Ese es el caso del restaurante Tony´s, en Hato Rey, que a pesar de que carga con una deuda de más de $31,000, el gobierno nunca le ha cortado el servicio eléctrico porque, según una fuente de NotiCel, cada vez que va una brigada al local «llaman de arriba para que no les corten». La fuente, además, indicó que el local está muy bien posicionado entre políticos de ambos partidos, pues tienden a organizar sus fiestas y actividades de recaudación de fondos allí.
El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, dijo, por su parte, que diariamente las brigadas reciben llamadas con instrucciones de la gerencia para que no corten el servicio.
«Es el diario vivir que se da porque alguien le ha dado un privilegio o porque se llegó a un acuerdo de pago con pronto», argumentó.
«Eso sería una barbaridad. No debería pasar, pero he visto de todo. No me sorprende…», reaccionó el representante ciudadano en la junta de gobierno de la AEE, Juan Rosario, quien calculó que una deuda de esa magnitud pudiera representar entre tres a cuatro meses sin pagar debido al alto costo de la electricidad para los comercios. No obstante, explicó que la AEE puede demorar hasta 90 días en cortar el servicio de electricidad, pero si se excede de ese tiempo es que resulta preocupante.
En el 2012, la AEE dejó de recibir $811 millones de los abonados residenciales, industriales y comerciales, lo que representa el 64% del total de $1.2 billones que tenían pendiente en cuentas a cobrar durante ese año.
«Lamentablemente, ese dinero lo terminamos pagando los consumidores», mencionó Rosario.
La presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Enid Monge Pastrana, mencionó que, en efecto, el alto costo de energía eléctrica es la principal necesidad que tiene un comercio porque “daña por completo su presupuesto”, pero negó que la experiencia sea que se les permita más flexibilidad. “Lo que se refiere al pequeño y mediano comerciante, hasta donde tengo entendido, si debes la luz te la cortan. No hay pena, pero no así a comercios más grandes como hoteles y hospitales”, comentó.
Rosario, de hecho, aseguró a este diario digital que conoce de un hospital que se fue a la quiebra con una deuda de $4 millones ante la autoridad.
«Es una situación bien complicada porque, ¿quién le corta la luz a un hospital? Creo que todo el mundo tiene que pagar, pero en la práctica es más complicado, y lamentablemente terminamos pagando los consumidores», sostuvo.
Para el economista, Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía (CNE) todo redunda en la necesidad de mayor profundidad en cuanto al tema de «reformar» a la AEE. El grupo propone el establecimiento de una Junta Reglamentadora independiente, que vele por la calidad y confiabilidad del servicio, y que regule el mercado de la electricidad. En el modelo actual, los beneficiados son sólo un puñado de grupos que velan por sus propios intereses, expuso Marxuach.
Entre las evaluaciones en las que hay que entrar están los subsidios. «Entiendo que algunos son necesarios como el de las personas conectadas a máquinas de respiración, pero hay otros que hay que plantearnos su funcionalidad. ¿Por qué los alcaldes tienen derecho a dejar los parques prendidos toda la noche?», cuestionó.
Pierluisi, quien está en minoría en este cuatrienio y disfrutó de estar en mayoría durante el que concluyó en el pasado año nuevo, calificó su propuesta de urgente para reducir los costos energéticos de los puertorriqueños ante el vacío de la presente adiministración gubernamental.
“La mejor manera de mejorar la situación económica de los puertorriqueños es bajándoles el costo de la luz”, expresó el Comisionado Residente por su segundo cuatrienio. “Necesitamos urgentemente retomar el camino de la transformación de la AEE y del sector de la energía en Puerto Rico por el bien de la salud ambiental de Puerto Rico y la salud económica de nuestros ciudadanos e industrias”.
El Presidente del partido de la Palma dijo que “de forma decidida y con urgencia, la presente administración debe buscar la culminación del proyecto de construcción del nuevo terminal de gas natural y conversión del complejo generatriz en Aguirre comenzado por el PNP. Esto debe provocar ahorros inmediatos de hasta $300 millones anuales, aproximadamente 1 millón por día”.
Pierluisi aseguró que, de inmediato, esta administración debe continuar la modernización y conversión a gas natural de las plantas generatrices que la pasada administración también dejó encaminada hacia la privatización que propuso su colectividad.
“Deben realizarse convenios con el sector privado mediante la utilización de Alianzas Pública Privadas para hacer las inversiones de capital que el Gobierno no puede, en especial, para la producción de energía más barata y limpia. De esta forma, la AEE concentraría sus esfuerzos en la distribución de la energía y la generación será más eficiente con dichas alianzas”, indicó Pierluisi.
