Ayer se vio la vista de interdicto en la que testificó tanto Torres Rivera como Grace Sylvette Lozada Crespo, quien fue nominada por el gobernador Alejandro García Padilla para ocupar el puesto de presidenta y comisionada en enero pasado.

Besosa determinó que Torres Rivera tenía una expectativa de empleo de seis años y un interés propietario de su posición. Determinó que la nominación de Lozada Crespo quede vacante y ordenó que Torres Rivera continúe en el puesto.

Una de las alegaciones de Torres Rivera era que fue despedido por discrimen político y habló de un hoy senador de mayoría al que él despidió cuando llegó a la CIPR en 1994, y quien supuestamente provocó que fuera destituido de la posición en el 2003 y ahora.

El juez destaca que «una búsqueda simple revela que el senador Cirilo Tirado Rivera propuso las leyes 62 y 94, que sacaron a Torres Rivera de su silla en 2003. Luego el senador Tirado se opuso a la nominación de Torres Rivera ante su nombramiento en el Senado el 18 de junio de 2012, y con el cambio de administración, presentó la ley 180 del 2013, que establece que la posición de presidente es de fácil remoción, ley que usó el gobernador para removerlo de su puesto en enero de 2014».

Torres Rivera testificó que fungió como presidente de la CIPR del 1994 al 2003, cuando fue nombrado por el entonces gobernador Pedro Rosselló, y luego separado de su posición por la exgobernadora Sila M. Calderón.

En un momento dado, se le preguntó si fue despedido por discrimen político.

«Todo el mundo conoce, por lo menos los políticos de este país, que fui candidato a representante por el PNP (Partido Nuevo Progresista) en las elecciones del 1980 y fui candidato a la alcaldía de Caguas en 1984. He sido persona reconocida como afiliado al PNP y eso es de público conocimiento. Pero sobre todo, hay un senador de mayoría hoy que cuando llegué por primera vez a la Comisión, yo le pedí la renuncia porque tenía un puesto de confianza como ayudante del expresidente y esta persona luego aspiró al Senado y salió electo, y fue quien en el 2002 y 2003 radicó el proyecto para expulsarme de la Comisión y lo lograron injustamente. Ahora tan pronto me confirmaron en junio de 2012, la persona que llevó la voz cantante en contra de mi nombramiento fue el que anteriormente radicó la legislación del 2003 para sacarme. Cuando me confirmaron, dijo: ‘A ese republicano lo sacamos una vez y lo volveremos a sacar de ganar las elecciones’, manifestó Torres Rivera, refiriéndose a Tirado, pero sin decir su nombre.

«Esto es claro como el agua. No hay razón legítima para removerme como presidente y comisionado con un término de seis años… No tenían otra forma de sacarme que no fuera por discrimen político», agregó.

Torres Rivera explicó que sus funciones como presidente y comisionado son cuasi judiciales, revisando las decisiones emitidas por el Fondo del Seguro del Estado relacionadas con tratamientos a trabajadores lesionados. Destacó que el presidente pasa 90% del tiempo en asuntos administrativos, tiene sala asignada y evalúa casos, además de sostener reuniones con el director ejecutivo para verificar los asuntos administrativos.

Torres Rivera manifestó que su nombramiento como presidente y comisionado fue aprobado por el Senado de Puerto Rico el 18 de junio de 2012 para ocupar el puesto por un término de seis años. Confesó que estaba retirado y le ofrecieron la posición tres veces antes de aceptar, esto porque apenas faltaban seis meses para las elecciones y no quería volver a pasar lo que atravesó cuando fue despedido por Calderón, pero «dije, ‘me voy a arriesgar, aunque sea por seis meses».

El juez le preguntó si entendía que su nombramiento sería por seis meses, y el testigo contestó: «No, lo que me dijeron fue que no me preocupara, que esta vez el nombramiento era de seis años como presidente y comisionado».

Sin embargo, el 14 de enero pasado, llegó temprano a su oficina Lozada Crespo acompañada de cuatro personas.

