Tony Soto solicita se revelen gastos por “caprichos políticos”

Tony Soto solicita se revelen gastos por “caprichos políticos”

POR ELVOCERO.COM – 2:35 PM
Representante aplaude determinación judicial en favor de la Comisión Industrial
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EL VOCERO / Archivo
Luego de darse a conocer la determinación del juez federal Francisco Besosa, ordenando que Basilio Torres Rivera permanezca como presidente de la Comisión Industrial de Puerto Rico, el representante Antonio “Tony” Soto Torres solicitó que “se den a conocer los gastos legales en cada uno de estos casos que tienen como única motivación revanchismos políticos y nada aportan a resolver los graves problemas que enfrenta Puerto Rico”.

“Hoy reitero mi llamado al Gobernador y a la Rama Legislativa a desistir de sus odios y sed de venganza en contra de sus adversarios políticos y a que se pongan a trabajar por los verdaderos problemas que afectan nuestra gente. Sus caprichos, así como su terquedad, han representado el gasto de miles de dólares en fondos públicos en casos judiciales en los foros estatales y federales. Para abonar a su irresponsabilidad, ante sus derrotas judiciales, el gobierno sigue gastando miles de dólares apelando sus casos en el Circuito de Boston”, destacó el líder novoprogresista.

El representante de Guaynabo, Cataño y Bayamón exigió que “el pueblo debe saber a cuánto ascienden exactamente los gastos en las cortes estatales y federales y las apelaciones en curso, inclusive las que llevan en el Circuito de Boston. Por eso le exigimos públicamente al Gobernador que ordene que se divulguen todos los gastos legales que han incurrido, tanto las agencias del gobierno central y corporaciones públicas, en casos de discrimen político y casos similares al de la Comisión Industrial”.

El año pasado, tanto el Procurador para las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, como el Procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman, le reclamaron a nivel federal a García Padilla por entender que se les removió de sus puestos ilegalmente y ambos ganaron sus demandas. Además, el Procurador de la Salud, Carlos Mellado, hizo lo propio en los tribunales locales y también prevaleció. Los casos anteriores el gobierno los está apelando, lo que conlleva aumento en el gasto de fondos públicos.

Hace dos semanas el representante Soto dio a conocer la determinación judicial preliminar que ordenaba retirar de manera inmediata el nombramiento de Grace Sylvette Lozada-Crespo, como Comisionada y Presidente de la Comisión Industrial y mantener en dicha posición al licenciado Basilio Torres-Rivera, hasta tanto el Tribunal tomara la determinación en cuanto a la Solicitud de Interdicto Preliminar. Dicha decisión se tomó final este pasado viernes por el juez federal Besosa.

“La situación fiscal de Puerto Rico requiere que el gobernador García Padilla y los funcionarios de su administración sean extremadamente prudentes y frugales en el gasto público. Mientras se asoman vientos de degradación del crédito, este gobierno se mantiene sordo, mudo, y paralizado ante lo que sin duda será la peor crisis económica desde el establecimiento de nuestra Constitución en el 1952. La única acción que parece que toman muy bien estos funcionarios es gastar el dinero que no tienen, perseguir a los que ven de adversarios como este caso y castigar al sector privado, que son los que pueden acelerar el motor económico”, sentenció Soto Torres.

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Falta de transparencia erosiona credibilidad

POR COLUMNISTAS, EL VOCERO – 4:00 AM
«…la falta de transparencia y honestidad en el manejo y divulgación de los datos económicos es un agravante que mina la credibilidad del gobierno».
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EL VOCERO / Archivo
Jaime Benson, Catedrático de Economía, UPR

Como si no bastara la forma errática, improvisada y atropellada en que la Administración de Alejandro García Padilla ha manejado la grave crisis de deuda y económica que confrontamos; la falta de transparencia y honestidad en el manejo y divulgación de los datos económicos es un agravante que mina la credibilidad del gobierno y que termina contribuyendo a acelerar la degradación a chatarra de nuestra deuda pública. Por segunda ocasión en los pasados tres meses, el Banco Gubernamental de Fomento detiene y pospone la divulgación de los datos para diciembre de 2013 sobre el Índice de Actividad Económica (IEA) que recopila mensualmente. El que hasta septiembre se divulgaba religiosamente en su página cibernética cada mes.

La forma sigilosa y poco escrupulosa en que se divulgaron, los datos del IEA de septiembre y octubre con dos meses de retraso, sentaron un nefasto precedente en términos de estándares de transparencia y credibilidad gubernamental respecto al manejo de los datos económicos. Los datos del IEA correspondientes a septiembre y octubre se aguantaron por dos meses, bajo el pretexto parcialmente cierto de que el cierre del gobierno federal retrasó la recopilación de los datos de empleo y desempleo ( el retraso fue por dos semanas). Ya para la tercera semana de octubre el Bureau of Labor Statistics (BLS) divulgó los datos de empleo y desempleo de septiembre para los 50 estados y Puerto Rico. La razón verdadera para el retraso en la divulgación del IEA lo fue que tanto en septiembre como en octubre pasado registró caídas interanuales de sobre 5 %.

El lunes 9 de diciembre, el mismo día que el equipo económico del gobierno se reunía con las casas acreditadoras en Nueva York, el BGF le dio exclusividad a El Nuevo Día (END) en la divulgación del IEA para septiembre y octubre pasados, a cambio de que le diera un giro e interpretación favorable al Índice. Punto de inflexión en la economía, fue el titular de portada de END ese día, mientras en el interior el sub-titular fue Asoman señales de recuperación. En el reportaje se citaban a funcionarios del gobierno y a algunos economistas esgrimiendo que se podía estar cerca de un punto de inflexión y estabilización de la economía. Mientras en el mismo IEA se indicaba claramente que de los datos recopilados no se podía inferir que se había llegado o se estaba cerca de un punto de inflexión o estabilización económica. La maniobra mediática dejó un mal sabor entre las casas acreditadoras, analistas financieros, economistas y periodistas especializados en temas económicos.

En evidente muestra de que no se aprendió del error, en enero se vuelve a aguantar y retrasar la divulgación del IEA para diciembre de 2013 bajo la falsa premisa que mientras las casas acreditadoras no se enteren de las malas noticias se puede ganar tiempo y posponer la degradación a chatarra. Por el contario, la erosión de credibilidad gubernamental lo que hace es acelerar la degradación.

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