Así mismo, el Comisionado Residente en Washington, propuso la creación de una Junta Reglamentadora que supervise las tarifas que pagan los abonados de la AEE y asegure que se implemente un sistema tarifario razonable y sencillo, que asegure los compromisos de la corporación pública y garantice sus oblligaciones con sus usuarios.
“El gobierno y administración de la AEE deben proseguir con inmediatez el desarrollo de proyectos de energía renovable. Es importante continuar facilitando la inversión de capital privado aliado con el sector gubernamental para el desarrollo económico de Puerto Rico. El problema es de todos y todos debemos aportar a la solución”, sostuvo el Presidente del PNP.
Pierluisi aseguró que para lograr esta transformación de la manera más eficiente, costo efectiva y ágil, es imperativo la introducción del capital privado tal y como se realizó en los 1990 para poder reducir el costo de electricidad y proteger el ambiente.
“No hay que inventar la rueda, ya lo hemos hecho y funcionó. Hacer lo contrario atenta contra los empleos y el retiro de miles de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como los empleos privados y públicos en todos los sectores de nuestra economía. Es condenar a Puerto Rico a una recesión económica permanente, a altas tarifas de electricidad, así como a la inevitable quiebra de múltiples comercios e industrias. No podemos mantenernos callados en lo que volvemos, porque volvemos a dirigir a Puerto Rico”, expresó.
“Exigimos acción inmediata de esta Administración para que se encaminen estas propuestas a beneficio de nuestro Pueblo pues se han perdido 10 valiosos meses”, agregó Pierluisi.
Dijo que la presente administración debe actuar con sentido de urgencia ya que otras jurisdicciones que compiten con Puerto Rico para atraer inversión, como Texas, Florida, y República Dominicana, tienen costos energéticos significativamente más bajos que los nuestros.
Sin embargo, aunque las medidas le quitan a la AEE el poder de regulación y se lo delegan a otra entidad o comisión reguladora, se quedan cortas a la hora de separar la generación y la distribución. De hecho, una de las medidas, la Resolución 599, le ordena a la recién creada Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos Naturales hacer una investigación que viabilice romper o separar la generación y la transmisión y distribución de energía.
Las medidas también pretenden reducir el costo de producir energía a 10 centavos el kilovatio-hora de lo que actualmente cuesta que es de unos 22 centavos por kilovatio hora. Esta meta se llevaría a cabo al reducir la dependencia del petróleo y aumentar el uso de gas natural y fuentes renovables; al hacer la AEE más eficiente y al atender el problema del hurto. Bhatia ha dicho que pretende lograr esas metas en dos años.
Actualmente, según Bhatia, las cogeneradoras AES y Eco-Eléctrica producen energía usando gas natural y carbón respectivamente a un precio menor o igual a los 10 centavos por kilovatio-hora.
Para lograr sus objetivos, lo primero que hizo Bhatia fue radicar legislación que cambia la política pública del gobierno. El Proyecto del Senado 839 crea la Ley de Alivio Energético que no es otra cosa que declarar como política pública la generación de energía eficiente y a bajo costo y que las plantas de energía cumplan con la reglamentación ambiental que incluyen los estándares de mercurio, una meta con la que se debe cumplir para el 2015. La medida también declara política pública el reducir el hurto de energía, que cuesta millones a la AEE, al promover el uso de tecnología como la red inteligente. La legislación, además, da legitimación activa a los ciudadanos para demandar a la AEE para que se logren sus objetivos.
De otra parte, la propuesta nueva política pública promueve el aumento en el uso de energía renovable al requerirle a la AEE que utilice tecnologías para corregir la inestabilidad que la energía renovable causa en la red eléctrica.
No obstante, no menciona el problema de la capacidad de la AEE para absorber energía renovable en su sistema de distribución.
El director de la AEE, Juan Alicea, dijo recientemente que la AEE tiene 800 megavatios de capacidad disponible en la red para proyectos de energía renovable, de los cuales 200 megavatios han sido separados para clientes residenciales, comerciales e industriales que tengan placas solares en sus techos.
El corazón del paquete de medidas de Bhatia es el Proyecto del Senado 837 que crea la Comisión Reguladora y Fiscalizadora de Energía de Puerto Rico para establecer, reglamentar y asegurar la cabal implementación de la nueva política pública energética. Esta comisión sustituiría a la Administración de Asuntos Energéticos.
Según Bhatia, como único organismo en control de los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, la AEE es un monopolio que incurre en un sinnúmero de ineficiencias operacionales, gerenciales y administrativas cuyo costo al final del día es asumido directamente por el consumidor.