«Llegó y parada frente a mi escritorio me dijo que era la nueva presidenta, que el gobernador la nombró en receso y le dije que no tenía carta de destitución como presidente. Ella buscó en sus papeles y encontró copia de la carta que supuestamente envió el gobernador por correo electrónico, pero yo no lo había visto. Le dije que no iba a aceptar la copia, que necesitaba la original. Ella se sorprendió que no la hubiese recibido y dijo que iba a llamar a Fortaleza para que me la enviaran. En hora y media, la carta llegó», relató Torres Rivera a preguntas de su abogado Fredeswin Pérez Caballero.

Torres Rivera le advirtió que sometería un recurso para impugnar el nombramiento porque entendía que no era correcto lo que se había hecho, y Lozada Crespo le dijo que tenía todo el derecho a hacerlo.

«Aprecio a la licenciada Lozada, no es un asunto personal, es una gran abogada, pero me hizo saber que ella es popular bona fide y que el gobernador necesita en esa silla a una persona de confianza», agregó Torres Rivera.

Torres Rivera narró que Lozada Crespo le solicitó las llaves de la oficina, del vehículo y documentos porque eran «instrucciones de Fortaleza» y que uno de las personas que la acompañaba, identificada como Roberto Santiago, lo amenazó con llamar a agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) para exigirle que entregara lo que le habían solicitado.

«Eso de amenazarme con agentes me llevó a 10 años atrás, con lo que me pasó en el 2003 y para evitar mayores consecuencias en la oficina, yo le entregué las llaves a las 6:00 p.m.», añadió.

Cuando su abogado le preguntó cómo se había sentido ese día y cómo esta situación lo afectó, Torres Rivera respondió: «Imagínese…».

«Salió enseguida en la prensa con una foto de hace 10 o 12 años atrás… Salí en la prensa como un criminal, como un corrupto. Soy misionero católico y de la organización me llamaron porque eso afecta mi credibilidad. Es una consternación espiritual, interna y mental. Una vez sales en la prensa, la gente no piensa en lo bueno que has hecho en la Comisión Industrial ni la honestidad por 11 años, la eficiencia, productividad. La gente piensa, ‘ese es uno más corrupto que botaron'», expresó Torres Rivera.

Por su parte, Lozada Crespo declaró que el día de los hechos, en efecto llegó a la oficina de Torres Rivera quien reaccionó «molesto» cuando le dijo el propósito de su presencia allí. Que él no aceptó las copias de las cartas que tenía de la Fortaleza, en las que se informaba su destitución y el nombramiento de ella como presidente y comisionada, por lo que tuvo que llamar para que enviaran las cartas originales con mensajero.

«Gesticulando, hablando en voz alta, enojado», fueron las palabras que usó Lozada Crespo para describir el estado de ánimo de Torres Rivera. La abogada fungió como asesora legal de la Comisión desde el 1985 y luego fue oficial examinadora, hasta que fue contratada por una oficina de abogados para llevar casos ante la Comisión Industrial, lo que hizo hasta el 2013.

A preguntas de la abogada del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos Vargas, Lozada Crespo dijo que en un momento dado, se reunieron a solas en la oficina y que ella siempre habló «de forma pausada, educada y profesional, como he sido durante mi trayectoria siempre».

«Yo le dije: ‘Usted es el político, yo no. Tiene perfecto derecho a radicar el recurso que usted entienda, pero por favor, permíteme ocupar la oficina, evite que tenga que llamar al Departamento de Justicia para informar que no me deja tomar posición de mi puesto’. Él me dijo que yo era una dama, que se alegraba que fuese yo, pero que iba a impugnar en los tribunales el nombramiento y que al otro día no iría a la Comisión porque tenía que pensar las cosas», alegó Lozada Crespo.

Los tres días que fungió como presidenta antes de que Besosa concediera la orden de entredicho provisional en lo que atendía la demanda, dejando en el puesto a Torres Rivera, la abogada describió que fue «agotador» con llamadas continuas, reuniones, quejas de lesionados, llamadas de la Oficina de Nombramientos de la Fortaleza y «de políticos de todos los partidos dando recomendaciones de personas para empleo».

