Contrario a lo expresado por el gobernador Alejandro García Padilla, que no se comprometió con los reclamos de los padres de niños de Educación Especial en el pleito de clase porque “no se puede prometer lo que no se puede cumplir”, el comisionado residente dijo a Metro que hay que “cumplir cabalmente con las exigencias” del caso, que lleva 33 años en los tribunales.

“Tuvimos 1,200 facilitadores escolares, personas contratadas y adiestradas para asistir a la población de estudiantes con necesidades especiales. El Partido Popular Democrático (PPD) la echó abajo y eliminó todas estas plazas. Lo primero que vamos a hacer nosotros (en el próximo cuatrienio) es reinstalar, restablecer ese programa de facilitadores escolares que funcionaba bien”, aseguró Pierluisi.

Cuando se le cuestionó si la negativa del Gobierno en pagar la millonaria indemnización que podría establecerse en el pleito de clase, del que forman parte más de 200 mil personas, podría redundar en la reducción de fondos federales para la Isla, el presidente del PNP destacó que “eso son ya preguntas legales, el caso conlleva el pago de multas. Si se incumple con el caso, el tribunal le impone multas al Gobierno”.

“Como quiera hay un impacto fiscal si no se le hace justicia a esta población. La ley federal también hace unos requisitos, si se incumplen, entonces se pueden retirar o congelar fondos y eso habrá que verlo en la marcha”, agregó.