La propuesta comisión reguladora sería un ente independiente que establecerá y aprobará las tarifas energéticas de los generadores, transmisores y distribuidores de energía en la Isla, y fiscalizará todo tipo de operación, proceso y mandato relacionado con la eficiencia del sector energético del país.
Eso quiere decir que la AEE no podría usar el llamado ajuste por combustible para cobrarle a los clientes porque, según Bhatia, se tendría que establecer una tarifa fija.
De aprobarse la medida, la comisión tendrá jurisdicción primaria y exclusiva sobre todo proveedor de servicio de energía certificado que rinda servicios dentro del ELA y sobre toda persona con un interés directo o indirecto en dichos servicios.
Además deberá de “promover la libre competencia entre los proveedores, buscar que se logren los objetivos de la ley, estabilizar los costos energéticos y controlar los precios y desarrollar estrategias para el mejor uso de los recursos energéticos”.
La Junta de Gobierno de la AEE estará sujeta a la supervisión de la Comisión y se enfocaría en el día a día de las operaciones de la corporación pública.
En ese sentido, el Proyecto del Senado 838 enmienda la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para imponerle nuevos mandatos para que sea más eficiente y reducir su deuda que se estima en unos $10 mil millones luego de la reciente emisión de bonos del pasado junio.
Además de establecer que la AEE y su Junta serán fiscalizadas por la nueva entidad reguladora, la medida le ordena a la corporación publica que presente periódicamente, ante la Asamblea Legislativa y publique de manera accesible en su portal de Internet información relacionada sobre sus ingresos, ventas, gastos, desembolsos, activos, deudas, cuentas por cobrar, y cualquier otra información financiera de la Autoridad;
Además, tiene que poner el precio por barril por tipo de combustible, el promedio del costo por kilovatio hora para cada sector de clientes, el costo de producción por kilovatio hora, todos los gastos operacionales, la distribución de generación por tipo de tecnología, y cualquier otra información operacional de la Autoridad.
La medida le quita a la AEE su poder de establecer tarifas y le impone presentar a la Comisión reguladora lo que se propone cobrar a los clientes para la aprobación de la Comisión.
También le impone maximizar el uso de energía renovable y ser más eficiente para cumplir con todas las disposiciones ambientales federales y estatales.
Además le da a “todo ciudadano legitimación activa para iniciar una acción civil en su nombre en contra de la Autoridad ante cualquier foro judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para exigir el cumplimiento por cualquier acción u omisión de éstos con relación a las obligaciones dispuestas en la ley”.
El paquete de medidas de Bhatia incluye una nueva reglamentación de medición neta o net metering, programa que ha estado vigente desde el 2007 y que permite a los clientes de la AEE recibir crédito si produce más energía en su residencia o negocio de la que consume.
El programa actual de medición neta, que es implementado por el Reglamento 8374, adolece de defectos que han impedido su desarrollo, según Bhatia.
Algunos de los defectos son que la firma del acuerdo de interconexión con la AEE ocurre una vez se ha construido el proyecto y se han realizado las pruebas de aceptación, lo cual puede tener el efecto de imposibilitar el financiamiento necesario para poder construir estos proyectos.
Otro de los problemas es que se requiere que todos los generadores regulados bajo el Reglamento 8374 cumplan con requisitos técnicos adicionales y le permite a la AEE enmendar los requisitos aplicables a un generador por entender que el proyecto propuesto tendrá un “impacto” en su sistema. Además, el reglamento no provee guías claras para permitir que un generador vuelva a interconectarse al sistema de la AEE cuando se haya requerido la desconexión del mismo por haber causado alguna “degradación de la calidad de potencia del sistema eléctrico de la Autoridad”, lo cual no se encuentra objetivamente definido en el reglamento.
Las otras tres medidas de Bhatia, los proyectos 841,842 y 843, promueven el ahorro de energía en los municipios, las agencias y la Legislatura. El paquete incluye además, la Resolución del Senado 601, que le ordena a la Comisión de Hacienda investigar la deuda de la AEE y evaluar alternativas financieras.
Economistas resuelven el acertijo del alto costo de la energía eléctrica
Por: Laura M. Quintero
Publicado: 06/11/2013 03:01 pm
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No importa cuánto usted disminuya el consumo de energía eléctrica en su hogar, el alto costo de la factura de electricidad se debe a que bajo el monopolio actual, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene la facultad de agregar costos adicionales, ocultos al consumidor, al ajustar la fórmula del costo por combustible y el costo por la compra de energía según su conveniencia.
El grupo de investigadores propone la creación de una Junta Reglamentadora independiente. (Archivo/NotiCel)
La conclusión a la que han llegado los investigadores del Centro para la Nueva Economía (CNE) es que la solución al problema del alto costo de energía en Puerto Rico no está necesariamente ligada a la diversificación de fuentes o a la apertura a la libre competencia, como han estado discutiendo algunos políticos en los pasados días. El problema principal estriba en la ausencia de un organismo independiente que vele por la calidad y confiabilidad del servicio, y que regule el mercado de la electricidad.