Desde que dejó de ocupar la presidencia, siguió en sus labores como oficial examinadora y luego se le indicó que podía firmar como comisionada.

Este es el tercer revés de la actual administración en el foro federal. El año pasado, tanto el Procurador para las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, como el Procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman, demandaron a nivel federal a García Padilla por entender que se les removió del puesto ilegalmente sin el debido proceso de ley y por discrimen político, ya que fueron nombrados por Luis Fortuño. A raíz de la reorganización de las procuradurías, ambos funcionarios fueron reemplazados, aun cuando tenían nombramientos de 10 años que no habían vencido. En ambos casos, jueces federales determinaron que se mantuviera en sus puestos.

Tras una orden del juez federal Francisco Besosa, el gobernador Alejandro García Padilla dejó este domingo en suspenso el nombramiento de Grace Sylvette Lozada Crespo como presidenta de la Comisión Industrial.

El primer ejecutivo había anunciado a principios de la semana pasada el nombramiento de la abogada como comisionada y presidenta de la entidad pública, pero el viernes el juez Besosa concedió una orden de entredicho provisional contra García Padilla y Lozada Crespo en la que exige retirar la nominación.

Ello, mientras atiende en sus méritos una demanda presentada por el expresidente de la Comisión Industrial Basilio Torres Rivera, quien ocupó el puesto desde el 2012, bajo el gobierno de Luis Fortuño, hasta mediados de este mes, cuando se produjo el nombramiento de Lozada Crespo.

García Padilla dejará sin efecto la nominación mientras se dilucida el caso en el Tribunal Federal, pero no retirará el nombramiento, advirtió Jesús Manuel Ortiz, director de la Oficina de Prensa de La Fortaleza.

“El (nombramiento) de presidenta se deja sobre la mesa mientras el juez resuelve”, dijo a este medio.

Sin embargo, Ortiz aclaró que Lozada Crespo continuará ocupando el cargo de comisionada, puesto que al igual que el de presidenta requiere la confirmación del Senado. Explicó que la funcionaria fue nombrada durante el receso legislativo, por lo que puede ejercer el puesto.

El Alto Cuerpo podría evaluar su nominación como comisionada primero, sin aguardar por que se produzca un fallo en el foro federal respecto a la presidencia de la Comisión Industrial.

La demanda se basa en que Torres Rivera asumió el cargo durante la vigencia de la Ley 45 de 1935, que disponía que el presidente de la comisión ocuparía el puesto por un término de seis años.

Pero García Padilla enmendó el referido estatuto a finales del año pasado mediante la Ley 180 del 2013, que estableció, entre otras cosas, que quien ocupe ese cargo puede ser removido y sustituido en cualquier momento por voluntad del gobernador.

Fue el representante Antonio “Tony” Soto quien alertó temprano el domingo sobre la orden del juez Besosa.

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) comparó el caso con los pleitos incoados previamente en el Tribunal Federal por el procurador del Veterano, Agustín Montañez-Allman, y el procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo.

“En los casos de los procuradores del Veterano y el de la Personas con Impedimentos, los jueces federales Juan Pérez Giménez y Daniel Domínguez ordenaron al gobernador a mantener en sus respectivas posiciones a término a dichos funcionarios por tener éstos una expectativa de permanencia, un derecho propietario sobre tales posiciones por el término de sus designaciones y desempeñar funciones cuasi-legislativas y cuasi-judiciales que limitan su poder de remoción”, destacó el representante en un comunicado.

“Sin embargo, el presidente del Partido Popular y su Legislatura se han empecinado en sacarlos de sus puestos solo por el hecho de ser nombrados por el gobernador Fortuño provocando, entre otras cosas, desangrar más las maltrechas finanzas del gobierno por mero revanchismo”, sostuvo.

El juez Besosa citó a las partes a una vista argumentativa sobre el interdicto preliminar el 31 de enero a las 9:00 a.m.

La Comisión Industrial es la entidad que administra la “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”.