EL VOCERO / Agustín Santiago

Más aun, se aprobó sin tomar en cuenta el efecto real que esto tendría en la economía no solo de los maestros retirados, sino de todo el país.

Estos son parte de los hallazgos de dos estudios comisionados por la Asociación de Maestros y que ahora forman parte del expediente que evalúa el juez Ángel Pagán Ocasio, quien fue designado por el Tribunal Supremo como comisionado especial para recibir las alegaciones de las partes. Mientras tanto, la ley sigue paralizada por decisión del Supremo.

El pasado viernes, la Asociación de Maestros entregó como parte de su evidencia dos estudios realizados por economistas sobre la forma en que se aprobó la ley y los efectos que tendrían las alternativas que han presentado.

Esto porque uno de los asuntos que evalúa el Tribunal es si el Gobierno buscó las mejores alternativas para salvar el Sistema de Retiro. El Gobierno entiende que la Ley 160 es la mejor alternativa, los maestros naturalmente difieren.

El economista Jaime del Valle Caballero evaluó el resultado que tendrían otras medidas de recaudo que no implican un cambio en el Sistema de Retiro de los maestros. Entre estas, la más significativa es la imposición de un 1% adicional a las empresas foráneas y que sea permanente, contrario al impuesto actual vigente hasta 2017.

Según los estimados de Del Valle Caballero, las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes para salvar el Sistema de Retiro ¨aún cuando las mismas pueden aportar a reducir los requerimientos actuales de fondos¨.

“El SRM puede mejorar considerablemente su situación de liquidez y déficit actuarial mediante un aumento de 1% en el arbitrio de la Ley 154 y una ampliación del periodo de vigencia de esta ley” reza el estudio. “Con estas medidas se pueden lograr una cobertura de un 65% de las obligaciones actuariales del SRM”.

Según este estudio, el impuesto a las foráneas deja $146 millones.

“Aumentar el impuesto en 1% se puede estimar el nuevo recaudo por este concepto en $36.652 millones mensuales, equivalente a $439 millones anuales”, reza el estudio.

La Asociación de Maestros presentó además otro estudio de los economistas José Alameda Lozada y Alejandro González Martínez en el que presentan hallazgos de que la ley se aprobó sin los debidos análisis.

“No encontramos que en el proceso legislativo se haya analizado el impacto socioeconómico de la medida para alcanzar los objetivos”, reza este segundo estudio al afirmar que no existía garantía de las casas acreditadoras de que no degradarían el crédito.

Aseguraron que la forma en que se aprobó el proyecto abona a la degradación del crédito del país “y a generar reacciones aceleradas en los empleados, imprevistas por el legislador que empeoran la condición financiera ya precaria del Sistema”.

La presidenta de la Asociación, Aida Díaz, dijo por su parte en comunicado de prensa que estos informes no concluyen la lucha del magisterio. Hoy lunes retoman las reuniones de la mesa de diálogo que busca una solución a este conflicto.

El jueves los maestros realizarán una vigilia en los 78 municipios y frente al Tribunal Supremo a partir de las 6 p.m. “Para que la judicatura sepa que los respaldamos y estamos con ellos frente a toda amenaza”.

“Con esto no terminamos nuestra lucha. Por el contrario, es parte de las acciones estratégicas que continuamos realizando en defensa de nuestro retiro”, dijo. No fue posible conseguir ayer una reacción del Gobierno a estos planteamientos.