hace 8 horas – NewsLinks℠ to Puerto Rico, Caribbean and Latino Culture – NewsLinks℠ a … to U.S. markets on Bloomberg Television’s “Bloomberg Surveillance. … 5 (Bloomberg) — Yields on some Puerto Rico bonds fell to a two-month low …
La degradación crediticia a rango especulativo por parte de Standard & Poor’s y Moody’s debe ser la última alerta que reciba Puerto Rico para encausar su futuro económico y social
La degradación a rango especulativo de las Obligaciones Generales (GOs, por sus siglas en inglés) y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por parte de Standard & Poor’ s y de Moody’s ha resonado en y fuera de Puerto Rico como si se tratase de algo novel.
Políticos, líderes obreros, empresarios, religiosos, cooperativistas, inversionistas y analistas han tenido algo que decir al punto de que el evento parece emular lo que acontece cuando un deportista obtiene la victoria, cuando se gana o se pierde en año de elecciones o se produce la muerte de alguna celebridad.
La diferencia esencial entre esos eventos y el golpe crediticio de Standard & Poor’s (S&P) y de Moody’s Investor Services es que los primeros afectan directamente a pocos y son esporádicos. En cambio, el impacto de la degradación por parte de S&P y Moody’s, creálo o no, incidirá tarde o temprano en cada rincón de Puerto Rico. Y en especial, la etiqueta de “chatarra”, “especulativo” o “basura” acompañará a la menor de las Antillas Mayores por al menos de cuatro a seis años.
Negocios de El Nuevo Día conversó con economistas, empresarios, legisladores y académicos para presentar una serie de estrategias que debieran adoptarse para hacer frente y amortiguar el impacto de la degradación. Ninguna propuesta es absoluta o la panacea a la crisis actual, pero de acuerdo con los entrevistados, su rápida, pero concienzuda implementación, debiera contribuir a completar el ajuste fiscal y a la reactivación económica que tanto se necesita.
Si la palabra “chatarra” no mueve a la acción, las cifras debieran lograrlo. Partiendo de los datos de la Junta de Planificación, a precios constantes, el Producto Bruto se ha contraído entre 12% y 14% desde el inicio de la crisis. La inversión bruta aún con el alza registrada en los pasados dos años, ha caído en 20% desde el 2004. Entonces, debe notarse, todavía no había reventado la burbuja inmobiliaria. Y aún con la creación de 25,000 empleos y un ligero repunte en la fuerza trabajadora el año pasado, en Puerto Rico se han perdido unos 200,000 empleos desde el 2006.
Castillo de arena
Además, y por espacio de 14 años, Puerto Rico ha operado su aparato público sobre una zapata de arena.
El Gobierno ha operado con déficit presupuestario desde el año 2000, y la mitad de sus municipios están en negativo. Para empatar la pelea se depende de factores que Puerto Rico no controla.
Casi el 24% del presupuesto consolidado descansa en fondos federales y otra buena parte del presupuesto operacional es factible por el llamado arbitrio del 4%. Tal impuesto a las corporaciones foráneas con operaciones en la Isla casi se asemeja al dinero que Puerto Rico recibió a través del programa de estímulo fiscal del presidente Barack Obama. Tal y como El Nuevo Día reportó hace dos años, el arbitrio a las foráneas puede describirse como un rescate de parte del Departamento del Tesoro federal. Esto porque el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) ha decidido que no cuestionará a las foráneas cuando estas piden como crédito en la planilla federal lo que pagan al Departamento de Hacienda.
Al presente, unos 20 centavos de cada dólar que entra al Fondo General provienen del arbitrio a las foráneas y, desde su entrada en vigor en el 2011, el erario de Puerto Rico ha recibido unos $5,132 millones. Los llamados fondos ARRA rondaron unos $6,000 millones.
Si esas cifras no cambian prontamente, la estructura de prestación de servicios públicos colapsará. Habrá que decidir si se pagan las pensiones públicas o se asignan fondos a la Universidad de Puerto Rico, entre otras pujas. Y sobre todo, si Puerto Rico no da un giro radical a su gestión económica y social, la capacidad del Gobierno para pagar la histórica marca de $70,043 millones en deuda pública en las próximas tres décadas estará, una y otra vez, en tela de juicio.
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