(Redacción)- Desconocemos si, aparte de “amigos del alma”, el ex secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, también tenía “bufetes del alma”.

Según información recibida en Noti Uno 630 el bufete Landron & Vera, quienes tienen contratos con municipios populares, como Dorado y Cataño, demandó al Departamento de Justicia durante la pasada administración, específicamente a los ex secretarios Antonio Sagardía y Guillermo Somoza por no pagarle unos servicios que supuesta y alegadamente brindaron en el año electoral de 2008, bajo la administración gubernamental de Aníbal Acevedo Vilá.

Según las fuentes, Sagardía y Somoza se negaron a pagar porque no hubo, presuntamente, contratos entre la agencia y el bufete para dichos servicios.

Solo bastó con que Sánchez Betances llegara a la secretaría de justicia para que, bajo un manto de secretividad, Justicia pagara más de medio millón de dólares.

El caso fue atendido en corte por el juez Salvador Casellas, padre de Pablo Casellas, quien hace unos días fue encontrado culpable por el asesinato de su esposa Carmen Paredes.

Curiosamente uno de los demandados en este pleito era el Lcdo. Somoza, y fue bajo su incumbencia que se acusó de asesinato al hijo del juez, o sea, a Pablo Casellas.

Hay quien asegura que al estar involucrado en la demanda uno de los que tuvo injerencia en la acusación de su hijo, el juez Salvador Casellas debió inhibirse, al momento de la transacción.

La información recibida por el 630 apunta a que la administración de Sánchez Betances llegó a un acuerdo con el bufete sin consultar a los demandados, o sea, Sagardía ni Somoza.