El destituido presidente de la Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR), Basilio Torres Rivera, demandó por $4 millones al gobernador Alejandro García Padilla por entender que tiene derecho propietario de la posición y que se le removió de su puesto ilegalmente y por ser simpatizante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El abogado Fredeswin López Caballero sometió esta semana la demanda de Torres Rivera contra García Padilla y Grace Sylvette Lozada Crespo, quien fue designada como presidenta de la CIPR por el Gobernador.

En la demanda, Torres Rivera indica que fue nombrado por el exgobernador Luis Fortuño y aprobado por el Senado el 19 de junio de 2012 como presidente de la Comisión por un término de seis años. Su salario es de $8,833 como presidente y también es comisionado, posición por la que devenga $65 mil anuales.

No obstante, relató que el 14 de enero pasado, Lozada Crespo llegó a su oficina con cuatro personas y le entregó una carta firmada por García Padilla que indicaba que se enmendó la ley de la CIPR el 30 de diciembre de 2013, para que la posición de presidente fuera de fácil remoción, y cambiaba la estructura de cinco comisionados a siete.

Fue entonces que la demandada le dijo verbalmente que había sido designada presidenta de la agencia administrativa a cargo de revisar las decisiones que emite la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y le pidió que le transfiriera expedientes, documentos, fondos y todo lo relacionado a la oficina.

Él se negó y le advirtió que la retaría en la corte, a lo que ella supuestamente le dijo que agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) llegarían para sacarlo a la fuerza, por lo que, ante ese escenario, él accedió y se fue voluntariamente.

La demanda alega que los demandados actuaron «maliciosamente e ignorando sus derechos constitucionales», y en una conducta «deliberada, discriminatoria e ilegal». Establece que fue humillado públicamente y ha sufrido angustias mentales, ansiedad, estrés y depresión.

Torres Rivera solicita permanecer como presidente y comisionado de la Corporación, alegando que tiene derecho propietario del puesto al ser una agencia con poderes cuasi judiciales. Además, solicita una orden de restricción temporera, además de la suma de $4 millones.

El juez federal Francisco A. Besosa fue asignado a atender este pleito.

El año pasado, tanto el Procurador para las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, como el Procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman, demandaron a nivel federal a García Padilla por entender que se les removió del puesto ilegalmente sin el debido proceso de ley y por discrimen político, ya que fueron nombrados por Fortuño.

A raíz de una reorganización de las procuradorías, ambos funcionarios fueron reemplazados, aun cuando tenían nombramientos de 10 años que no habían vencido. Ambos casos están en proceso, pero por lo pronto, jueces federales determinaron que se mantuvieran en sus puestos.

El licenciado Basilio Torres Rivera impugnó en el Tribunal Federal su destitución como presidente de la Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR), organismo que pasó a ser dirigido desde ayer, martes, por la abogada Grace Sylvette Lozada, recién nombrada por el gobernador Alejandro García Padilla para ocupar ese cargo.

Torres Rivera dijo a este medio que en junio de 2012 fue confirmado por el Senado de Puerto Rico para presidir la CIPR por un término de seis años y precisó que su representante legal, Fredeswin Pérez, sometió en el foro federal un recurso en el que reclaman la paralización del nombramiento de Lozada.

«Tengo un nombramiento a término fijo que se tiene que respetar», sostuvo Torres Rivera, quien destacó que la CIPR «es un foro cuasi judicial en el que no debe intervenir la política partidista». Explicó, además, que su abogado sometió una demanda por daños y argumentó que su cese en el puesto representa un discrimen por razones político partidistas.

El letrado argumentó que la orden para frenar la designación de Lozada, conocido en el foro federal como un «Temporary Restraining Order», es similar a la presentada por Agustín Montañez cuando el año pasado fue destituido por García Padilla como procurador del veterano. En ese caso, en octubre pasado, el juez federal Juan Pérez Giménez ordenó la reinstalación de Montañez en el puesto al que fue designado por un término de 10 años.

El martes, La Fortaleza indicó que el primer ejecutivo designó a Lozada amparado en disposiciones de la La Ley 180 del 30 de diciembre de 2003, según enmendada, que establece que el puesto de presidente de la CIPR es uno sujeto a la discreción del gobernador.

El licenciado Torres Rivera, mientras, reconoció que esa ley fue enmendada a fines de 2013, para agregarse una coletilla en la cual se dispone que el presidente de la CIPR puede ser removido por el gobernador con o sin causa. «No hay duda de que esto ha sido una destitución indebida…La designada señaló que asume por un cambio de ley, porque el gobernador necesita una persona de su confianza y por ser ella una popular bonafide», argumentó.

«El nombramiento no procede y esperamos que pronto se cite a una vista», añadió al destacar que abogados populares, estadistas y no afiliados que postulan en la CIPR reconocen su labor de excelencia en la presidencia.

En entrevista telefónica, Torres Rivera, además, comentó que ayer, martes, se vivieron momentos de tensión en la sede de la CIPR cuando expresó reparos en salir de su despacho con su personal de confianza, pero finalmente entregó las llaves de la oficina a Lozada, después que fue «amenazado», ya que de obstinarse en permanecer en la presidencia, se movilizarían alguaciles o agentes del Departamento de Justicia para escoltarlo fuera, según planteó.

«Para evitar una confrontación nos retiramos», manifestó Torres Rivera, quien presidió la CIPR por primera vez de 1993 y regresó al puesto directivo en 2012.

La Fortaleza, mientras, indicó que Torres Rivera permanece como comisionado del citado organismo, cuya función es revisar decisiones emitidas por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en casos de reclamaciones hechas por trabajadores lesionados que procuran tratamientos y compensaciones justas y razonables.

Mientras, por tratarse de un nombramiento hecho durante el receso legislativo, Lozada asume de inmediato el puesto directivo en la CIPR, pero el mismo está sujeto a la confirmación del Senado.

La licenciada Lozada es una abogada con 30 años de experiencia en la practica civil, quien, además, se desempeñó por más de 11 años como oficial examinador en la CIPR.

Lozada tiene un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, así como un juris doctor de la Universidad Interamericana, informó La Fortaleza.

José Aponte critica destitución de Basilio Torres de la Comisión Industrial