Sin ese organismo, la autoridad se convierte en un monopolio “vago” cuya propia dejadez lo lleva a cavar su propia tumba. El economista Sergio Marxuach destacó que estos son, precisamente, los monopolios más peligrosos porque no les importa maximizar sus ganancias porque al fin y al cabo pasan todas sus pérdidas a los clientes.
Entre los años fiscales 2010 y 2012, la AEE ha reportado pérdidas de $747 millones, lo que según Marxuach, ha limitado la liquidez de la corporación pública.
La propia factura de electricidad revela la ineficiencia. El CNE informó que la fórmula que utiliza la AEE para calcular el costo por combustible cambia mensualmente para cobrarle al consumidor la pérdida de ingresos que tiene debido a su propia ineficiencia, al robo de energía – que en 2012 rondaba en 14.3% – y a la reducción del consumo.
Otro factor que provoca el alto costo en la factura está en lo que estos economistas han denominado el “misterio del cargo por compra de energía”. Aunque en 2013 el costo por producir energía con petróleo estaba en 18 centavos por kilovatio por hora, la AEE vendía su energía en 26.8 centavos.
“Uno de cada tres dólares que pagas tiene que ver con cosas que no corresponden al consumo nuestro de electricidad. Si sumamos esos cargos ya sobrepasan un billón de dólares cada año. Nosotros como país hemos pagado cinco billones de dólares en ese cargo”, comentó Jennifer Wolf, Directora Senior del Programa.
Campaña para propiciar el diálogo
En un intento para que las personas puedan entender su factura y ganar conocimiento sobre el verdadero problema que rodea a la AEE, por primera vez, el CNE ha diseñado una campaña educativa a la luz de un estudio económico. En el portal «Los misterios de tu factura«, los consumidores podrán informarse no sólo de los problemas que enfrenta la producción de energía en Puerto Rico, sino también de las propuestas que plantea el CNE para solucionarlo.
La apuesta que hace el grupo de investigadores es a la creación de una Junta Reglamentadora que fiscalice a los entes públicos y privados para velar por el mejor interés del pueblo. Esta junta tendría autoridad de regular el mercado de electricidad y velaría por la calidad del proceso, así como por asegurar que las tarifas sean justas y razonables.
A diferencia de la junta propuesta por el gobernador Alejandro García Padilla, el CNE enfatiza que esta junta sea independiente para que rompa con la cadena peligrosa en que varios grupos pequeños velan cada uno por sus propios intereses. Entre los bonistas, los partidos políticos, los suplidores, los beneficiarios de suplidores y las uniones está el verdadero problema de la autoridad, expuso Marxuach. “Son grupos relativamente pequeños que tienen el interés de que el sistema no cambie. Los políticos son los más beneficiados porque reciben los beneficios de suplidores de la AEE y premian a sus seguidores con empleos”, puntualizó.
El organismo regulador, según propuesto, también tendría a su cargo implantar medidas de eficiencia energética para responder a la reducción de demanda, que según Marxuach, ha mermado en un 9% desde 2006. “Aún así la autoridad continúa operando con todas sus plantas. No ha habido una reducción de sus costos”, criticó.
El economista destacó que están de acuerdo con las medidas de transparencia que propuso el gobernador, pero la reforma se quedó corta porque no presenta soluciones a la ambivalencia en el cálculo del costo por combustible y por compra de energía. “Es bueno que se hagan público todos esos costos, pero aún sigue siendo un misterio porque la fórmula la controlan por reglamento, no es ni siquiera por Ley. La autoridad la puede cambiar por procesos administrativos”, explicó.
El grupo de economistas advirtió que no es factible privatizar la autoridad, en estos momentos, como se ha estado proponiendo. “No se puede vender o privatizar porque está insolvente”, enfatizó Marxuach, al comentar que el comprador promedio ofrece entre $4,000 o $5,000, mientras la deuda acumulada se aproxima a los $10,000 millones.
Lo ideal es un sistema híbrido, que combine la producción privada y la pública, pero bajo la fiscalización de una junta independiente, según expusieron. “La evidencia empírica demuestra que no hay un camino real para bajar el costo como nos llevan prometiendo desde hace dos años”, , enfatizó el presidente del CNE, Miguel A. Soto-Class. La coyuntura de la crisis deficitaria en que se encuentra la autoridad es el momento ideal, según los economistas, para plantearse un cambio profundo y no atrincherarse en discusiones superficiales.
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