Salud que ocupó durante los últimos dos años.
20 de octubre de 2013
Regresa a su silla el procurador del Veterano
Juez federal falla a su favor en pleito de discrimen
Un juez federal determinó que este gobierno no cambió la Oficina del Procurador del Veterano lo suficiente como para destituir al procurador Agustín Montañez. (Archivo)
Por Ricardo Cortés Chico /rcortes@elnuevodia.com
Los cambios legislados por la administración del gobernador popular Alejandro García Padilla en torno a las procuradurías sufrieron un traspié el viernes cuando el juez federal Juan Pérez Giménez ordenó la reinstalación de Agustín Montañez como procurador del Veterano.
Montañez había cesado sus funciones en la antigua Oficina del Procurador del Veterano a finales de agosto, luego que se aprobara una serie de leyes que derogaron el Plan de Reestructuración aprobado en el 2011, estatuto bajo el cual fue nombrado.
En esencia, con las nuevas leyes el gobierno intentaba devolver las procuradurías a la estructura legal que tenían previo a la reestructuración. Al firmarse estos estatutos, el gobierno entendió que la Oficina que dirigía Montañez cesó de existir por lo que tenía que abandonar sus funciones para dar paso al nuevo esquema legal y a un nuevo procurador interino, que llegó a ser nombrado por el gobernador.
Sin embargo, el juez Pérez Giménez entendió que la remoción de Montañez, quien demandó al gobierno por discrimen político, no cumplió con las doctrinas constitucionales de debido proceso de ley ya que Montañez tenía una expectativa legítima de mantenerse en el puesto hasta que expire su término de diez años en noviembre del año 2021.
El juez del Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal basó su decisión en varias decisiones del Tribunal Supremo local y el estadounidense.
Uno de los casos (Gómez vs. Negrón) sostiene, según la decisión del juez, que una nueva ley debe cambiar significativamente los términos de un puesto público para quedar la silla abolida. El juez entendió que la evidencia presentada por el estado, resaltando los cambios hechos con la nueva ley, no eran suficientemente significativos para entender que se trataba de un puesto nuevo que llenaban con el nombramiento de un nuevo procurador interino.
Del mismo modo, el juez estableció que el puesto en controversia es de carácter cuasi-judicial y cuasi-legislativo, lo que limita la capacidad del gobernador de remover a Montañez del puesto.
Irónicamente, en el 2011 la actual senadora popular Rossana López León vivió una situación similar cuando el gobierno aprobó el Plan de Reorganización que viabilizó que fuera removida del puesto de procuradora de las Personas de Edad Avanzada.
En aquel entonces, López León argumentaba que el Plan de Reogranización afectaría los fondos federales que recibía la procuraduría.
Tiempo antes de la remoción, López León demandó al Departamento de la Familia por la pobre atención que le daban a los casos de maltrato de ancianos y al gobierno para oponerse a los despidos viabilizados con la Ley 7 de Emergencia Fiscal.
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Caprichos de senadora popular tiene efecto nefasto en los pacientes y envejecientes puertorriqueños
El Capitolio-Los veteranos, pacientes y las personas de la tercera edad han estados desprovistos por los últimos cuatro meses de un foro para llevar sus quejas ante posibles abusos gracias a los caprichos de la senadora Rossana López León, aseguró esta mañana la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier Laureano.
La legisladora estadista además exigió un listado detallado de todas las querellas radicadas y procesadas en las procuradurías de salud, veterano y de las personas pensionadas y envejecientes; desde el pasado mes de julio cuando se aprobó la Ley 77 que cambió la administración de estas entidades con la creación de la Oficina de la Administración de las Procuradurías. Este nuevo organismo a su vez revirtió la estructura que el gobierno anterior estableció en 2011 para agrupar bajo una sombrilla todas las procuradurías.
“Estamos haciendo este reclamo público debido a la pobre ejecución de las procuradurías desde que entró en vigor la nefasta Ley 77 impulsada por la senadora de la mayoría, Rossana López, cuyo interés personal ha causado que cientos de puertorriqueños se queden sin un foro para argumentar sus casos de negligencia y maltrato. Hoy estaremos suscribiendo sendas cartas a cada una de estas procuradurías para que nos envíen la información más reciente sobre todos los casos que han recibido y los que han dejado de atender porque la nueva ley les quitó el foro y los recursos necesarios para trabajarlos, como se hacía en el pasado”, señaló la también portavoz de la delegación PNP en la Comisión de Asuntos de la Mujer.
La representante del PNP adelantó que luego de recibir y analizar el insumo solicitado estará radicando legislación para enmendar la Ley 77 y devolverle así a la ciudadanía los foros necesarios para llevar sus quejas y situaciones contra las agencias públicas y/o entidades privadas.
“En el caso del procurador del paciente, la senadora le quito el derecho a estas personas de querellarse, para favorecer a los planes médicos y las entidades de salud privadas. Esto está bien claro”.
Charbonier Laureano también acusó a la senadora por el Partido Popular Democrático de gastar innecesariamente miles de dólares en una “vendetta personal” contra el sistema que protege a los envejecientes, pacientes y veteranos puertorriqueños.
“La senadora López ha hecho gastar al pueblo de Puerto Rico miles de dólares en representación legal totalmente innecesaria porque era más que obvio que estos procuradores fueron establecidos en sus puestos de forma legal y correcta. Así lo han determinado dos foros judiciales. Además de los gastos legales, ahora nosotros, el pueblo, tendremos que desembolsar millones de dólares por concepto de reclamaciones de daños y perjuicios. Todo por un revanchismo desmedido”.
Ayer miércoles, el Tribunal de Primera Instancia le ordenó al gobierno reponer al doctor Carlos Mellado López en su puesto de Procurador de la Salud, conocida ahora como Procuraduría del Paciente, y a pagarle el salario correspondiente de $8,866 mensuales, además de la cantidad que dejó de recibir desde que fue removido de sus funciones el 23 de agosto de 2013.
La decisión del Tribunal es el segundo revés consecutivo que sufre la ley de la senadora López. A mediados de este mes, un juez federal ordenó a la administración popular el reinstalar como Procurador del Veterano al señor Agustín Montañez Allman.
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