Legislación histórica para Puerto Rico

{La reacción de AGP/PPD a la propuesta de Casa Blanca de Obama y al Congreso de Republicanos y Demócratas para resolver el URGENTE problema Colonial de Puerto Rico ha sido Desleal  Y de Traición a la Ciudadanía Americana. USA no puede permitir ni un instante más el que se le esté acusando con la Verdad de mantener una Colonia Sin el Consentimiento de los Gobernados, porque eso erosiona el prestigio y la base fundamental de los cimientos de la Constitución y forma de vida de los Estados Unidos de America. El costo moral, y económico real a USA es de Trillones. AGP/PPD/Chavistas lo Saben, y apuestan a burlarse de los USA y tratar de obligar al Congreso a imponernos la Separación de la Ciudadanía Americana que Atesoramos el 99%, de la Unión Permanente que favorecemos el 92% y la Estadidad preferida por el 70-80% de los Puertorriqueños.}
3 de febrero de 2014

Legislación histórica para Puerto Rico

HERNÁN PADILLA

A raíz de la aprobación del presupuesto federal que asigna fondos para celebrar un plebiscito con el aval del presidente y el Congreso cuyo lenguaje requiere que el secretario de Justicia valide que las fórmulas de estatus sean permanentes, no territoriales y no coloniales, le corresponde al gobernador Alejandro García Padilla actuar como persona de estado y como líder responsable.

Esta acción sin precedente en 116 años obliga a los defensores del actual “ELA territorial colonial” y a los proponentes del “ELA soberano” a definir su opción de estatus dentro el marco constitucional, legal y de política pública de Estados Unidos.

Hernan Padilla

Hernan Padilla

José Delgado, corresponsal de El Nuevo Día en Washington, informó que “No sólo los líderes de los comités de Asignaciones hicieron suyas las condiciones para desembolsar los $2.5 millones, sino que fueron solicitadas por el presidente Barack Obama dentro de un proyecto de presupuesto que fue defendido por el secretario de Justicia, Eric Holder, en audiencias públicas”. En otras palabras, el secretario de Justicia federal será quien determine si la campaña educativa, la papeleta electoral, las alternativas de estatus y los materiales relacionados a un próximo plebiscito en la Isla cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del Gobierno federal (House Report 113-71).

El comisionado residente Pedro Pierluisi acentuó que dicho mandato “debe ser realizado entre una o más opciones que ‘resuelvan’ el estatus de Puerto Rico” y que los fondos deben ser utilizados para un plebiscito. Es decir, un voto directo del pueblo, no una asamblea constituyente o cualquier otro proceso o mecanismo que pudiera evadir o manipular el proceso democrático y socavar la inviolabilidad del principio “una persona, un voto”.

Es un hecho que nuestro pueblo votó en contra del estatus presente y retiró cualquier consentimiento anterior que se le hubiere dado al mismo. Insistir en que esa votación contundente no es válida porque el estatus presente no figuró con la “etiqueta de ELA” menosprecia a nuestros electores, a nuestro pueblo y nuestra inteligencia.

La realidad irrefutable es que el pueblo rechazó mayoritariamente la imperante condición política. En resumen, los gobernados le revocaron su consentimiento. La papeleta electoral fue clara: en la primera pregunta el electorado contestaría Sí o No ¿Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual? Personalmente, García Padilla y el partido que preside hicieron campaña a favor del “Sí” y utilizaron fondos públicos para participar en la consulta y fueron derrotados.

Si bien desistieron de efectuar una Asamblea Constituyente de Estatus por no cumplir con los principios constitucionales, la nueva propuesta Asamblea de Estatus en efecto es una “Comisión de Estatus” disfrazada, que pretende ignorar que el pueblo ya favoreció una opción de estatus. Dicha “Comisión” constituye un desperdicio de tiempo y recursos cuyo único efecto es prolongar la condición de desigualdad y desventaja social, económica y política que sufren los puertorriqueños bajo el actual estatus territorial y colonial.

La intención de perpetuar el presente estatus a pesar del rechazo del electorado solo sirve el propósito de prolongar el inmovilismo del estatus actual que no ha ofrecido la solución durante seis décadas, que no sirve bien al desarrollo y progreso de la Isla y que les niega los derechos a la igualdad de los puertorriqueños dentro del esquema constitucional de nuestra nación, los Estados Unidos de América.

En este momento histórico, tras el voto contundente de los puertorriqueños, y conociendo las conclusiones de la Rama Ejecutiva federal y de los comités del Senado y Cámara federales respecto a la no-permanencia del ELA y la inviabilidad del llamado “ELA culminado, mejorado o soberano”, le corresponde al gobernador García Padilla actuar patrióticamente y desistir de continuar arriesgando nuestro futuro como ciudadanos de los Estados Unidos de América.

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